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Tras varias horas de discusión y pocos argumentos, el Senado aprobó el monto del Presupuesto General de la Nación por $271,7 billones. Este contará con una mayor inversión, que llegó a los $47,5 billones luego de una propuesta inicial de $40,7 billones. En paralelo, la Cámara discutía las consecuencias de la caída de la Ley de Financiamiento pensando en un posible aplazamiento.
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Al revuelo causado por el fallo de la Corte le siguió el debate sobre la propuesta inicial que llevó el Gobierno al Congreso, el mismo que proponía un presupuesto de funcionamiento de $156,5 billones y terminó en un poco más de $170,1 billones.
Las ponencias de grupos contradictores al Gobierno fueron derrotadas y, posteriormente, se puso en consideración la iniciativa avalada por el Ejecutivo, que contiene el ajuste de las diferentes partidas para los sectores que solicitaron mayores recursos.
Los mayores presupuestos fueron en su orden: $44,2 billones para la educación, $36 billones para defensa y $31,8 billones para salud.
En una reunión que antecedió a la aprobación del proyecto, los ponentes y el Gobierno repartieron en diferentes sectores $1,5 billones, llevando más recursos a los programas sociales.
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La Cámara aprobó 128 artículos y continuó el debate hasta conocer la decisión del Alto Tribunal. Luego se presentó una discusión sobre los alcances del artículo 78. Este propone que la Nación podrá emitir bonos en condiciones de mercado u otros títulos de deuda pública para pagar las obligaciones financieras a su cargo causadas o acumuladas.
También sostiene que la Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), que provienen de los contratos de concesión por concepto de sentencias y conciliaciones de hasta $250.000 millones y que se relacionan con Odebrecht.