Los retos a los que se enfrenta la restitución de tierras se han hecho evidentes en las últimas semanas. La oposición o las críticas al proceso de parte de dirigentes gremiales, principalmente José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, e incluso del procurador general, Alejandro Ordóñez, no han pasado de agache. Al tiempo, estudios han señalado que la restitución avanza a paso lento, algo que, con cifras en mano, desvirtuó el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal.
La Unidad tiene hasta 2021 para completar su tarea en el proceso de devolver las tierras, pero para muchos la complejidad de la restitución no acaba ahí. ¿Qué pasa una vez las personas retornan? ¿Qué pasará cuando en la ecuación entren los excombatientes en un escenario de posconflicto y, de hecho, éstos puedan compartir espacios con quienes fueron víctimas?
La Corte Constitucional, quizá con interrogantes similares en mente, ordenó en 2010 al Gobierno diseñar un instrumento para medir las necesidades de integración de las comunidades que han vuelto a sus tierras y para planear y articular el trabajo de las autoridades que intervienen en el proceso.
La Universidad Nacional y el Departamento Nacional de Planeación subscribieron un convenio para que la primera ayudara a formular esa metodología, que después de ser discutida, y quizá modificada, será esencial en el trabajo de entidades como el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), que trabaja en la superación de la pobreza, y la Unidad de Víctimas (Uariv), a la que acaba de llegar como director el exgobernador del Meta Alan Jara.
Para la tarea de la Nacional fue fundamental trabajar con víctimas de desplazamiento que decidieron volver a su tierra, en este caso, la comunidad de Las Palmas, en San Jacinto (Bolívar). En el estudio recién publicado, Retos de la integración en comunidades retornadas, la academia explica en qué consiste la herramienta y entregó sus consideraciones respecto a la política pública.
El instrumento que propone la universidad consiste en diferentes metodologías —como encuestas, entrevistas, experimentos— que ayudarán a diagnosticar el estado de las comunidades en diferentes aspectos. Por ejemplo, el nivel de confianza que tienen al haber retornado a su tierra; el acceso que tienen a educación, salud o trabajo; su sentido de pertenencia o arraigo; las condiciones de seguridad, entre otros.
El estudio hace una crítica que ha sido recurrente a la hora de escoger dónde llevar a cabo los procesos de restitución, y es considerar el factor de seguridad física como el principal: si hay seguridad, se empieza el proceso. Jhenifer Mojica, de la Comisión Colombiana de Juristas, dijo a este diario en marzo pasado que “las comunidades, los municipios, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones tenemos lecturas de lo que es y no es seguridad. Pero el Gobierno sólo toma en cuenta el factor de defensa nacional”. Según ella, criterios como la capacidad productiva de una víctima restituida deberían tomarse en cuenta.
Francesco Bogliacino, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y coautor del estudio, señala que una de las observaciones a la política pública es que no piense que la restitución será exitosa si antes no se provee a las comunidades con servicios como educación, vivienda o un proyecto productivo. “Es cierto que los desplazados son los más pobres de los pobres, pero si viven en Bogotá pueden tener acceso a alguno de esos servicios”. Eso, en definitiva, afectaría la decisión de volver.
Por otro lado, recomiendan no caer en una sobreintervención de los territorios. “Hay comunidades donde les hacen cientos de encuestas y talleres. Si contestan eso todos los días, después de cada encuesta estarán esperando que llegue alguna respuesta del Estado, y está el riesgo de que las mediciones no sean precisas porque la gente se cansa de contestar encuestas y estudios”, asegura Bogliacino.
Por último, recomiendan reconsiderar los diferentes tipos de intervenciones. “Debería haber ciertos derechos sociales que sean garantizados de forma universal y ya, y así se evitaría el debate de que los subsidios quitan las ganas de trabajar”, dice el investigador. Por demás, señala el riesgo que existe de que por diferentes tipos de ayudas institucionales se genere conflicto en las comunidades.
La idea precisamente es que aplicando la metodología se obtengan diagnósticos en las comunidades para que entidades como el DPS o la Uariv sepan dónde hay debilidades para intervenir. Lo cierto es que la complejidad de lo que viene después del retorno al campo va desde la seguridad jurídica hasta el nivel de confianza que puede existir entre los vecinos.