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Ya son treinta años de la declaración de la igualdad entre mujeres y hombres en la Constitución de 1991 (artículo 43), lo que representó un hito para las reivindicaciones femeninas en cuanto nuestra participación en la toma de decisiones en las esferas política, económica y social del país.
La importancia de este logro se hace aún más evidente al resaltar que apenas cuatro de las setenta personas elegidas por voto popular para hacer parte de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 eran mujeres: Aída Avella (de la UP), Helena Herrán (del Partido Liberal) y María Mercedes Carranza y María Teresa Garcés (del M-19). Como resultado de esta declaración de igualdad, el desarrollo legal nacional ha incluido aspectos como el acceso a la propiedad rural, la ley de igualdad laboral, la prohibición de la distinción basada en categorías relacionadas con el sexo, la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales, la legislación contra la violencia de género y la ley de cuotas, entre otros.
No obstante, el panorama no ha dado a las mujeres la consigna de igualdad. En el ámbito económico, la situación revela brechas y discriminaciones que, en contextos de choque como la actual pandemia por el COVID-19, apuntan a profundizar la desigualdad histórica entre mujeres y hombres.
Antes de la pandemia, la tasa de desempleo de las mujeres era del 13,6 % y la brecha en comparación con los hombres era de 5,6 puntos porcentuales (pp). Para finales de 2020, después de casi ocho meses de crisis, el desempleo femenino se incrementó 6,3 pp y la brecha respecto a los hombres se amplió aún más, la cual se ubicó en 6,1 pp, según el DANE. Esta situación revela que el mercado laboral no ha resuelto las desigualdades históricas y que los ajustes ante choques negativos en el mercado laboral se valen de profundizar las brechas de género.
En treinta años, la participación femenina mejoró sustantivamente en la educación y el mercado laboral, lo que se tradujo tanto en un aumento de la inclusión de las mujeres como de las posibilidades de movilidad social. Sin embargo, las estadísticas de participación laboral ocultan que en total las mujeres trabajamos más que los hombres sin recibir contraprestaciones sociales ni económicas, ni el reconocimiento social que tal labor implicaría. Según el DANE (2018), las mujeres trabajamos un promedio de catorce horas y 49 minutos diarios, distribuidas entre siete horas y 35 minutos en actividades remuneradas, y siete horas y catorce minutos en actividades domésticas y de cuidado no remuneradas. Esto contrasta con un total de doce horas y 39 minutos para el caso de los hombres, quienes dedican nueve horas y catorce minutos a trabajo remunerado, y tres horas y 25 minutos a trabajo no remunerado.
La mayor cantidad de trabajo de las mujeres en comparación con los hombres se debe a que nuestro trabajo remunerado no desplaza ni reemplaza el trabajo no remunerado del hogar, mientras que los hombres tienen la posibilidad de hacer ese intercambio. A esto se le conoce como “la doble jornada”, ya que una mujer que recibe una remuneración, muy probablemente, dedica muchas más horas a trabajar en su hogar antes, después e incluso durante su jornada laboral que los hombres de su núcleo familiar.
La relevancia de reconocer que la doble jornada es un problema de política radica en que esta recrudece la “pobreza de tiempo” de las mujeres, un fenómeno que se concentra tanto en nosotras, que pareciera la explicación de la raíz de las desigualdades entre hombres y mujeres (política, económica y social). Trabajar a diario más de dos horas que los hombres implica que las mujeres tenemos menos tiempo para descansar y reponer nuestra mano de obra y también para actividades de crecimiento individual, como la lectura, el aprendizaje de oficios, la participación en política y la construcción de redes sociales. Es decir, incluso si tuviéramos los mismos ingresos monetarios que los hombres en nuestros hogares, tendríamos menos oportunidades efectivas para disfrutar de los resultados de nuestro trabajo.
En el caso de las mujeres que deciden o se ven obligadas a especializarse en la provisión de cuidado y labores domésticas no remuneradas, el hecho de que esta labor no sea reconocida como una actividad que contribuye activamente a la economía se refleja en la mayor probabilidad de que haya una dependencia económica de un hombre. Tal dependencia se traduce en relaciones desiguales en las que nuestra toma de decisión se ve limitada por la opinión e incidencia masculinas.
Han sido treinta años de reconocimiento constitucional de la igualdad entre mujeres y hombres, pero la vulnerabilidad laboral, la mayor carga laboral remunerada y no remunerada, la pobreza de tiempo y la dependencia económica de las mujeres en nuestro país son obstáculos innegables para hacer efectivo el artículo 43.
Trabajar a favor de reformas que mejoren la calidad de vida de las mujeres y su participación en la vida pública necesita un abordaje legislativo y político que se base en el reconocimiento de la economía del cuidado y la pobreza de tiempo como problemas estructurales para el disfrute y la elección de un proyecto de vida de las mujeres. Esta es una de las tareas pendientes para los próximos años, ojalá menos de treinta.
*Profesora de la Facultad de Ciencias Económicas e investigadora del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la U. Nacional.
**Economista. Semillero EconomistaA. U. Nacional.