Superindustria busca meter en cintura a los prestamistas usureros

La empresa sancionada ejecutaba su modelo de negocios mediante la compra de los salarios y mesadas pensionales de los colombianos.

La superintendencia de Industria y Comercio anunció que sancionó a la sociedad prestamista BCI Empresas S.A.S. (propietaria de los establecimientos Anticipos Express) con una multa superior a 1.200 millones de pesos por cobrar intereses usureros que en algunos casos excedían hasta 250 veces el límite de los intereses máximos permitidos por la ley.

En un comunicado de prensa, el organismo de control advirtió que la sociedad prestamista BCI Empresas S.A.S. (Anticipos Express) pretendía ocultar el verdadero negocio celebrado con sus clientes, denominando los contratos de forma amañada como “contrato de anticipo de flujos futuros” cuando en realidad se trataba de contratos de mutuo o préstamos de dinero. Con este procedimiento evadia las normas que en Colombia fijan límites a las tasas de interés y evitar que las autoridades catalogaron su actividad como usurera.

BCI Empresas ejecutaba su modelo de negocios en Colombia mediante la compra de los salarios y mesadas pensionales de los colombianos, lo cual es ilegal por expresa disposición del Código Sustantivo del Trabajo, señala el comunicado.

Los salarios en Colombia pueden servir como garantía de pago de obligaciones de préstamos de dinero sometidos a los límites de la tasas de interés, pero no pueden estar sometidos a compra-venta, aclara la superintendencia de Industria y Comercio.

El organismo de control advirtió que adelanta otras investigaciones contra empresas prestamistas que estarían abusando de los colombianos con bajo nivel de ingreso, necesidades de crédito y nula capacidad de ahorro.

La superintendencia ordenó a BCI Empresas (Anticipos Express), la devolución a sus clientes o consumidores de una suma equivalente al doble de los intereses cobrados en exceso, es decir, restituir dos veces la suma de dinero que haya sido cobrada sobrepasando el límite máximo permitido por la ley.

Decretó la suspensión provisional e indefinida de la ilegal actividad empresarial de BCI Empresas hasta que acredite que ajustó su modelo de negocio a las normas legales que regulan el préstamo de dinero.

Igualmente ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de BCI Empresas, el congelamiento de recursos y la prohibición de celebrar transacciones con dichos recursos.

Compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se investigue el delito de usura en que habrían incurrido los ciudadanos extranjeros Matthew Cordis y Eric Brown, en su condición de representantes legales de BCI Empresa.

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