Se cruzó la línea roja en Chipre

La isla vive el momento más tormentoso de su historia. Cuentas en rojo, Rusia no ayuda y las autoridades europeas la tienen contra las cuerdas por su mal manejo financiero. Hoy es el último plazo para acordar el rescate.

“Si ellos no nos dejan soñar, nosotros no les dejaremos dormir”, decían los manifestantes en Chipre.  / EFE
“Si ellos no nos dejan soñar, nosotros no les dejaremos dormir”, decían los manifestantes en Chipre. / EFE

¿Qué sucedería si en su país, en medio de una profunda crisis económica, el Gobierno tomara la decisión de imponerle un impuesto a los ahorros que tiene en su banco? Algo así como un 6,75% para los depósitos superiores a los $40 millones. ¿Le gustaría pagar $2’700.000 por cuenta de una exigencia internacional y ver cómo su dinero se disminuye y, más aún, se desvaloriza? ¿Saldría corriendo de inmediato al banco para retirarlo antes de que le hagan efectivo el gravamen?

Chipre, el quinto país de la Unión Europea, detrás de Grecia, Irlanda, Portugal y España, en pedir un rescate económico desde que empezó la cadena de infortunios en el Viejo Continente, con 1,1 millones de habitantes, un sistema bancario “desproporcionado” —seis veces más grande que su Producto Interno Bruto— y una quinta parte de sus ahorros en manos de millonarios rusos —algo así como 70.544 millones de euros—, protagoniza esta historia que apenas unos días atrás atrajo los ojos financieros del mundo entero.

Ya decían desde finales del año pasado los instruidos en economía internacional que Europa seguiría en máxima alerta por su situación económica. Tenían razón: fuertes inversiones, hechas básicamente por sus bancos en terreno griego, pasaron la cuenta de cobro. Si los bancos estaban quebrados y el país dependía de ellos, pues el país estaba quebrado. Sencilla ecuación. Con un agravante para sumar, decían las agencias internacionales: este podría ser el resultado de un Chipre que no ha sido lo suficientemente regulatorio ante el supuesto lavado de dinero de esos millonarios rusos.

Muchos análisis han viajado desde las aguas del Mediterráneo, pero quizás uno de los más sencillos y concretos lo dio a manera de conclusión The Financial Times en su edición del fin de semana: “Alemania considera que los dos bancos más grandes de Chipre, Laiki y el Banco de Chipre, ya son, en efecto, insolventes”. La cuestión es que “sólo pueden recapitalizarse con una ‘contribución’ de sus depositantes no asegurados más grandes, muchos de los cuales son extranjeros, en especial rusos”.

Nicos Anastasiadis, presidente de Chipre, no alcanzó a saborear las mieles del éxito político. La amargura le llegó recién elegido en su cargo —tan sólo tres semanas— y sintió cómo el peso de la crisis se le vino encima cuando aceptó de la Unión Europea una ayuda económica, o más bien un rescate, de 10.000 millones de euros, con condiciones bien complicadas: impuestos atados a los depósitos bancarios de todas las instituciones financieras. Y eso, como era de esperarse, no sólo provocó el rechazo del pueblo que lo eligió, sino del Parlamento chipriota.

Vinieron las protestas. Se habló mal de los líderes europeos. El calvario se hizo más duro. De entrada se impondría un impuesto de 6,75% a todos los depósitos menores de 100.000 euros, mientras que si estaban por encima de este límite deberían pagar un 9,9%. Sin aprobarse, el país tuvo que ordenar el cierre de los bancos para que los ahorradores temerosos no fueran a sacar su dinero y complicaran aún más la situación.

El Parlamento dijo que no y criticó a Anastasiadis por haber aceptado. El Gobierno, ante la negativa, tomó decisiones y envió al ministro de Finanzas, Michael Sarris, a pedirles ayuda a los rusos. Pero ellos andaban molestos, porque si ordenaban impuestos a sus ahorros en Chipre, las pérdidas potenciales estarían entre los 2.000 y 3.000 millones de euros. Rusia tampoco fue la salida. No ayudó. Mientras tanto, la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) seguían presionando, dando el día de hoy como plazo para que se decidieran por el rescate y sus condiciones no interrumpirían los préstamos a bajo costo que escasamente mantienen a flote a los bancos.

Christine Lagarde, directora gerenta del Fondo Monetario Internacional, en un foro a mitad de semana, fue contundente y dijo públicamente que “las autoridades de Chipre tienen que cumplir los compromisos adquiridos”. Apuntó que el FMI apoya la intención de Chipre de aplicar un impuesto progresivo a los depósitos. Y aunque hubo cambios en las exigencias, lo que sí quedó claro, de acuerdo con Sarris, es que habrá impuestos sobre los depósitos mayores a los 100.000 euros, dejando libres del cobro a los pequeños ahorradores.

La preocupación se extendió en la región, pues esta es la primera vez, entre los cinco rescates que van en Europa, contando este, que se exige una contribución a los que ponen su dinero en las cuentas. Básicamente, el miedo se concentra en que se repita en otros países que necesiten ayuda en el futuro.

Las agitadas aguas se calmaron cuando el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, aclaró que su gobierno, al igual que el FMI, siempre estuvieron a favor de una medida que protegiera a los pequeños ahorradores, y cuestionó al gobierno chipriota por tratar de establecer un impuesto que castigara a ricos y pobres por igual. Fueron “ellos quienes dieron esa solución y ahora deben dar explicaciones al pueblo chipriota”, sentenció en un mensaje televisivo.

Fernando Fernández, profesor del IE Business School, en España, explica que el caso de Chipre es excepcional porque “es la primera vez en la historia que un parlamento rechaza un plan financiero. Lo que sucede es que hay un programa de rescate de 16.000 millones de euros; la Unión Europea ponía 10.000 millones y los chipriotas otros 6.000. El Gobierno los iba a reunir gravando los depósitos. Algo que ese gobierno jamás había hecho; al contrario, protegía los capitales porque muchos eran extranjeros”.

¿Cómo resolverlo?, se preguntó Fernández: “Que Chipre sea capaz de conseguir, de otra forma, sin alterar los depósitos del pequeño ahorrador, esos 6.000 millones de euros, pero de una forma que no genere deuda. El gobierno de Chipre y la Unión están condenados a entenderse para no poner en riesgo el euro y, por supuesto, la unidad monetaria de Europa”.

 

 

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