Seis meses de Ingreso Solidario: ¿cómo vamos?

Ingreso Solidario debe ser más sensible con las necesidades de las mujeres y los migrantes. / Getty Images

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El 17 de octubre se conmemoró el Día de la Lucha contra la Pobreza. Una quimera si se tiene en cuenta que bajo todos los indicadores la pandemia está aumentando el número de personas que viven en la pobreza y la pobreza extrema, y que América Latina es de las regiones que peor lo están llevando.

Ya la semana anterior el DANE había aterrizado esta realidad en el contexto colombiano al publicar la información actualizada sobre “Pobreza Monetaria en Colombia en 2019”. Esta radiografía muestra que para ese año el 35,7 y el 9,6 % de personas se encontraban en la pobreza y la pobreza extrema, respectivamente. Este dato, que ya es alarmante, se estima peor para 2020 por la crisis económica derivada por la pandemia.

Frente a esta realidad toma cada vez más relevancia el derecho a acceder a un piso de protección social que muchos han asegurado se cumple en Colombia por medio del llamado Programa de Ingreso Solidario (PIS). El relator para la pobreza, Olivier de Schutter, en un reciente informe sobre la protección social en la recuperación pos-COVID-19, destacó que si bien muchos países, dentro de los que está Colombia, han tomado medidas de protección social para responder a la crisis económica, todavía quedan desafíos para que estas medidas estén alineadas con los derechos humanos. Tras seis meses de haberse realizado el primer desembolso del PIS (Ingreso Solidario) vale la pena hacer un repaso de cómo se está aplicando el programa, si cumple con los estándares internacionales y si permite que las personas que lo necesitan tengan lo básico para sobrevivir.

Lo positivo

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha indicado que a julio de este año el PIS había llegado a más de 2,6 millones de hogares. Esto es un avance enorme si se tiene en cuenta que el programa Familias en Acción, otra de las políticas de transferencias insignia, tardó 19 años en llegar al mismo número. En solo dos semanas se definieron los primeros beneficiarios y se realizó el primer pago a 1,1 millones de hogares. El programa representa un avance por la población que abarca, la rapidez con que fue ejecutado y el impacto que ha tenido en las familias que lo reciben. Muestra que, cuando hay voluntad política, las medidas se pueden implementar. Además, el anuncio de que el programa se mantendrá hasta junio de 2021 es un aliciente más para quienes ya lo reciben. Sin embargo, quedan temas por mejorar.

Que llegue a los que prometió

Lo primero es que estos programas sociales deberían adaptarse a las necesidades de los más pobres y llegar a los que prometió llegar. El Decreto 518/2020 establece que el objetivo del programa es llegar a “las personas y hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad que no sean beneficiarios” de otros programas. Sin embargo, la verdad es que el sistema para determinar si un hogar debe recibir la prestación (basado en el Sisbén) está actualizado a marzo de 2020, por lo que muchas familias que han cambiado de situación no están incluidas y no es claro cuándo ni de qué manera se hará la actualización. Por ejemplo, personas que antes estaban en un nivel superior de Sisbén, ahora han visto disminuido sus ingresos por efecto de la pandemia y deberían ser reclasificados. Sin embargo, dado que las encuestas de actualización en el Sisbén toman tiempo y que muchos municipios dejaron de hacer actualizaciones de puntaje por el aislamiento, muchas personas no han podido acceder al beneficio a pesar de estar en una situación de necesidad. Aunque el DNP inició algunas campañas de recalificación del Sisbén en septiembre de 2020, todavía falta mucho por avanzar.

Es entendible que al inicio de la pandemia las autoridades hayan utilizado la herramienta más completa de focalización que tenía a mano (la base maestra actualizada a marzo 2020). Sin embargo, después de casi ocho meses del primer estado de emergencia por pandemia es necesario un sistema flexible y adaptable de actualización de datos para que este dinero llegue a quienes lo necesitan de forma urgente.

Criterios más claros de elegibilidad

Las políticas de protección social, como cualquier otra en un estado de derecho, deben tener un sistema claro de monitoreo y control que permita el control ciudadano a las decisiones de la administración. En la página web, sin embargo, no aparecen con claridad los criterios para acceder a la prestación. En especial, no parecen ser claros los criterios para determinar qué familias en condición de vulnerabilidad son elegibles para el programa.

Ser sensible a la diferencia

El PIS hizo una buena acción al incluir a las personas migrantes con Permiso Especial de Permanencia (PEP) en el programa y previamente inscritos en el Sisbén, lo que permitió que casi 44.000 migrantes recibieran esta ayuda. Igualmente, se han hecho esfuerzos importantes por mejorar la bancarización de esta población, como la aplicación de banca móvil que permite el acceso a los servicios bancarios con estatus migratorio regular. No obstante, teniendo en cuenta que existen cerca de 730.000 personas migrantes con PEP en Colombia, todavía hay muchas a quienes el programa puede llegar.

En materia de género, el programa incluye un enfoque importante que, igualmente, podría mejorarse. La iniciativa prioriza en el pago a las mujeres sobre los hombres cuando ambos están bancarizados, lo cual es muy positivo. De hecho, son más mujeres que hombres quienes reciben la prestación. Sin embargo, en tanto que el monto es único, no toma en cuenta ni el tamaño de las familias (que pueden ser más grandes que el promedio), ni las familias uniparentales que, en Colombia, son en su mayoría de jefatura femenina. Otros programas, como el de Brasil, contemplan montos mayores para hogares con mujeres en la jefatura de hogar.

El otro problema, relacionado con la falta de actualización de la base maestra, es que en algunos casos el sistema no logra detectar qué familias tienen jefatura femenina ni tampoco logra ser suficientemente sensible a las necesidades de mujeres que viven situaciones de violencia económica o física posteriores a marzo de 2020. Por ejemplo, en un caso conocido por Dejusticia, el padre recibía la prestación del PIS, pero ya no vivía con la familia desde hace varios meses, así que la mujer y los niños no disfrutaban de la transferencia económica que recibía el padre. En otro caso, aunque el padre vive con la familia, somete a la mujer a situaciones de violencia económica y física, con lo cual ella no disfruta de la prestación que recibe su marido ni puede pedir que le asignen una directamente a ella.

Monto suficiente

Finalmente está el tema del monto. Una transferencia de $160.000 por familia es mejor que nada. Pero si pensamos en una familia promedio de cuatro personas, esto equivaldría a $40.000 por persona o si es una familia de tres miembros a $53.333. Cualquiera de estos montos es menor a las líneas de pobreza nacional y pobreza monetaria extrema para 2019 ($327.674 y $137.350 respectivamente) e incluso menor si se compara con las líneas de la antigua metodología. Lo que recibe la persona por el PIS no alcanza siquiera para cubrir la canasta básica de alimentos que el mismo DANE calcula como requisito mínimo para dejar el nivel de indigencia o pobreza extrema, y ni qué decir de otros costos como la vivienda, el transporte, la salud o la educación.

Conclusión

Estas dificultades en el acceso al PIS resultan en la exclusión de un número importante de personas que lo necesitan, pero que por distintas circunstancias no resultan elegibles. Dejusticia conoció la historia de 24 mujeres y las está acompañando en una tutela para exigir la protección de sus derechos. Muchas cuentan la situación de una mujer, trabajadora doméstica, que perdió su empleo y el puntaje con el que aparece en el Sisbén no refleja su situación actual. Otras cumplen en teoría con los requisitos, pero por alguna razón no reciben la llamada. Otras más son mujeres migrantes con PEP que pese a muchos intentos no han podido registrarse en el Sisbén. Es a ellas y otras muchas familias a quienes la política todavía les puede llegar.

* Investigadora de Dejusticia.