Tercera ola 4G, apretada fiscalmente

Expertos consideran que el impacto presupuestal del Gobierno, sumado a la suspensión de la venta de Isagén, pueden generar panoramas estrechos en el financiamiento de estas obras.

Las inversiones previstas en APP para obras demandarán recursos por $55 billones. /Archivo

“Los proyectos de primera y segunda ola de cuarta generación no van a ser tan sensibles a la coyuntura económica actual, pero la tercera ola seguramente tendrá unos panoramas más estrechos en su espacio fiscal”. Así lo señaló Ana Carolina Ramírez, directora de estudios económicos de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, durante su intervención en un seminario económico organizado por ANIF y Corficolombiana en Bogotá.

La experta agregó que uno de los riesgos que enfrentan las 4G está asociado a su financiación, aunque puntualizó que este es un compromiso que en el mundo está en cabeza de los privados. De igual manera, dijo que las variables de la economía mundial, como la política monetaria de los Estados Unidos o la volatilidad del dólar, también pueden afectar los recursos de las obras civiles en Colombia.

“Para que las 4G cierren financieramente, necesitan ir a buscar plata en cualquier parte del mundo y al hacer estos análisis un año atrás teníamos un mundo con tasas de interés bajas, con una tasa de cambio favorable y vemos que ahora se volteó la torta y vemos un Estados Unidos con posibles aumentos en las tasas de interés. Esto quiere decir que el crédito en dólares va a costar más y automáticamente cambia la estructura del costo de la financiación para las obras en Colombia”.

La tercera ola requiere inversiones de iniciativa pública por 10,4 billones de pesos para más de 1.800 kilómetros de vías intervenidas y el optimismo es más latente en el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, quien dice que los recursos están garantizados para desarrollar el avance de la infraestructura nacional.

“Nosotros vamos a invertir 50 billones de pesos en los siguientes cinco a seis años y la carga fiscal sobre esos recursos es del 15%, por lo tanto se generarían ingresos de 7,5 billones de pesos en cinco años que van a ayudar a las cuentas fiscales del Ejecutivo”, dijo.

Por otra parte, el funcionario señaló que las obras de iniciativa privada contribuirán al país con recursos adicionales, empleo y competitividad, factores que serán claves en momentos en que la minería y el petróleo van para atrás.

Entre tanto el presidente de la Asociación de Instituciones Financieras (ANIF), Sergio Clavijo, pidió al Consejo de Estado destrabar la venta de las acciones que el Estado tiene en Isagén y cuyos recursos están destinados a las obras de infraestructura.

“Necesitamos, señores del Consejo de Estado, urgentemente solucionar esto, porque sin los recursos de Isagén no va a ser posible que la Financiera de Desarrollo Nacional salga a emitir bonos y apalanque 2,5 billones de pesos”.

Clavijo también aseguró que en la venta de este activo del Gobierno no se incurre en un detrimento patrimonial, como lo dijo la Contraloría.

“El Consejo de Estado está diciendo que habrá detrimento patrimonial en la venta de Isagén, yo diría que no. Detrimento patrimonial el que les vamos a cobrar a ustedes si no dejan vender Isagén, porque no va a haber vías para que el país gane en competitividad y productividad”, señaló.

 

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