:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/wAES6QOW2ysfl3GQvhSPaNAgT1c=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/PTOJJSJBPBBDXCEQQ6UGKMW57E.jpg)
El nombre hace referencia a la modalidad que cada vez toma más fuerza en el mundo, el carpooling, que consiste en compartir el carro con personas que vayan a un mismo destino o cerca de él y que por lo general comparten los gastos de transporte.
En el caso de Uber, la idea es que los llamados “socios conductores”, que le pagan a la multinacional una comisión de máximo 25 % por cada viaje, transporten varias personas al tiempo. La plataforma busca coincidencias entre máximo dos pasajeros que vayan hacia el mismo lugar y el costo se reparte entre ellos.
“Se trata de mover más personas en menos carros (...). Con el tiempo, tendremos menos trancón en Bogotá”, explicó la plataforma en un comunicado. El lanzamiento será en la capital del país el próximo 21 de junio. El servicio lo ofrecerán carros particulares que trabajan con Uber bajo la modalidad conocida como Uber X.
Desde diferentes sectores, como el Gobierno, los taxistas y el servicio de transporte especial (reconocido por su placa blanca), ha habido consenso en que el servicio que Uber presta en carros particulares transgrede el marco normativo nacional. La multinacional estadounidense lo ha defendido argumentando que es una forma de generar empleo e independencia, incluso para el género femenino, tradicionalmente una minoría en el sector transporte.
Hace dos semanas, cuando la multinacional Cabify anunció que, al igual que Uber, empezaría a ofrecer sus servicios a usuarios particulares, Lupoani Sánchez, presidente del gremio del transporte público especial, Acoltés, aseguró que todo el sector debería unirse para combatir el servicio de transporte de pasajeros en carros particulares.
José Stalin Rojas, experto en movilidad del Observatorio de Logística, Movilidad y Territorio de la Universidad Nacional, opinó que el Gobierno se ha quedado corto en la reglamentación, pues Uber y otros siguen operando en una “zona gris”. “El Estado debe reconocer la realidad tecnológica actual y priorizar la calidad en el servicio. Ha permitido que el modelo de taxis amarillos migre al taxi de lujo, pero eso no soluciona el problema de las realidades tecnológicas ni del servicio”, explicó.