Sector constructor fija meta de generar 300.000 nuevos empleos para el 2022

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La Cámara Colombiana de la Construcción reveló su plan de 10 puntos para reactivar el sector. Esperan lograr Inversiones anuales equivalentes al 12 % del PIB y construir 500.000 viviendas.

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) reveló su plan 2020-2022 que contempla 10 puntos para reactivar el sector. En este documento se fijan tres grandes metas: generar 300.000 nuevos empleos directos y 420.000 en la cadena de valor; lograr inversiones anuales equivalentes al 12 % del PIB; y construir 500.000 viviendas y 12 millones de metros cuadrados en proyectos no residenciales.

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Los primeros puntos del plan están enfocados en fortalecer el acceso a la vivienda social (impulsar la demanda). Por esto se pide garantizar la suficiencia de subsidios, señalando el alto potencial dinamizador de los 55.000 subsidios anuales de Mi Casa Ya y otros programas. También se recomienda crear un instrumento para incentivar la compra de vivienda del segmento medio, y fortalecer el acceso al crédito hipotecario o leasing habitacional.

Lo otros puntos buscan impulsar la oferta. Para lo cual se requiere que las autoridades territoriales incorporen ágilmente suelo urbanizable. Además, se debe establecer un modelo de gerencia de proyecto, pues actualmente hay 30 proyectos de gran escala urbanística que pueden desarrollar 600.000 viviendas.

Para el gremio también es importante promover la inversión en infraestructura urbana y equipamientos. Y es necesario fortalecer la construcción de edificaciones institucionales: colegios, hospitales, etc.

Uno de los puntos más interesantes del plan es el que propone impulsar proyectos de vivienda exclusivos para renta, una idea de alto potencial pues en Colombia el 44 % de la población vive en arriendo. Sin embargo, requiere hacer ajustes del marco legal y regulatorio, se deben generar incentivos para promover la inversión en estos proyectos y crear un plan de negocios adaptado a este segmento.

Los últimos puntos están relacionados a crear condiciones institucionales y regulatorias óptimas para el desarrollo del mercado: garantizar la operación de las oficinas de registro de instrumentos públicos, y establecer una estrategia de simplificación de trámites.

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