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Aplazar el litigio que EPM inició contra los contratistas de Hidroituango es, para algunos expertos, una de las alternativas que se deberían evaluar para reducir al mínimo los posibles daños colaterales e impactos adversos sobre el proyecto hidroeléctrico. Así lo sostienen en un comunicado conjunto Darío Valencia, exgerente de EPM; Alfonso Sánchez, exgerente técnico de EPM y exómbudsman del Banco Mundial; Jaime Millán exdirectivo del BID, y José Hilario López.
Se refieren a las acciones legales que emprendió EPM en contra de diseñadores, interventores, constructores y aseguradores de Hidroituango, con pretensiones por $9,9 billones. La decisión de iniciar ese proceso fue una de las razones de la renuncia en masa de la anterior junta directiva.
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Los expertos en el caso y en negociación de conflictos afirman que “en el corto periodo de conciliación entre las partes, tres meses, previo a la demanda que anuncia EPM, es altamente improbable que se llegue a un acuerdo entre las partes, a menos que se logre extender los plazos (se conocen casos en que una conciliación ha tomado años)”. Sin embargo, señalan que si esa fuera la situación, “los riesgos para el proyecto se van a acrecentar ante el posible deterioro de relaciones entre EPM y sus contratistas, que desde ahora trabajan en un ambiente enrarecido por la disputa, que eventualmente terminaría con su retiro del proyecto”.
Vale la pena recordar que el constructor de Hidroituango en su momento pidió a EPM reconsiderar las acciones legales emprendidas, para luego reiterar que ha sido “transparente” y que ha cumplido con sus obligaciones con el proyecto. También señaló que no comparte las conclusiones del informe de Advanta (contratado por Mapfre) según el cual hubo errores de construcción, documento que, de acuerdo con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se mantuvo oculto.
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En su comunicado, los expertos ahora agregan que es necesario “restablecer la confianza entre EPM y sus contratistas, ya que se considera que su eventual salida del proyecto va causar demoras en la terminación de la obra y adicionales sobrecostos y, lo más preocupante, crearía un nuevo riesgo para la estabilidad de la obra”.
Evaluar el aplazamiento de las acciones legales es, para los expertos, la forma para evitar precisamente esos efectos adversos, aunque reconocen que recuperar los sobrecostos es un propósito legítimo. Un aplazamiento como el que proponen sería “mediante un acuerdo amigable de EPM con sus contratistas, hasta cuando se ponga en operación total o parcialmente el proyecto. Continuar con el proceso que se ha tomado (conciliación improbable en los pocos meses permitidos, seguramente seguida de la demanda) parece ser la más dañina de acuerdo con las reacciones del sector financiero que ya se han visto y de su probable impacto inmediato sobre los contratistas”.
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“Otra opción sería mantener la solicitud de conciliación con los contratistas, pero se acordaría extender el plazo para conciliar hasta llegue la fecha de entrada en operación del proyecto”, señalan. Incluso, plantean la posibilidad de retirar la solicitud de conciliación y continuar los contratos como están hasta su terminación, incluyendo posibles extensiones. “De acuerdo con eminentes abogados consultados, se aplicaría la cláusula de liquidación de los contratos y, si no se llegara a un acuerdo en ese momento, EPM tendría hasta dos años después de firmada el acta de liquidación para conciliar o demandar por perjuicios. Por último, EPM también puede recurrir a las pólizas de seguro de todo riesgo que ha tomado para el proyecto. Pueden haber otras posibilidades”.
Los expertos no dejan de mencionar que las acciones legales se han tomado con base en un “concepto técnico que concluye que la causa más probable (pero no definitiva) del colapso de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) fue la falta de revestimiento de zonas débiles del macizo rocoso. Pero pueden haber otras causas técnicas posibles, como lo argumenta otro informe técnico sobre la causa raíz del siniestro, preparado por un ajustador para las reaseguradoras, o simplemente fuerza mayor o fallas y vacíos en la cadena decisoria o en la documentación”.
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Advierten que “aun si los contratistas son condenados, no se pueda recuperar sino una fracción de lo pretendido por EPM, ya que ninguno, aún con las pólizas de seguros de cumplimiento vigentes, podría pagar la suma pretendida. O nada si estos fueran exonerados. La demanda lo que sí asegura es un costoso y largo proceso, pero no, necesariamente, una victoria para EPM".