Superindustria formuló cargos por cartelización a dos consorcios en licitación pública ante Fonade

Para la entidad, las empresas y personas integrantes de los consorcios, habrían presentado propuestas con altísimo grado de similitud tanto en la forma como en la estructura, falseando la libre competencia económica.

Archivo El Espectador

El Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, formuló pliego de cargos en contra de Ajustec Ingeniería y Nelson Ernesto Peña Rodríguez (integrantes del consorcio Edificaciones 2014) así como a Martín Alejandro Restrepo y  Hernando lancheros (integrantes del consorcio Obras 2014), por presuntas infracciones del régimen de protección de la libre competencia económica.

El caso

De acuerdo con el análisis realizado por la Superintendencia, los oferentes investigados habrían participado en forma coordinada en la estructuración de sus propuestas en busca de la adjudicación de un contrato público.

En efecto, la Delegatura para la Protección de la Competencia pudo preliminarmente establecer que dentro del proceso de selección contractual adelantado por Fonade para la terminación del aula escolar en la vereda El Chocó en el municipio de Cocorná - Antioquia, los investigados presentaron sus propuestas con similitudes en la forma y estructura, así como en las portadas y en los títulos de las mismas.

Del mismo modo, se evidenció que las pólizas de seguro de las propuestas fueron expedidas por la misma aseguradora, en la misma fecha y sucursal. Adicionalmente, se encontró información digital de las dos propuestas en un mismo equipo de cómputo.

Para la Superintendencia, los indicios referidos apuntan a que la conducta de los investigados estuvo encaminada a falsear el proceso de selección con la consecuente lesión de la libre competencia económica.

Posibles sanciones

En el momento en que el que termine el proceso y se declare que existió violación de las normas de la libre competencia económica, la Superintendencia puede imponer multas de:

-A las personas jurídicas que multas de hasta cien mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (100.000 SMLMV) equivalentes, es decir, $68.945.500.000 por cada infracción.

-A las personas naturales vinculadas con los infractores, multas hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (2.000 SMLMV) equivalentes a $1.378.910.000.

Finalmente el ente de control concluyó que esto también se considera un delito e irían copias para la Fiscalía General de la nación por el presunto delito previsto en el art. 410 A del Código Penal, que dicta las prácticas restrictivas de la competencia en contrataciones públicas.