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El propósito de lograr la paz que emprendió el país una vez más y que hoy centra todas las miradas en La Habana (Cuba), parte de una razón que ha mantenido vivo el conflicto armado en Colombia durante los últimos 60 años: la tenencia de la tierra y, por supuesto, su explotación.
Durante los últimos 13 años, de acuerdo con estimaciones de las Naciones Unidas, en Colombia la violencia ha desplazado de sus tierras a 4 millones de personas. El despojo, que ha involucrado a 836.000 familias, llevó al abandono de 5,5 millones de hectáreas (poco más del área sembrada con productos agrícolas y forestales, según datos del Gobierno) que hoy el Estado busca restituir a sus propietarios: los campesinos.
Al despojo de las tierras por parte de los grupos alzados en armas, que ha dejado al campesinado como principal víctima del conflicto, se suma el hecho de que la superficie del país (114 millones de hectáreas), cuenta el Gobierno, necesita desde hace mucho una reorganización por la vía de una ley de desarrollo rural. De un total de 50 millones de hectáreas que tiene la frontera agrícola nacional, sólo 5 millones se utilizan en agricultura; mientras tanto, la ganadería ocupa 39 millones de hectáreas (hay menos de una vaca por hectárea).
Si la tierra estuviera mejor repartida, asegura el mismo Gobierno, el área potencial para la agricultura sería de 21 millones de hectáreas y la ganadería emplearía sólo 20 millones. A su vez, las plantaciones forestales (que hoy ocupan 350 mil hectáreas) podrían desarrollarse hasta en 14 millones de hectáreas. La tierra agrícola en Colombia se ha concentrado en cultivos permanentes (palma y caucho), mientras que los transitorios (arroz, maíz y trigo) ocupan el 33% del total sembrado.
Al tema de la tenencia de tierras , se suma el de su explotación. En recursos no renovables hay cerca de 5,8 millones de hectáreas intervenidas y si a estas operaciones no se les pone control, podrían terminar ocupando una gran parte de la frontera agrícola. En palabras de Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura, podría convertirse en “una mancha negra” sobre el territorio nacional. Con este breve panorama, el Gobierno reconoce que la legislación sobre el uso del suelo está dispersa y que los conflictos por la tierra son cada vez mayores.
A través de una ley de desarrollo rural, que busca tramitarse ante el Congreso, se busca estructurar una política de desarrollo rural que incluya un acceso más justo a la tierra y que dé pautas claras para iniciar una reorganización del territorio.
Para varios dirigentes gremiales del sector agropecuario consultados por este diario, la paz en el campo debe comenzar por un proceso serio de restitución de tierras que involucre un compromiso real de los actores alzados en armas. “A la guerrilla le llamamos la atención para que cumpla con lo prometido. Que no ocurra como en la reforma agraria de los sesenta, donde las tierras entregadas volvieron a sus antiguos dueños”, manifestó un dirigente de los arroceros.
La restitución de las tierras, si es exitosa, tiene que ir acompañada de planes de retorno a las parcelas, apuntan. Esto va ligado a la intención de una mejor distribución del territorio para actividades agrícolas. “El país tiene que perderle el miedo a la agroindustria rural. El problema de Colombia es el minifundio y la concentración en pequeños productores”, precisa el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Rafael Mejía López.
En el país, expresan las cifras oficiales, las grandes extensiones de tierra pasaron de ser el 39,2% de la superficie agraria en 1999 a más del 52% del total de la misma. Entretanto, el microfundio cayó del 13,5 al 10,5% del área agrícola.
Para el Gobierno, actualmente, el mayor lío de la estructura agraria es una creciente minifundización como resultado de pocas áreas disponibles. De esto parte su intención de conformar unidades productivas más grandes.
Un estudio publicado por el Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que la concentración de la tierra se ha consolidado sobre “patrones de uso irracional como ganadería extensiva que asume controles sociales y políticos, narcotráfico y violencia, y recientemente los nuevos cultivos promovidos por la política gubernamental”.
Durante las últimas ocho décadas de intentos para dar un vuelco al campo y al conflicto armado, el PNUD asegura que la modernización se ha hecho a partir de una estructura de grandes y medianas propiedades. Dice el documento que en ese lapso “se dejó intacta la estructura terrateniente que se consolidó a partir de la captación de rentas, el control político local y la cooptación de los espacios públicos de representación política”. Agrega que se dio tolerancia al desplazamiento forzado para ampliar cultivos agroindustriales.
A partir de 1984 la concentración de la propiedad de la tierra registró uno de sus incrementos más fuertes, sostiene el PNUD. También, desde comienzos de los ochenta, aumentó el nivel de desplazamiento de la población. “No hay nada en la estructura económica y política colombiana que indique una reversión en esta tendencia a la concentración de la propiedad”.
La investigación también dice que el despojo de 5,5 millones de hectáreas a los campesinos hace prever una disputa todavía más fuerte por el control del territorio, debido a que en el aire han quedado las promesas de explotación de recursos valiosos. “Este ambiente bélico es uno de los marcos para la consolidación de la tendencia a la concentración de la propiedad de la tierra”.
Como parte de la solución a un extenso conflicto, el Gobierno a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448) busca que en los próximos años se devuelvan cerca de 2 millones de hectáreas. Hasta el momento hay casi 20 mil reclamaciones de predios, cerca de 1.600 procesos de restitución y se solicita la devolución de 1,51 millones de hectáreas en 754 municipios del país.
Sin embargo, los enemigos de esta ley no son pocos. “El mayor obstáculo que enfrenta es la resistencia de los violentos que continúan asesinando los líderes que reclaman sus tierras en nombre de sus comunidades. Ha sido una constante en la historia el asesinato de los líderes de las comunidades que reclaman por el despojo de sus tierras”, concluye el informe del PNUD.