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El gobierno de México tiene entre sus objetivos la reforma del sector de petróleo y gas natural, con miras a atraer más inversiones internacionales, pero casi con seguridad el camino para lograrla será largo y arduo. El gobierno anterior fue duramente criticado por no haber logrado un progreso efectivo en ese camino. La muy anticipada reforma del 2008 buscaba fortalecer el gobierno corporativo de Pemex y crear un sistema de supervisión técnica de las actividades de exploración y producción de la corporación, pero se quedó corta en todos sus objetivos.
Se espera que México aborde un nuevo proceso de reforma en agosto de este año y la opinión general es que en esta ocasión las posibilidades de éxito son mucho mejores, cuando se toma en cuenta el “Pacto de México”, fundamental acuerdo político logrado por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Para materializar las inversiones y las tecnologías requeridas en apoyo a los programas de Pemex, será necesario reformar la Constitución mexicana. Esos programas contemplan elevar la producción petrolera hasta más de 3 millones de bpd, de su actual nivel de 2,5 millones de bpd. Esta meta se alcanzaría apoyándose en exploración, desarrollos en aguas profundas y proyectos integrados.
Debido a la carencia de inversiones, el número de descubrimientos en México ha venido disminuyendo, resultando en reducción en la producción petrolera y en el nivel de reservas. La caída de la producción se ha convertido en un serio problema para el gobierno mexicano, debido a un importante aumento de la demanda impuesta por programas sociales y por el gasto del gobierno en general. Muchos temen que la producción petrolera podría caer a 2 millones de bpd si no se instrumenta la reforma con prontitud.
Durante años, en lugar de invertir en nueva exploración y tecnología, el gobierno ha venido exprimiendo recursos financieros de Pemex, para fondear programas sociales y gubernamentales. En años recientes se han venido haciendo esfuerzos para tratar de detener la declinación, pero la necesidad de inversión en nueva exploración y en infraestructura es evidente, en especial cuando se toma en cuenta que Pemex no está en capacidad de lograrlo por sí sola.
A pesar de tener importantes prospectos de gas en esquistos (shale gas), además de abundante gas convencional en tierra y costa-afuera, México es un importador neto de gas natural. En 2012 se importaron 2,100 mmpc/d, 21% más que en 2011. Un 80% de esas importaciones llegaron de USA por tuberías y el remanente vino en forma de LNG (gas natural licuado), procedente de Nigeria, Catar y Perú.
No obstante el aumento de las importaciones, México ha experimentado escasez de gas durante 18 meses, debido a que Pemex ha reducido sus entregas por los bajos precios del hidrocarburo. Esta decisión viene cuando la demanda de CFE (Corporación Federal de Energía) y Pemex ha aumentado el consumo, para generación eléctrica y refinación respectivamente. Adicionalmente, el sector privado exige más gas y la situación ha generado gran controversia. Existe una gran escasez de gasoductos en México Occidental y la pregunta es si Pemex puede abordar las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura que se pide, y con mayor razón las inversiones en exploración y producción.
El “Pacto de México” contempla la reforma del sector de energía, en especial en petróleo y gas, y dicha reforma ocupa una posición prominente en la lista de propósitos.
Una reforma modesta, limitada a un cambio en la estructura administrativa de Pemex para darle a la empresa mayor libertad financiera y operacional, no sería suficiente, debido al riesgo de que el gobierno endeude a la empresa y se quede con una porción grande de los ingresos (la historia de siempre). Darle a Pemex más dinero o transformar la estructura interna no bastará. La empresa podría continuar por si sola con proyectos en aguas someras y en tierra, pero para desarrollar los proyectos costa-afuera y los esquistos necesitará acceso a tecnologías, conocimientos (know-how) y grandes cantidades de capital que no tiene.
Las empresas internacionales quieren entrar en aguas profundas y están dispuestas a hacerlo junto con Pemex, pero será necesario reformar la constitución. Con 30.000 millones de barriles de reservas remanentes, abordar los prospectos de aguas profundas es imperativo y constituye el “premio” al que todos aspiran. Pero para alcanzarlo, el país necesitará un ente regulador efectivo, contratos inviolables, certeza legal y un sector petrolero abierto. El camino será largo y arduo, pero por primera vez en 70 años las esperanzas son las mejor fundadas.
lgiusti@csis.org