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Este lunes un juez le ordenó a Uber y a Lyft convertir a sus conductores de California de contratistas independientes a empleados con beneficios, una pérdida temprana en una batalla judicial que la economía informal no puede permitirse perder.
El fallo no será la última palabra, ya que se espera que las empresas de transporte público apelen la orden judicial preliminar de gran alcance que podría obligarles a interrumpir sus servicios mientras descubren cómo ajustar su modelo de negocio para cumplir con ella.
El caso presentado por los funcionarios de California para hacer cumplir una ley laboral estatal que entró en vigencia este año es la amenaza legal más grave hasta ahora para la economía informal, y llega en un momento particularmente difícil para la industria de los viajes compartidos. Diezmada por las restricciones de viaje relacionadas con el coronavirus, Uber amplió sus pérdidas y reportó una disminución de 67% en los ingresos por viajes durante el trimestre de junio.
La noticia borró algunas de las ganancias de las acciones de Lyft el lunes, y las acciones de Uber terminaron el día con una caída de casi 2%. Lyft informará sus resultados el miércoles.
El juez del Tribunal Superior de San Francisco Ethan Schulman pausó la medida cautelar durante 10 días para que las empresas puedan apelar su decisión. Uber y Lyft no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
Si Uber reclasifica a sus conductores como empleados, los precios de los viajes aumentarían hasta 30% en San Francisco y hasta 120% en el menos poblado Inland Empire, donde la demanda es escasa, según un análisis de Uber.
Schulman estuvo de acuerdo con el Fiscal General de California Xavier Becerra en que Uber y Lyft están violando el Proyecto de Ley de la Asamblea 5, que dice que los trabajadores generalmente solo pueden considerarse contratistas si realizan tareas fuera del curso habitual de los negocios de una empresa.
Si las empresas se ven obligadas a reclasificar a sus conductores de California como empleados, estarían en riesgo de pagar horas extras, atención médica y otros costosos beneficios.
El abogado de Lyft argumentó en una audiencia el 6 de agosto que la orden judicial solicitada por Becerra causaría estragos en los servicios de las empresas y causaría un “daño masivo” a conductores y pasajeros.
La ciudad de San Francisco, donde se encuentran ambas compañías de transporte, se unió a la demanda de Becerra y argumentó que los conductores han sufrido durante años porque Uber y Lyft se habían convertido en gigantes violando la ley laboral estatal.