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Este viernes la Superintendencia de Transporte comunicó lo que sería un significativo reversazo en materia multas aplicadas en los últimos años. Según lo detallado por esta autoridad, cerca de 60.000 multas habrían sido aplicadas de manera irregular, lo que podría significar una devolución de dineros que se aproxima a los $171.000 millones.
La misma superintendencia, de la mano con el Ministerio de Transporte, aseguran estar trabajando con transparencia y bajo el principio de la legalidad, razón por la cual han adelantado en el último tiempo una revisión exhaustiva donde encontraron el hallazgo que ahora comunican.
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“En dicha revisión se encontró que una serie de normas que habían sido declaradas nulas desde 2016, seguían siendo utilizadas por la Entidad como norma sancionatoria para miles de casos en la Superintendencia de Transporte. Por esta razón, el pasado 23 de octubre de 2018 la Entidad solicitó un concepto al Honorable Consejo de Estado (Sala de Consulta y Servicio Civil) respecto de la aplicación de sanciones al amparo de normas anuladas, particularmente las que corresponden al Decreto 3366 de 2003”, manifestó la superintendencia.
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El trabajo que se viene de ahora en adelante es la conformación de grupos especiales que se encarguen de revisar los expedientes afectados, incluyendo las investigaciones en curso, los casos que se encuentran en cobro coactivo y las denuncias judiciales hechas en contra de la superintendencia.
“De esta manera, serían objeto de revisión las multas impuestas a transportadores de carga y de pasajeros, incluidos los escolares, intermunicipales, y mixto de todo el país, por conductas como mantenimiento preventivo de los vehículos, capacitaciones a conductores y operadores, jornadas de trabajo de conductores y operadores, condiciones técnico mecánicas de los vehículos, exceder la capacidad transportadora autorizada, transportar carga con sobrepeso, entre otros”, detalló.
La superintendencia se mostró enfática al decir que la ciudadanía no debe acudir a tramitadores o cualquier otro tercero que le ayude a recibir la devolución de los dineros, ya que el Gobierno nacional es el único que puede garantizar lo anterior.