Se la estamos metiendo toda para acelerar las obras: ANI

Este año el país contará con 250 kilómetros de dobles calzadas y al final del Gobierno estarán en funcionamiento 1.600.

Contrario a lo que piensa la Cámara Colombiana de la Infraestructura, que refleja la opinión de un gran número de empresarios del sector de la ingeniería, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, cree que la locomotora sí arrancó, pero que hay que acelerarla para lograr resultados más rápidos y en medio del viaje resolver todos los problemas que tienen las 25 concesiones viales en operación.

El más delicado es el de la doble calzada Bogotá-Girardot, que si bien ya tiene lista una solución a la vista, una conciliación parcial entre las partes, deberá superar dos pasos críticos de control: la Procuraduría y un tribunal de arbitramento. De sortearlos con éxito, se pondría fin al ‘trancón’ que frena el dinamismo de la economía e impide acelerar las obras para terminar el proyecto que se vio impactado por la insolvencia del grupo Nule.

El acuerdo establece que el concesionario se compromete a pagar al Estado $40 mil millones por la demora en la entrega de las obras, a cambio de más tiempo para concluir el proyecto.

Hoy la ANI sigue aplicando multas y reteniendo, desde diciembre, el 95% del recaudo de los peajes que mensualmente suman $9.000 millones.

“Pero hay algunos aspectos que no fueron incluidos en este acuerdo parcial, razón por la cual deberá ser un tribunal el que dirima esta situación adicional”, explicó Andrade.

La BTS

El otro problema crítico que heredó este Gobierno es la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso (BTS), especialmente por la construcción de la variante a Tocancipá, una obra que el concesionario, del que es parte el grupo Solarte, inició sin que le fuera autorizada por la ANI.

“Allí se hicieron las obras sin un contrato, no se modificó la concesión para legalizarlas. A raíz de eso suspendimos todo tipo de pagos, ya que no podemos hacer pagos por algo que no contratamos; obviamente el contratista suspendió la obra y tenemos que buscar la forma para salir de este impasse”, recalcó el funcionario.

Una de las alternativas que analiza la ANI es retomar la concesión, por lo cual tendría que pagar una cifra muy alta, pero esto sólo lo podrá definir un tribunal de arbitramento que aún no se ha convocado.

“Lo que entiendo que pasó es que hubo un consejo comunal en el cual se habló de la variante de Tocancipá y a raíz de esto se firmaron actas, lo cual fue tomado por el concesionario como una autorización, cuando realmente no es así, porque no le pidieron al Ministerio de Hacienda o a Planeación Nacional las aprobaciones para ejecutar los trabajos”, indicó.

Lo que comenta Andrade es que van a mirar ese contrato de forma integral y tratar de resolver todos los problemas que tiene la concesión, ya que el de la variante de Tocancipá no es el único. Hay también dificultades en el puente de Boyacá, pues el contrato establecía inicialmente construir una doble calzada paralela a la existente en esta zona, pero la comunidad creyó que el histórico puente se podría ver afectado, así que pidió hacer una variante que no está en el contrato y que costaría $170 mil millones adicionales.

A esta situación se suma el inconformismo de la población de Gachancipá, que no está de acuerdo con el contrato que contempla una doble calzada que atraviesa la población, por lo cual solicita la construcción de una variante. Pero según Andrade, no se puede hacer algo distinto a lo que establece el contrato.

“Nosotros podemos retomar cualquier contrato, el Gobierno tiene la potestad de reasumir una o todas las vías de ser necesario, lo que pasa es que hay que pagar, ya que uno no le puede quitar algo a alguien sin pagar por ello”, aseveró Andrade.

En el resto de concesiones hay problemas como la falta de una licencia ambiental, la compra de predios y otros líos que la Agencia Nacional de Infraestructura está trabajando para solucionar.

Andrade cree que pese a todos los escollos, la locomotora está moviéndose y espera que para terminar este año se adicionen 250 kilómetros de dobles calzadas en varios puntos del país.

Sostiene que cuando llegaron al Gobierno encontraron 800 kilómetros de doble calzada, y que para el final de la administración habrá el doble.

“Pero nuestro papel no es sólo buscar solución a los problemas, sino exigirles a los contratistas. Ya no se tolerarán más atrasos. Los atrasos cuestan, por ello estamos trabajando de la mano con los ministerios del Medio Ambiente y del Interior, para hacer consultas previas y de paso las licencias ambientales, que es lo que ha retrasado en parte la ejecución de los proyectos”, aseguró.

Acelerador a fondo

Para que la locomotora corra más rápido, en septiembre se hará el lanzamiento de la IV Generación de Concesiones, proyecto que costará $40 billones y que contendrá entre 25 y 30 tramos de proyectos viales.

Ese es un programa que se construirá en cinco años, es decir, que la mayoría de las vías van a estar listas entre 2018 y 2019. Durante este período los constructores irán entregando obras parciales, para mejorar la movilidad en los corredores viales del país.

En este paquete están las Autopistas de La Prosperidad, valoradas en $13 billones.

“Mientras que en los últimos 20 años se invirtieron $25 billones, que incluyeron las 25 concesiones y sus adiciones, nosotros vamos a licitar $40 billones en dos años”, señaló Andrade.

En este momento hay 25 concesiones viales, 54 concesiones portuarias, dos férreas y en 18 meses la ANI asumirá las ocho concesiones aeroportuarias en manos de la Aerocivil.

Que no nos deje el tren

En el tema ferroviario la Agencia Nacional de Infraestructura abrirá una licitación en agosto para mejorar el corredor Bogotá-Belencito y otra para rehabilitar el corredor La Dorada-Chiriguaná. El objetivo del Gobierno es recuperar la línea férrea para darles paso a los megaproyectos que vienen de la mano del sector privado.

Estas iniciativas corresponden al Ferrocarril del Pacífico; Ferrocarril del Carare y Chiriguaná-Dibulla en La Guajira. En estos proyectos la inversión sería cercana a los $12 billones.

La propuesta del Pacífico, en la que invertirían $10 billones, está liderada por un grupo de empresarios nacionales respaldados por una compañía de trenes chinos. Este corredor incluiría un ramal que llegaría hasta el municipio de Granada en el Meta, adonde llegarían los camiones para trasbordar la carga a los trenes. Este es, precisamente, el tren que hay que acelerar para mejorar la conectividad multimodal.

 

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