Las sanciones de las que se salvó Electricaribe

Patricia Duque, superintendente de Servicios Públicos, dice que hay 24 investigaciones contra esa empresa. La ley habla de multas hasta por 100 mil salarios mínimos por incumplimientos, pero aún no se pueden aplicar.

Patricia Duque, superintendente de Servicios Públicos, dice que ya han sancionado a Electricaribe. / Andrés Torres

El hasta ahora bajo perfil de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se acabó en las últimas dos semanas, luego de que le exigieran públicamente sanciones contra el mal servicio que presta Electricaribe y, además, por una sanción por $900 millones que impuso contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). La jefe de la entidad, Patricia Duque, ante las criticas por la supuesta flexibilidad con Electricaribe, dice que adelantan más de 24 investigaciones y que la recién anunciada multa a la EAAB no pretende mejorar la imagen de la dependencia, como dicen.

¿Por qué sancionaron a la EAAB?

Hay tres cargos: el uso de vehículos no autorizados para la recolección de residuos cuando la regulación exige camiones compactadores. No contar con mecanismos de acceso para atender quejas y reclamos y no haber ejercido como entidad tarifaria local, es decir, que no se cumplió con la obligación de las juntas directivas de los prestadores de determinar y autorizar la tarifa que se va a cobrar al usuario, sino que la función la desempeñó la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Por la primera tiene una multa de $500 millones y las otros dos, cada una, por $200 millones.

¿Esta es una decisión definitiva?

Es primera instancia. Por una razón que no conozco se filtró la información y se volvió noticia, pero en este momento la EAAB ni siquiera ha sido notificada. Después de que lo hagamos, tendrán diez días hábiles para interponer un recurso y dependiendo de éste se confirma la sanción.

Rumores dicen que la sanción pretende mejorar la imagen de la entidad justo cuando es criticada por su papel en el caso de Electricaribe.

No tiene nada que ver. Tenemos dos superintendencias delegadas, una para acueducto, alcantarillado y aseo, y otra para energía y gas, y son independientes. La investigación se inició en 2013. No estamos haciendo alarde. El objetivo no es poner multas, es que los prestadores cesen unas conductas que van en contravía del usuario.

¿En qué quedaron los compromisos con los usuarios de Electricaribe?

Ayudarlos a pagar los servicios, que lo hará el Ministerio a través de subsidios, 60% de ellos para estratos bajos. Aumentar los recursos para inversión, definir proyectos de mayor impacto y atraer nuevas empresas a la zona.

 

¿Será sancionada Electricaribe?

La sanciones más altas (100 mil salarios mínimos) no pueden empezar a aplicarse de inmediato como lo dice el representante a la Cámara David Barguil, que nos puso un marcador en Barranquilla para calcular cuánto tardamos en multarla. Eso no se puede hacer hasta que el artículo del Plan Nacional de Desarrollo sea reglamentado y eso sólo lo puede hacer el Ministerio de Minas.

¿Qué dice la empresa?

Reconocieron que tienen fallas y pidieron una segunda oportunidad. Aceptaron que tienen que hacer un esfuerzo en inversiones, mejorar los puntos de atención y aumentar las unidades móviles para hacer más presencia. Ello los obliga a hacer un esfuerzo de caja. Gobierno anunció $4 billones en inversiones; Electricaribe, $183 mil millones.

¿Ya los han sancionado?

Tenemos 24 investigaciones contra la empresa y sanciones por más de $10 mil millones.

La gente no paga y la empresa no invierte. Es un círculo vicioso...

Si la gente no paga el problema será peor. El barrio 7 de abril, en Barranquilla, un lugar con caminos de arena, montañosos, con Bacrim, cuenta con el servicio de energía. De 7 mil habitantes, el 99,5% está conectado fraudulentamente. Eso desborda la capacidad de la Superintendencia, del Estado y de la empresa.

¿Cuáles son las estrategias para legalizar a estas personas?

Los Programas de Normalización de Redes Eléctricas. El problema es que si se instala una red con medidores, la gente los daña para no pagar. Los alcaldes deben ayudar a promover la cultura del pago, pero si ellos son los mayores deudores, qué se le puede pedir a los usuarios. Hay $85 mil millones sin ejecutar porque la comunidad se opone a la normalización.