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El sector minero proyecta seguir como motor de la recuperación de la economía en este 2021. En este sentido, espera alcanzar un crecimiento de 15 % tras una fuerte caída de 26 % el año pasado, cuando hizo aparición la pandemia del COVID-19.
Este proceso de recuperación va a depender de la suerte del carbón, mineral que afronta un camino con dificultades con la situación adversa de Prodeco y CNR (Colombian Natural Resources), pero con mejor ambiente en Cerrejón que por unos años aleja el problema laboral y el ajuste de la producción en Drummond.
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Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM) considera que esta tendencia a la normalidad en el sector del carbón ayudará al aporte de la minería extractiva en la recuperación de la economía colombiana en este 2021.
Sin embargo, persiste una sombra sobre la minería del carbón. “Las decisiones judiciales en torno a la consulta sobre la desviación del arroyo Bruno, la delimitación del territorio Yukpa, los estándares establecidos de calidad del aire, por encima de los regulados en la legislación colombiana, así como otros procesos que se encuentran en curso como la definición de la línea negra, han puesto un freno a los planes mineros en donde fueron cambiadas las condiciones con las que se aprobaron los planes de producción y que hoy representan un incremento considerable en los costos de producción y en la productividad de las minas de carbón en el país”, dice la ACM.
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Considera Nariño que mientras no se despejen estos trámites “se mantendrá afectado el potencial de producción de carbón en el país que alcanza los 100 millones de toneladas y en 2020 apenas llegó a la mitad de su capacidad instalada”.
Tras una producción de 91 millones de toneladas de carbón en 2016, dos años después sólo se logró producir 84,3 millones con tendencia a la baja en los siguientes años. En 2019 apenas se registraron 80,3 millones de toneladas y en 2020 llegó el descalabro, cortesía de la pandemia, pero también del panorama internacional del mineral: la producción fue de 49,3 millones de toneladas; 46,1 millones fueron de las minas del norte del país y las restantes 3,2 millones de las excavaciones en el interior.
Esta caída de la producción no solo se debe a factores internos. Recuerda el informe de la ACM que los precios del carbón ya venían en una importante caída hasta antes de la pandemia por la mayor oferta de gas en el mercado y la reducción de la demanda.
Sobre la situación de Prodeco y CNR, el dirigente gremial comentó que “debe haber un plan para que esos títulos y esos activos productivos de todos los colombianos, que producen empleos, regalías y divisas” vuelvan a generar esas riquezas.
Para Nariño, se requiere un trabajo conjunto para que, en un tiempo corto, estos activos vuelvan al mercado y que “rápidamente una compañía nacional o extranjera los tome para que vuelva a producir empleo, regalías y divisas. Ese bien de todos los colombianos no puede estar sin producir, mucho tiempo”.
El dirigente gremial reafirma que este año es importante para dar claridad al sector y otorgar los títulos de Prodeco y CNR y hacer viable esos activos productivos. Son 22 millones de toneladas que deben ingresar a la producción nacional para alcanzar la meta de las 80 millones de toneladas logradas en 2019.
Nariño alertó sobre los efectos del impuesto al carbón que se proyecta en la reforma tributaria que el gobierno va a llevar al Congreso. En su visión, no sólo va a afectar la producción del carbón, sino la de otros bienes que se verán “seriamente afectados”.
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Dicen los gremios que el impuesto causará efecto negativo en la producción de cemento, cerámica y de otros bienes básicos como la sal. “El carbón es un insumo muy importante del aparato industrial colombiano y eso va a tener un impacto directo en el bolsillo de los colombianos”.
Igual hay preocupación por el efecto que el impuesto propuesto pueda tener en el valor de la energía (electricidad) que consumen los colombianos y la industria nacional, según la mirada de gremios de la producción de energía.
Aquí vale la pena aclarar que analistas y expertos del sector también señalan que el impuesto financia labores de mitigación y adaptación al cambio climático, así como también está pensado para apoyar la transición energética en el país. Esta es una de las metas clave para que Colombia cumpla con sus objetivos de reducción de emisiones a 2030 y 2050 y, en general, para que impulse la descarbonización de la economía, un proceso urgente y sobre el que hay un consenso global.