Tributos toman forma

La plenaria del Senado aprobó en bloque 54 artículos de la propuesta presentada por el Gobierno. Críticos dicen que el Ejecutivo está improvisando. El proyecto pasará a la Cámara.

Después de dos semanas intensas, en las que los empresarios le apretaron el cinturón al Gobierno y le advirtieron que si no daba el brazo a torcer para hacerle modificaciones al proyecto de reforma tributaria radicado en el Congreso, la competitividad del país se pondría en riesgo y la inversión extranjera terminaría por cambiar de destino ahuyentada por la carga de impuestos, ayer el texto que el Ejecutivo llevó a la plenaria del Senado fue aprobado en bloque en 54 de los 72 artículos que lo componen.

Los votados, advirtieron varios senadores, como Claudia López, fueron aquellos artículos que no tenían proposiciones modificatorias. Luego fueron aprobados con ponencias positivas al Gobierno los artículos 51, 52, 62 y 63. Al cierre de esta edición faltaban por discutir los que tenían ponencias negativas y se estaban avalando los que venían de la redacción del Gobierno y en donde no se aceptaron las propuestas de los senadores.

En términos generales, se excluyó la penalización de los evasores de impuestos, a quienes se les ofrecerá una amnistía para que paguen sus obligaciones. El Gobierno advirtió una y otra vez que no se tocará la clase media, el 4x1.000 se mantiene y quienes deben pagar el impuesto a la riqueza son los “contribuyentes del impuesto sobre la renta en Colombia (personas naturales, personas jurídicas, sucesiones ilíquidas y sociedades de hecho, extranjeros con domicilio o residencia en Colombia)”, manifestó el Gobierno. Además de “las personas naturales no residentes en Colombia, sobre la riqueza que poseen en el país” y “las personas jurídicas extranjeras sobre la riqueza que poseen” en Colombia.

Los que quedan excluidos de dicho tributo serán los “consorcios y las uniones temporales”, los “inversionistas extranjeros de portafolio”, las “entidades sin ánimo de lucro”, los “fondos de inversión, fondos de valores, fondos comunes administrados por entidades fiduciarias y fondos de pensiones y cesantías”, además de los “centros de eventos y convenciones con participación mayoritaria de las Cámaras de Comercio y que sean Empresas Industriales y Comerciales del Estado”. Tampoco las “entidades que se encuentren en liquidación, concordato o acuerdo de reestructuración”.

Recordaron que quien tenga una “posesión de riqueza (patrimonio bruto – deudas) a 1° de enero de 2015, por un valor igual o superior a $1.000 millones” será quien debe asumir el criticado gravamen con el que se cubrirá el déficit fiscal de los $12,5 billones para 2015. Y, en un debate con posiciones encontradas, al cierre de esta edición estaba sobre la mesa el artículo 4, que tiene que ver con la base gravable de, precisamente, el impuesto a la riqueza.

Allí se habla de exclusiones en acciones y participaciones en sociedades nacionales (poseídas directamente o a través de vehículos como FIC, fiducias o fondos de pensiones), inmuebles de uso público de empresas públicas de transporte masivo, activos para mejoramiento del medio ambiente, la reserva técnica de Fogafín y Fogacoop, y el valor de operaciones activas de crédito y leasing otorgadas por bancos del exterior a residentes o domiciliados en Colombia.

El senador Alfredo Ramos aseguró que “el Centro Democrático se opone a la nefasta reforma tributaria que se vota en el Senado”, advirtiendo que les mete la “mano al bolsillo de los colombianos, aleja inversión y el empleo”. Desde su cuenta de Twitter sentenció que “en tres semanas se ha cambiado tres veces la reforma tributaria. Improvisación de gobierno Santos no tiene límites”.

El proyecto, ampliamente criticado, en primera instancia fue redactado por el Gobierno, ajustado por las comisiones económicas, aprobado en esa instancia, luego modificado por el acuerdo entre el Ejecutivo y los empresarios y ahora vive un nuevo proceso en las plenarias del Legislativo. A comienzo de esta semana, precisamente, los técnicos del Gobierno, junto con los de los 21 gremios, acordaron que la tarifa a la riqueza baje de 1,3 a 1,15% en 2015. Para 2016 que se mantendrá en 1% y para 2017 bajará de 0,75 a 0,4%. En 2018 desaparecería. Se dejó claro también que la tarifa del impuesto a la equidad CREE se elevará de 4 a 5% en 2015, un año después se mantendrá en 6%, en 2017 pasará de 7 a 8% y en 2018 se elevará a 9%.

Ahora, el proyecto pasará a la plenaria de la Cámara de Representantes, donde se espera que sea aprobado hoy.