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Luego de seis años de operación en Colombia, Uber dejará de funcionar en el país desde las cero horas del 1 de febrero. Así lo anunció este viernes a través de un comunicado en el que explicó que esto es consecuencia del fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), según el cual la compañía debe suspender la prestación de sus servicios. En el marco de una demanda hecha por un proveedor de Taxis Libres, la SIC determinó que Uber incurrió en competencia desleal por violar las normas y desviación de la clientela. (Lee también: “El Gobierno prefirió proteger los monopolios”, y otras reacciones sobre la salida de Uber de Colombia)
El anuncio es, sin duda, un triunfo para un sector del transporte —particularmente taxistas— que desde el principio rechazó el tipo de servicio que presta Uber, por considerar que no respeta las normas colombianas (al usar carros particulares y de servicio especial o placa blanca) y que ejerce una competencia injusta. También ha habido quienes se han opuesto a prácticas de la compañía como no vincular laboralmente a los conductores que generan ingresos a través de la plataforma. Todo esto solo por mencionar algunos de los elementos de por qué Uber ha sido polémica, no solo en Colombia, sino muchas partes del mundo.
Sin embargo, alrededor de este tema también gravitan implicaciones para quienes han defendido la plataforma: dos millones de usuarios en un país en el que deficientes e inseguros servicios de transporte son el pan de cada día, y 88.000 conductores que se han registrado en la plataforma, seguramente atraídos por la expectativa de encontrar una fuente de ingresos en un país con una informalidad laboral de casi el 50 %, una tasa de desempleo que gira en torno al 10 % y una desocupación juvenil de casi el doble.
Un laberinto normativo
En su comunicado, la empresa agregó: “Uber respeta la ley y las decisiones emitidas por las autoridades. Sin embargo, decisiones como esta responden también a la ausencia de una reglamentación del servicio de movilidad colaborativa a través de plataformas tecnológicas en Colombia”. Durante sus seis años de operación, Uber dijo varias veces tener disposición para hablar con las autoridades y discutir un marco regulatorio que permitiera operar en el país a las nuevas alternativas de transporte.
Sin embargo, desde el principio se levantó una diferencia casi ontológica y, por tanto, irreconciliable: este y el Gobierno anterior le han dado a entender a Uber que es bienvenido si quiere operar, pero que se habilite como empresa de transporte. La compañía no lo ha hecho, pues Uber llegó al país afirmando que su ADN es tecnológico: el de una plataforma que, usando internet, simplemente media entre una oferta (un vehículo disponible) y una demanda (el usuario que necesita transportarse).
Ante la evidente demanda del público por nuevas y mejores alternativas de transporte individual, con las leyes existentes, el Gobierno anterior dio como solución los taxis de lujo, creados por decreto, con determinadas exigencias técnicas, tecnológicas y estéticas. La implementación quedó en manos de las autoridades de cada ciudad. En Bogotá, por ejemplo, el asunto ha intentado avanzar. Sin embargo, el año pasado el Ministerio de Transporte expidió un proyecto de decreto que implicaría cambios a las reglas vigentes para el nivel de lujo, según explicó la Secretaría de Movilidad.
El viernes, a raíz del anuncio de Uber, el Ministerio de Transporte emitió un comunicado según el cual Colombia “es un país que promueve la innovación y la inversión extranjera bajo las perspectivas de cumplimiento de la normatividad vigente, la legalidad y el cumplimiento de la ley”. Recordó el marco normativo para la habilitación de transporte de pasajeros y concluyó señalando que “se deben realizar reformas en el Congreso de la República para prever estos fenómenos nuevos de economía colaborativa, que permitan nivelar las reglas del juego para todos los actores, determinando nuevas condiciones de habilitación”.
En efecto, desde el Congreso han intentado, sin éxito, poner orden al asunto desde lo legislativo. Una de las propuestas más recientes es la del representante Mauricio Toro (Alianza Verde), que busca regular este tipo de servicios bajo el concepto de “servicio privado de transporte intermediado por plataformas digitales”, que aguarda su primer debate en Cámara. Para Toro, “es apresurado por parte de Uber irse del país sin que se haya resuelto el recurso de apelación por parte del Tribunal Superior contra la decisión de la SIC, que fue desproporcionada y que desconoció los intereses y derechos de los usuarios y las miles de familias que se sustentan económicamente en la plataforma”.
Toro se refiere a la competencia del Tribunal Superior de Cundinamarca en la apelación que hizo Uber a la decisión de la SIC. En una respuesta por escrito a El Espectador, Uber indicó: “aprovechamos para aclarar que el fallo de la SIC no se suspende por haber presentado la apelación. Uber apeló inmediatamente este fallo y se están utilizando todos los recursos legales nacionales e internacionales”.
Sobre esto último, vale la pena recordar que esta semana también se supo de la intención formal de Uber de emprender acciones judiciales en contra del Estado colombiano, pues considera que la decisión de la SIC implica un incumplimiento al tratado de libre comercio que tiene Colombia con Estados Unidos.
¿Y ahora qué?
Beat, otra de las muchas aplicaciones similares a Uber que existen en el país, manifestó que “lamenta las decisiones adoptadas recientemente en el país en torno a la industria que están limitando el acceso a servicios y oportunidades”, y agregó que tiene “la esperanza (de) que la situación actual abra un diálogo con el Gobierno para crear una discusión acertada en la cual se tengan en cuenta todas las partes y se priorice al ciudadano”.
Por el momento, Uber no cerrará sus oficinas en el país, pues servicios como el de Uber Eats (entrega de comida a domicilio) seguirán funcionando.
La realidad para Uber, como empresa global, parece disonante: mientras por un lado está a la vanguardia de discusiones como la de los vehículos autónomos y los carros voladores (con aliados como Hyundai), por otro se sigue enfrentando a las regulaciones en países y ciudades (Colombia o Londres, por ejemplo), con lastres como la discutible reputación de su cofundador y exdirectivo Travis Kalanick, quien vendió todas sus acciones en la empresa y desde este año dejó el consejo de administración.
En Colombia, mientras el futuro de la suspensión del servicio de Uber sigue en manos del Tribunal Superior de Cundinamarca, Uber se despidió de sus usuarios diciendo que espera que sea un “hasta pronto” y pidiendo que la gente se uniera a un hashtag en redes sociales: #Una SolucionParaUberYa. Durante todo el viernes, esta y los nombres de otras aplicaciones (Beat, Didi, InDriver y Cabify) fueron las principales tendencias en redes sociales, un indicio de que el tema, al menos para el público en internet, es relevante.