Taponar dos pozos petroleros se vuelve un lío en Tauramena

Por “exigencias desproporcionadas” en Casanare, Equión descartó llevar a cabo este proceso, obligatorio cuando una perforación cumple con su ciclo de producción.

Facsímil de la carta dirigida al alcalde de Tauramena, Javier Álvarez.

Si en los mercados internacionales la tensión por la caída de los precios del petróleo es pan de cada día, se podrán imaginar lo que pasa en las regiones productoras de Colombia, dependientes económica y socialmente de la renta de los hidrocarburos.

Tauramena (Casanare), el mismo municipio que en 2013 a través de una consulta previa quiso oponerse a la exploración, ahora está enfrascado en una disputa por el taponamiento de dos pozos: el Buenos Aires DD25 y el Buenos Aires DD21.

Ambas perforaciones, luego de haber completado su período de vida, deben ser selladas en cumplimiento de los requisitos impuestos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). El proceso se lleva a cabo para evitar posibles fugas de gases.

Equion —con participación de Ecopetrol (51 %) y Repsol (49 %)— es propietaria de los pozos y la responsable de que la operación se lleve a cabo. Sin embargo, este mes remitió una carta al alcalde del municipio, Javier Álvarez, en la que le comunicó que no lo llevará a cabo por “exigencias desproporcionadas” de algunos habitantes de la zona (ver facsímil).

La empresa necesita contratar al menos cien personas y en la negociación por el porcentaje de la mano de obra calificada, que piden los taurameneros sea del 100 %, mientras la operadora ofrece 62 %, se quedó estancada la obra. Tanto así que, con autorización de la ANH, los accionistas dieron la orden de no ejecutar dicho plan.

“La mano de obra local eran cerca de 90 personas, entre calificadas y no calificadas (100 % local no calificada y 62 % local calificada). La comunidad se opuso al desarrollo del trabajo hasta que garantizáramos que casi el 100 % de la mano de obra calificada fuera de la región, pero por la tecnología había unos cargos críticos. También pidieron que contratáramos servicios y mano de obra que no se requiere”, explicó el gerente de asuntos externos de Equión, Jorge Paredes.

Lo paradójico es que estos municipios alegan ser los más afectados por el desplome y el método implementado en este gobierno para la distribución de las regalías. Según Javier Álvarez, mandatario municipal, “el trabajo se debe hacer porque genera cien empleos y se necesitan, hay un alto índice de desempleo en el municipio. Debe primar el interés colectivo por encima del particular. Necesito que la empresa empiece, porque están diciendo que como no hay acuerdo, pues no lo van a hacer”.

De acuerdo con Álvarez, los desacuerdos entre los miembros de la comunidad generaron la reacción ya explicada por parte de Equión. Pero si este caso demuestra hasta dónde llegan los desacuerdos dentro de los grupos sociales, también evidencia la falta de estrategias regionales por parte del gobierno central para mejorar la interlocución entre los privados y las personas.

El líder comunitario Alexánder Roa reconoció que es necesario que las personas pongan de su parte en esta coyuntura, pero también manifestó que no ha habido políticas efectivas que compensen los vacíos económicos que ha dejado la caída de los precios del petróleo. A su modo de ver, las medidas de choque brillan por su ausencia.

Equión pone de relieve las drásticas posiciones de las operadoras para cuidar hasta el último centavo para sobrevivir, pero también la de las comunidades para hacer lo mismo.

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