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Colfecar, Fedetranscarga y la Asociación Colombiana de Camioneros ACC han rechazado, individualmente, la propuesta de reforma tributaria que el gobierno radicó hace dos semanas en el Congreso de la República.
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La Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga) publicó una carta abierta al presidente, Iván Duque, y al Congreso de la República, advirtió que la afectación para el transporte de carga “resultaría inconmensurable, pues tres capítulos de la indicada reforma tributaria nos afectan de manera directa y por demás inmisericorde: la sobretasa a la gasolina motor y al ACPM”.
En primer lugar, la sobretasa al ACPM tendrá una tarifa de $301 por galón a partir del 1 de junio de 2021. La tarifa aplicable a la sobretasa a la gasolina motor extra o corriente en Bogotá es actualmente de 25 %, el gremio cree que la causación y los otros aspectos técnicos para el ACPM serán iguales a los de la sobretasa de la gasolina.
Además, el IVA a los combustibles pasara del 5 % al 19 %. También hay un impuesto a la contaminación.
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“Hoy por cada galón de combustible que compramos debemos pagar de su valor el 23% en impuestos, con esta reforma pasaremos a pagar el 30%; el aumento final por galón de ACPM será de $903 pesos adicional al valor actual. El costo de transporte de carga incrementará el 20% afectando al consumidor final que somos todos los colombianos”, advirtió Fedetranscarga.
A los empresarios del sector les preocupa que estas decisiones desembocarán en una ineludible alza a los productos que los camiones transportan día a día a lo largo y ancho del país, “en detrimento de manera directa de la capacidad adquisitiva de los compradores, pues es a ellos a quienes se trasladaran esos sobre costos”.
También rechazaron el impuesto nacional a los vehículos, que aplicaría a los remolques jalados por tractomulas a partir del 1 de enero de 2022: “este gravamen afecta a todos los transportadores del país, sin determinar si son pequeños o grandes empresas, entonces el plan de renovación de flota hoy bandera del gobierno ya se verá opacado”.
La ACC, por su parte, dijo que estaba en desacuerdo con el articulado por la inconveniencia de algunos gravámenes que perjudicarían al gremio camionero, específicamente a la sobretasa al ACPM, el impuesto al carbono, el impuesto nacional de vehículos y la simplificación de los trámites para instalar peajes en ciudades.
“Estos artículos se encuentran direccionados a golpear directamente la actividad transportadora, por cuanto incrementarán los costos del transporte de carga, que en la actualidad ya están desbordados, haciendo así que la gran mayoría de camioneros colombianos en poco tiempo se vean obligados a declararse en quiebra, sumado a que se presente un incremento desbordado de los fletes que afectan al consumidor final”, resaltó el gremio en un comunicado.
La ACC advirtió que el riesgo está en que el propietario del camión busque formas de hacer reducciones en gastos para mantener su negocio, como evadir pagos de seguridad social, programar menos mantenimientos, transitar por vías sin peajes, abastecerse de combustible de contrabando, evadir impuestos, etc.
Los problemas de los camioneros no son nuevos ni comenzarán con la reforma. Por años han rechazado el valor de los fletes argumentando que no se establecieron acorde a los costos operativos de los vehículos. En 2011 el gobierno estableció el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), pero continuamente denuncian su omisión. A esta situación se suma el problema de la sobreoferta vehicular.
La ACC hizo además un llamado a las bases camioneras de todo el país para “tomar las medidas que sean necesarias con el fin de levantar la voz de inconformismo” a la eventual reforma.
Colfecar manifestó la semana pasada que las propuestas de la reforma son inoportunas, específicamente incrementar el IVA del 5% al 19% para el diésel, la eliminación de la exención de IVA al biodiesel, la creación del impuesto nacional de vehículos, el gravamen con IVA del 19% a los servicios postales y de mensajería y la autorización a los mandatarios municipales para instalar peajes urbanos.
La presidente de Colfecar Nidia Hernández Jiménez, indicó que el transporte de carga es transversal a todos los sectores económicos y que de ser aprobados estos puntos se generarían sobrecostos que impactarían significativamente los precios de todos los productos a los colombianos, poniendo en riesgo el cumplimiento de la meta de inflación del Banco de la República y la reactivación económica.
Vale la pena recordar que esta sería la tercera reforma tributaria que se tramita en el gobierno del presidente Iván Duque. Con esta que está en trámite se pretende recaudar más de $23 billones, según el Ministerio de Hacienda.