La tierra y la paz: ni contigo ni sin ti

Un análisis sobre cómo ha fracasado la política que ha intentado poner la tierra como eje central.

Corrupción, intereses políticos y gremiales han truncado los efectos de las políticas. / Santiago La Rotta
Corrupción, intereses políticos y gremiales han truncado los efectos de las políticas. / Santiago La Rotta

En 1954, Eduardo Caballero publicó su novela Siervo sin tierra, en la que nos cuenta la historia de un campesino boyacense que lucha toda su vida por tener un pedazo de tierra, pero muere sin lograrlo. Luego de 62 años podríamos seguir contando la historia de Siervo Joya como una novela de actualidad en que se mezclan las guerras y penurias de los campesinos colombianos en pleno siglo XXI. Cuando hablamos de la tierra en Colombia, lo hacemos como un bien en disputa que ha desatado los demonios de la guerra durante buena parte de nuestra vida republicana. Ha sido la causa de sucesivos levantamientos armados y la desatención a sus problemas ha representado el combustible permanente de los mismos.

Sin embargo, y a pesar de los muchos estudios (González, F.; Fajardo, D.; Bello, M. y otros) que muestran la estrecha relación entre los problemas rurales y el conflicto armado en Colombia, ésta no parece ser el centro de la política pública de los gobiernos de turno. Y aunque ha habido intentos institucionales por resolver los problemas relacionados con la tierra, estos han tenido al menos tres deficiencias comunes que han alejado la posibilidad de amainar la guerra resolviendo sus causas.

En primer lugar, no se ha construido una verdadera política agraria orientada a modernizar el campo colombiano y superar la brecha rural y urbana. No hemos podido hacer frente a los problemas de concentración de la tierra y latifundios improductivos; de inseguridad jurídica reflejada en bajos niveles de formalización de la propiedad; de suficiencia alimentaria para la nación; de reconocimiento del campesinado como sujeto político-cultural, entre muchas otras. En otras palabras, Colombia no cuenta con una política de Estado eficaz que tenga como objetivo la atención integral de los asuntos agrarios y rurales. Hemos tenido sucesivas iniciativas gubernamentales que han terminado supeditadas al vaivén de los intereses electorales de turno o han sucumbido ante las redes locales de grandes propietarios y fuerzas políticas e intereses agroindustriales.

En segundo lugar, cada vez que se ha procurado la construcción de una política agraria, esta ha sido truncada por poderes regionales que articulan a grandes propietarios, políticos locales y algunas agencias del Estado en sus niveles territoriales, haciendo imposible su implementación integral. Ejemplo de ello es el papel determinante que tuvieron estos poderes regionales en los procesos de contrarreforma adelantados en las décadas del 80 y el 90 (Puerto Boyacá) y en los despojos masivos de tierra protagonizados por el paramilitarismo (Urabá, Córdoba, Bolívar). Estas redes de poder se benefician del esquema inequitativo de distribución de activos rurales, impidiendo que se cumplan los objetivos últimos de las reformas agrarias: aumento del ingreso de los más pobres, crecimiento de la productividad en el sector agrícola, cierre de las brechas urbano-rurales.

En tercer lugar, las políticas públicas de desarrollo rural tienen como regla general un intrincado diseño normativo que, por una parte, olvida a los campesinos como sujetos de política, y por otro, permite que sólo quien cuenta con abogados “sofisticados” o tiene acceso a la información y a los funcionarios públicos puede acceder a los distintos planes y programas. A esto se suma una idea –equivocada– de que la gran propiedad y la inversión de capital privado son la fórmula necesaria para obtener mejores niveles de productividad, idea que ha sido desvirtuada por expertos nacionales como Jaime Forero e internacionales como Albert Berry y Michael Lipton, entre otros.

Con o sin acuerdo, la tierra sigue ahí

Ha sido recurrente que buena parte de las iniciativas de gobierno tiendan a desconocer al campesinado como sujeto político y cultural capaz de incidir positivamente en el destino del campo y la producción agropecuaria, desconociendo el papel de la pequeña propiedad y producción familiar como alternativa para la reactivación de la economía y la garantía de los derechos campesinos. Iniciativas que parecieran tener la intención de buscar un campo con “más inversión” pero con menos campesinos.

Estas deficiencias fueron abordadas por el Acuerdo sobre Reforma Rural Integral (RRI) pactado en La Habana. Se trata –aún– de un Acuerdo que conserva y robustece las disposiciones legales y constitucionales que ya existen y que no son regresivas para el campo: función social de la propiedad, redistribución de tierras mal habidas (leyes 160 de 1994, 793 de 2002 y 1708 de 2014), tecnificación del campo (Ley 160 de 1994 y decreto 2364 de 2015), Fondo de Tierras (Acuerdo 351 de 2014, Incoder), zonas de reserva campesina (Ley 160 del 94), y otras. Su implementación podría representar, por fin, una política de Estado para el campo que contemple una atención integral a los múltiples problemas rurales y que además permita a las comunidades campesinas incidir en sus planes de inversión y de desarrollo como garantía para que los diferentes programas de atención no queden presos de las redes locales de corrupción y clientelismo.

Fuerzas políticas representativas del No han manifestado la necesidad de revisar algunas disposiciones contenidas en la RRI pactada en La Habana, especialmente aquellas que permiten la expropiación de fundos que no cumplan con la función social de la propiedad, así como las políticas de enfoque de género contenidas en el punto, y solicitan a la Mesa permitir que los predios contemplados para el Fondo de Tierras también puedan cederse, arrendarse y/o adjudicarse a grandes empresas y propietarios que no necesariamente se encuentren en condición de vulnerabilidad o cumplan con los requisitos para ser beneficiarios.

De forma paralela a las objeciones hechas por estos sectores al Acuerdo Rural, el Centro Democrático, a través de la senadora Nohora Tovar, radicó un proyecto de ley en que propone revertir los procesos de recuperación de baldíos adelantados por el Incoder (ahora ANT) en desarrollo de la ley 160 de 1994. Este proyecto pretende formalizar las ocupaciones ilegales de baldíos protagonizadas por “poseedores de buena fe” que han desconocido la restricción existente sobre el tamaño de esta clase de predios. Esta situación, como ya lo manifestó el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper, legalizaría la concentración y el despojo de tierras.

Tanto las objeciones presentadas a la mesa, como la agenda paralela a La Habana adelantada por estos sectores políticos, nos invitan a recordar al ya mencionado A. Berry cuando invita a comprender que garantizar abundancia de tierra para los afortunados ganadores condena al resto a tener muy poca tierra y esto afecta directamente las posibilidades de disminuir las desigualdades en el ámbito rural.

La agenda para la paz o para el posconflicto

En un país como el nuestro, y en este escenario de toma de decisiones para la paz, es importante discutir sobre los problemas relacionados con la tierra, no sólo porque allí tenemos la oportunidad de resolver las causas de una guerra que aún persiste, sino esencialmente porque implementar los acuerdos de La Habana en materia agraria es un paso en la dirección correcta para darnos la oportunidad de resolver los problemas del campo colombiano, abriendo las puertas a una estructura productiva moderna y democrática propia de un país en paz y con desarrollo social.

Para discutir sobre el panorama actual de la tierra y los retos para un eventual y esperado escenario de posconflicto, les invitamos a asistir al seminario internacional “Tierra y Paz Territorial”, que se llevará a cabo los días 26 de octubre, en la Universidad del Rosario, y 27 de octubre, en la Universidad Nacional. Las inscripciones pueden realizarlas a través del siguiente link http://eventos.urosario.edu.co/seminario-internacional-tierra-y-paz-territorial/

* Investigadores del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria.

 

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