Entrevista con Andrés Valencia Pinzón

Reforma a Ley de Tierras, sin camino despejado

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Cambiar la Ley 160 de 1994 sigue en los planes del Gobierno, pero, según el ministro de Agricultura, hay algunas dudas jurídicas. El funcionario se refiere a la polémica por las cuotas a la pesca de tiburón y sus aletas, entre otros temas.

El programa de agricultura por contrato ha sido una de sus grandes apuestas. ¿Qué resultados destaca?

Con ese programa, “Coseche y venda a la fija”, habíamos estimado que este año podríamos llegar a cerca de 13.000 productores, mientras arrancábamos, hacíamos los ajustes, definíamos los aliados comerciales, buscábamos la oferta y generábamos espacios comerciales. Ya vamos en 21.300, es decir, superamos la meta que nos trazamos. El año entrante tenemos que llegar a 100.000, y a 300.000 cuando termine el gobierno. Tenemos 250 aliados comerciales, hemos hecho más de 20 ruedas de negocios. Queremos aumentar el número de productores aumentando los aliados y usando el resto de batería institucional que tienen el Ministerio y otras entidades del Estado. Por ejemplo, Prosperidad Social tiene productores que estamos encarrilando en esta senda. No había un esquema de agricultura por contrato ni una estrategia para conectar al productor con el comprador, y agregando financiamiento, porque el contrato de compra y venta que se firma se vuelve una garantía para un crédito. Hoy la tasa de interés de agricultura por contrato para pequeños productos es DTF -2, la más baja en el mercado. Los negocios que marchan en agricultura por contrato ya superan los $350.000 millones. Es una estrategia con enfoque de equidad social porque antes el productor tenía que aguantarse dos o tres intermediarios. Eso lo evitamos con esta estrategia.

Si ha funcionado, ¿cómo darle continuidad?

Queremos hacer un Conpes de “Coseche y venda a la fija” para garantizar en el largo plazo los recursos que se necesitan para extensión, los que se necesitan para subsidiar la tasa de interés y los recursos para subsidiar las buenas prácticas agrícolas.

¿Y cómo van las cadenas priorizadas para el ordenamiento de la producción?

Lo que pasó en arroz es reflejo de una buena política de ordenamiento de la producción. Logramos consenso entre productores, industriales y Gobierno para limitar las áreas para sembrar. Veníamos de siembras que en 2016 llegaron a 650.000 hectáreas de arroz, con un plan que en su momento incentivaba solamente la siembra. Quisimos definir las zonas donde se debe sembrar, teniendo en cuenta los análisis de la UPRA (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria). Hemos incentivado además la prima de seguro agropecuario, que nos ha permitido que las áreas aseguradas en arroz pasaran de casi cero a 17.000 hectáreas, y hay que seguir asegurando más. Los precios del arroz se recuperaron después de una senda de decrecimiento. Hoy tenemos un sector arrocero tranquilo, que pudo superar la crisis del cierre de la Vía al Llano, porque aumentamos los recursos del incentivo al almacenamiento para que el arroz del Llano no generara alteraciones en los precios.

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¿Y qué productos son retadores?

En algodón queremos multiplicar por cinco las áreas. Colombia sembró 10.000 hectáreas el año pasado. Queremos llegar a 18.000 este año y a 50.000 en 2022. Eso permitirá sustituir las importaciones de fibra de algodón, que es un hecho sin precedentes. En cacao, queremos renovar los árboles para aumentar la productividad, por lo menos 10.000 hectáreas el año entrante. Venimos trabajando con maíz amarillo y blanco. Ahí hay un desafío en productividad. Creemos que Colombia está en capacidad de sustituir buena parte de las importaciones. Hoy está importando más de cinco millones de toneladas de maíz con destino a la producción de alimentos balanceados. En los tres años que nos quedan podemos llegar a reemplazar la cuarta parte que nos queda. Lo otro por temas logísticos será más complejo: la avicultura del Valle tendrá que seguir alimentándose con maíz importado, porque traer maíz desde Córdoba o los Llanos orientales es complejo. También tenemos plan de ordenamiento en caña, con los paneleros, sobre todo, para aumentar la productividad y reducir costos, porque el precio de la panela ha venido teniendo un declive. Otra retadora es la cadena láctea. Tenemos que cambiar el panorama ganadero en el sector lácteo aumentando productividades y cambiando prácticas de pastoreo, haciéndolos más eficientes y con mayor formalización para mejorar la capacidad de la industria de absorber la producción que tenemos: hoy tenemos capacidad para absorber y transformar formalmente poco más de 50 % de la leche que se produce. El resto tiene un canal menos formal. Queremos trabajar con ellos sobre todo de cara a que entre 2026 y 2027 tendremos el sector totalmente expuesto a la competencia internacional.

La Federación de Cafeteros ha llamado la atención sobre la necesidad de que la industria pague precios justos por el café. Desde el gobierno, ¿qué acciones o a qué instancias se puede acudir para tener más incidencia?

El precio del café está sometido a lo que pasa en la bolsa de Nueva York, y ahí hay componente muy importante de especulación que hace que estén en niveles históricamente bajos. El presidente Duque ha venido haciendo eco de ese llamado a un precio justo. En la Asamblea General de la ONU hizo un foro con delegados de otros países. Creo que la situación, si bien no es ideal, sí es más positiva que la que teníamos hace un año. El precio interno está acercándose a los $800.000 la carga, la bolsa ha tenido repunte importante por encima de los 100 centavos y la tasa de cambio viene ayudando. Eso seguramente llevará a que el valor de la cosecha este año sea superior al del año anterior. El trabajo que ha hecho la Federación para lograr precios justos ha venido generando un movimiento en el mercado y una generación de conciencia. Algunas empresas están dispuestas a pagar el precio al que aspira la Federación, del cual no estamos muy lejos, porque hoy en día, con el diferencial, estamos en 140 centavos de dólar por libra. Venimos acompañándola y estamos diseñando una estrategia 2030 para que Colombia produzca más cafés especiales, que siga renovando el parque cafetero para mantener los niveles de producción y productividad. La idea es mantener al menos los 14 millones de sacos al año.

Ha habido preocupación por la demora en la implementación de la reforma rural integral. ¿Cuál es su balance?

No hemos dejado de adjudicar tierras desde que llegamos, hemos entregado más de 10.000 títulos. Hemos hecho entregas masivas de títulos, como la reciente en Ovejas, a través de un mecanismo de barrido predial que les permitió a más de 1.000 beneficiarios recibir títulos de tierra. Hemos venido avanzando en asuntos vinculados a la comercialización de los productos, que es uno de los puntos (de la reforma), con agricultura por contrato. Se ha venido adelantando la ejecución de todos los PDET. Ya se contrató el crédito para catastro multipropósito y ya se están haciendo las modificaciones de orden legal para poder acelerar la titulación de tierras. También, hoy más o menos el 30 % de los títulos que se han venido entregando corresponden a mujeres y aprobamos una línea de crédito de compra de tierras para mujeres. Hemos venido avanzando en lo relacionado con adecuación de tierras, que es un tema complejo, de mucha envergadura. Colombia es un país que tiene 18 millones de hectáreas que pueden seguir irrigadas, pero solamente estamos irrigando un millón de ellas, y llegar a 1,8 millones, es decir, el 10 % del área, implica inversiones de por lo menos un billón de pesos durante 20 años.

Queremos dejar estructurados tres distritos de riego, que no están funcionando y que recibimos sin ningún tipo de inversión adicional: Ranchería, Tolima y Huila. Ranchería es un distrito riesgo de 20.000 hectáreas y deberíamos dejar contratada una APP para poder empezar a trabajar en proyectos productivos de gran escala y que permita a los productores tener mucha mayor productividad. También tenemos un programa que se llama El Campo Emprende, que ha financiado emprendimientos en las zonas más vulnerables de Colombia, que no tienen que ser necesariamente agropecuarios, sino también turísticos, gastronómicos, entre otros. Eso ha permitido irrigar $47.000 millones este año y unos $30.000 millones el año pasado, beneficiando más de 15.000 familias. Con esos impactos de emprendimiento vamos a llegar a todos los municipios PDET, y las otras carteras han venido avanzando con más electrificación rural por parte del Ministerio de Minas, por ejemplo. Y hemos hecho una revisión de nuestro sistema de crédito agropecuario. Eso nos ha permitido crecer en colocación de crédito, que creo que va en un 18 %, y la colocación del Banco Agrario va creciendo 20 % o un poco más. Aspiramos a que el 50 % del PIB agropecuario tenga financiamiento en el 2022.

De la meta de formalización de siete millones de hectáreas en el Acuerdo de Paz, ¿cuánto se ha cumplido?

Hemos formalizado unas 365.000 hectáreas. Recordemos que es un plan a 12 años. Hemos venido adelantando una porción importante de ese plan. Aspiramos a que podríamos llegar a legalizar más de un millón de hectáreas en estos dos años que nos quedan. Y en el fondo de tierras tenemos 747.000 hectáreas.

Pero de esas no se ha adjudicado nada.

De esas 747.000 hemos incorporado (este gobierno) 520.000. Se han formalizado tierras a más de 12.000 familias en 29 departamentos, unas 93.000 hectáreas. Lo que hay en el fondo de tierras de alguna manera está ocupado. No es un fondo de tierras baldías, sino que están ocupadas. Para poder empezar a formalizar tenemos que aclarar la propiedad en esas tierras. Y eso va a tomar un tiempo. Lo que hemos venido titulando y formalizando hace parte de esas hectáreas que se deben formalizar en el marco del Acuerdo.

Dejusticia había manifestado preocupación por la desfinanciación de las agencias encargadas de implementar mucho de la reforma rural. ¿Le preocupa que estén desfinanciadas?

No. Las agencias no están desfinanciadas. El presupuesto que se aprobó para el año entrante en el Ministerio de Agricultura fue prácticamente el mismo del año anterior. Recordemos que aquí nos dejaron tres cosas por fuera (del Ministerio de Agricultura): vivienda, que son más o menos $210.000 millones; la Agencia de Renovación del Territorio, que fueron $140.000 millones, y un recurso de $150.000 millones que iba por funcionamiento para apoyar el precio de los cafeteros. Esos tres recursos ya no están el año entrante. Si yo saco esos tres recursos este año y comparo con el presupuesto de 2020, el presupuesto es prácticamente el mismo. Si uno mira el costo de la implementación, eso cuesta un recurso muy importante. No solamente depende de las agencias del Ministerio de Agricultura, sino de otras agencias en lo que tiene que ver con vías terciarias, electrificación, vivienda y lo que se haga con la ejecución de los PDET. Vamos ejecutando de conformidad con los ritmos en un escenario a 12 años.

El proyecto de ley para reformar la Ley 160 de 1994 que radicó el Gobierno pasado se archivó. ¿Sigue en sus planes reformar esa ley?

Estamos haciendo una revisión jurídica de ese proyecto de ley. Superada esa revisión la idea es volver a presentarlo. Tenemos que aclarar una situación sobre un punto específico. Hasta que no tengamos claro ese panorama no podemos decir si lo podemos volver a presentar rápidamente.

¿Y cuál es ese punto?

Después le cuento.

La bancada verde presentó un proyecto de ley para formalización de tierras. ¿Tiene el apoyo del Gobierno?

Hay varios puntos de ese proyecto de ley que de alguna manera también se abordan en la reforma a la Ley 160. El proyecto de ley de los verdes no tiene la ambición de la reforma a la Ley 160. El proyecto que redactó el Gobierno anterior creemos que no necesita de mayores ajustes, podría permitir generar mayor certidumbre jurídica en la propiedad de la tierra en Colombia, certidumbre sobre todo para aquellos que migraron hacia otras zonas del país, promovidos incluso por los mismos gobiernos de la época, para que se asentaran en ciertos territorios y que hubiera una ocupación, por decirlo así, pacífica. Pero esa gente nunca aclaró esa tenencia, incluso antes de la Ley 160. Esa ley no contempló una transición desde la gente que venía antes de que se reformara la ley (en 1994) y después no hubo una transición para la tenencia de esas tierras. Hoy esa gente no sabe si son o no los propietarios, y por eso la reforma que se plantea busca resolver esa situación de expectativa legítima.

¿Cómo va la reglamentación de la Ley Zidres y en qué esta la primera que se aprobó?

No va muy avanzada. Tiene mucha complejidad, sobre todo en la implementación. Estamos trabajando en la elaboración de un decreto o una resolución para establecer un banco de proyectos. También es bueno aclarar que la zidres autorizada en este momento en Puerto López está sobre tierras ocupadas. Por tratarse de tierras que están ocupadas, con proyectos productivos, no habría mucho incentivo ahí para hacer inversiones adicionales. La vemos como una aprobación que al final no va a traducirse eventualmente en mayores inversiones. Toca aclarar y reglamentar el banco de proyectos para que el Ministerio defina cuáles son los que podrían ser susceptibles de llegar a esa zona. Pero una vez hagamos eso y (por) la forma como está establecida la ley, sobre todo la ocupación de esos territorios, cuya propiedad además se tiene que aclarar, pues va a ser muy complicado.

¿Tienen un plazo para esa reglamentación?

Ya está casi lista. Tenemos que establecer un banco de proyectos que estamos definiendo si lo hacemos aquí o en la Agencia de Desarrollo Rural.

¿Cuál es su plazo para recuperar el estatus sanitario libre de aftosa?

Tenemos una visita por parte la Organización Mundial de Sanidad Animal el 25 de noviembre. Van a mirar in situ todo el plan que hemos venido haciendo de inspección, de vigilancia, de control, de movilización, y sobre todo el control que se ha venido adelantando con la Policía Fiscal y Aduanera en frontera. Es una visita que también llevará a las plantas de sacrificio que estarían autorizadas para exportar a los mercados internacionales. Y después de culminada esa visita, esperamos que antes de que se acabe el año, en diciembre, tengamos nuevamente el estatus de país libre con vacunación. Vale la pena aclarar que hoy no hay aftosa en Colombia, no hay circulación viral. Iniciamos el último ciclo de vacunación del año el 5 de noviembre. Aspiramos a tener unas coberturas por encima del 95 %. Más o menos unos 26 millones de animales.

¿Cuál es su opinión sobre el proyecto de ley que busca prohibir la exportación de ganado en pie?

La exportación de ganado en pie se debe realizar en las mejores condiciones de bienestar animal posibles. No creo que se deba limitar, sino más bien tener unos mejores controles de bienestar para que los animales no sufran durante el trayecto. Varios países del mundo comercializan animales en pie, incluso la Organización Mundial de Sanidad Animal establece unas condiciones mínimas para el transporte, y mientras éstas se cumplan, no tendrían por qué prohibirse las exportaciones. Desde el punto vista del desarrollo del sector ganadero es importante. Claro que es preferible exportar carne que ganado en pie, pero a veces los mercados, sobre todo los países árabes, prefieren ellos mismos sacrificar sus animales de acuerdo con las premisas religiosas.

¿Seguimos en emergencia por el fusarium (hongo que afecta al plátano y banano)? ¿Cuándo esperan que se resuelva la situación?

Seguimos en emergencia, pero no tenemos nuevos focos de fusarium, tenemos eso contenido en las fincas (afectadas) en La Guajira. Todas las plantas afectadas fueron eliminadas y erradicadas. Hemos establecido puestos de control en La Guajira, Magdalena, Antioquia, Córdoba, que nos han permitido desinfectar más de 15.000 camiones y unos 5.000 contenedores con banano. Ha habido un incremento en las medidas de bioseguridad en plantación y vamos a sacar una línea de crédito especial para financiar las inversiones que se requieren por parte de los bananeros para implementar las medidas de bioseguridad, que van a ser obligatorias.

¿Se cerró algún mercado?

Ninguno. De hecho, abrimos China y, durante la crisis de fusarium, que fue a comienzos de junio y julio, vino el experto chino, y Colombia logró la autorización, ya no de Urabá, sino de Magdalena también como zona de exportación.

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¿Por qué una cuota para pesca de aletas de tiburón?

No soy el primer ministro de Agricultura que expide una resolución autorizando una cuota para la pesca de tiburón, pero, a diferencia de anteriores resoluciones y anteriores gobiernos, aclaramos: primero, que el tiburón solamente lo pueden pescar los pescadores artesanales. Colombia tiene más de 65.000 pescadores artesanales en las zonas costeras. Definimos unas especies, o sea, no todas las especies están sometidas a la cuota. Es decir que no se pueden pescar todas las especies. Y tercero, incorporamos las aletas, entendemos que se haya armado polémica, pero lo hicimos porque estaban llegando los tiburones sin las aletas para cumplir la cuota. Alguien tenía que entregar 10 toneladas, por ejemplo, y entregaba 10 toneladas de tiburones sin aletas. Estamos diciendo: las aletas son parte el cuerpo, tienen que venir adheridas al cuerpo cuando el tiburón se entregue como parte de la cuota, y la aleta tiene un peso específico dentro de la cuota total. Es decir: si yo autorizo determinada cantidad de toneladas de aletas, esas aletas deben provenir de los tiburones autorizados en la cuota. No se puede llenar la cuota solo con aletas o solo con tiburones sin aletas.

¿Por qué aparecen especies que están en riesgo, como el tiburón zorro?

Es una especie que está en peligro. Entonces simplemente se aclara que, por tratarse de una especie que está en peligro, se tiene que limitar su pesca incidental: la resolución habla de una pesca incidental, por accidente. Digamos: el pescador fue a pescar pargo rojo, tiró la atarraya y encontró un tiburón. Entonces, lo lleva al puerto o al lugar de inspección, y eso hace parte de la cuota y empieza a descontar. Pero no se está autorizando la exportación de aletas ni que haya pesca dirigida de tiburón. Se busca que el recurso no se sobreexplote accidentalmente por cuenta de los pescadores artesanales.

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Es decir, ¿no se hace porque algún mercado esté demandando las aletas?

No, porque las especies sometidas a la cuota hacen parte del anexo Cites, que implica que está prohibida su comercialización porque están en riesgo. Se mencionan esas especies porque habitan en los mismos ecosistemas marinos donde se hace la pesca o la faena de los pescadores artesanales de las otras especies autorizadas.

¿Cómo se tomó esa decisión?

Es una resolución que se toma después de que se reúne un comité científico, del cual hacen parte el Ministerio de Agricultura; el de Ambiente, con una dirección específica de recursos marinos; el Invemar, la Secretaría de Agricultura de San Andrés y Providencia, entre otras autoridades. No es una resolución que nos inventamos. Hay resoluciones desde 2015, 2014 y hacia atrás.

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