Sigue la oscuridad en La Línea

Una empresa mexicana, una española y nueve colombianas deberán ceder sus contratos. Además, quedarán vetados para trabajar con el Estado durante cinco años. Todo esto una vez quede en firme la caducidad dictada por Invías.

Actualmente faltas 75 metros para que se unan los dos frentes de trabajo de Quindío y Tolima. / Gustavo Torrijos.

Mientras no se liquide el contrato para la construcción del túnel de La Línea, al cual Invías le aplicó la caducidad el pasado lunes por incumplimiento, el consorcio Segundo Centenario, que lidera Carlos Collins, seguirá al frente de los trabajos en los sectores de Quindío y Tolima, con miras a terminar los 75 metros que hacen falta de la excavación.

Así lo anunció Collins, y si bien reconoció que no cumplió con la entrega de las obras el pasado 20 de noviembre, como estaba previsto, insistió en que “la decisión del Invías fue una crónica de una caducidad anunciada, con una persecución advertida, y me voy a mantener al frente de la obra, a menos que me echen la policía para sacarme de allí”, recalcó.

El representante del consorcio Segundo Centenario advirtió que ya presentaron el recurso de reposición, pero que no cree que la decisión vaya a cambiar pues se trata de una orden impartida desde arriba.

De acuerdo con Juan Carlos Quiñónez, jefe jurídico de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), con la declaratoria de caducidad se da terminado anticipadamente el contrato, pero para que esta decisión quede en firme se requerirá que el Invías resuelva la reposición, para lo cual tiene tres meses.

El experto señaló que las empresas plurales que acompañan a Carlos Collins en el consorcio Segundo Centenario están cobijadas por una inhabilidad sobreviniente, lo que significa que Condux (de México), Constructora Herreña Fonteca (de España), Constructora Carlos Collins, Álvarez y Collins, Promotora Montecarlo Díaz, Túneles de Colombia S.A., Construirte, Gayco, Tecniciviles, HH Arquitectura y Miguel Castillo Huertas (todas ellas de Colombia), no podrán seguir ejecutando ningún contrato que tengan con el Estado y deberán ceder su participación.

La participación de Álvarez y Collins, con un 25% de la concesión Bogotá-Girardot, deberá ser cedida a otro empresario constructor por quedar inhabilitado no sólo para seguir en la obra, sino para contratar con el Estado por cinco años; eso, claro está, cuando la medida de la declaratoria quede en firme.

Expertos consultados por El Espectador señalaron que el detrimento patrimonial que se pueda registrar en este proyecto no sólo es responsabilidad del contratista, sino del Invías. Primero, por adjudicar una obra al proponente que ofreció el menor valor, cuando la ministra de Transporte, Natalia Abello, sostiene que se requieren cerca de $400.000 millones adicionales para concluir el proyecto de cruce de la cordillera Central. Y segundo, porque dieron demasiadas largas al incumplimiento del contratista, como lo advirtió el exministro de Transporte Germán Cardona durante el primer gobierno del presidente Santos.

La ministra Abello señaló el lunes que de declararse la caducidad del contrato de La Línea, como efectivamente ocurrió, no se repetirá una situación similar. Contundentemente señaló que “en el país no se permitirá que ningún constructor acuda a los supuestos recursos de reclamaciones para financiar las obras”.

La decisión del Invías, claramente prende las alarmas en las empresas de infraestructura, que ven esta disposición como una advertencia tajante para que se cumplan los contratos.

“Es una decisión ejemplarizante para que los contratistas cumplan con su obligación”, señaló Jorge Marín, vicepresidente técnico de la CCI.

Por ahora, el Instituto Nacional de Vías se prepara para resolver la reposición, para dar salida a esta problemática de La Línea, obra que debió entregarse en noviembre del año pasado, pero que al día de ayer, según la ministra Abello, tiene pendiente la excavación de 75 metros superiores y 500 inferiores del túnel principal de 8,6 kilómetros, 23 puentes, que hacen parte de las vías a cielo abierto, y 14 túneles menores, obras que serán contratadas mediante una licitación.

Como publicó ayer El Espectador, una vez se declare la emergencia manifiesta, el Gobierno entregaría en un contrato temporal la obra de La Línea al consorcio Conlínea, liderado por Conconcreto, aprovechando que está en la zona ejecutando trabajos para la terminación del túnel piloto.

Este contempla la atención inmediata para garantizar la estabilidad de la excavación y medidas para prevenir que los lodos resultantes de la excavación afecten el acueducto de Calarcá. Una vez se atienda esta emergencia se procederá abrir una licitación para contratar la terminación de los 27 kilómetros del proyecto de cruce de la cordillera Central, que incluye el túnel de La Línea.

Por ahora, el túnel seguirá en la oscuridad, a la espera de una obra que añoran los colombianos desde hace más de 80 años.

 

[email protected]