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Afuera se escuchaban gritos. Una voz amplificada por un megáfono convocaba a otras a manifestarse en contra de los malos sueldos y las precarias condiciones de trabajo, eran los maestros de Chocó que se sumaron a la protesta nacional. Hacía unas horas la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios había denunciado que 2.000 indígenas y afrodescendientes han sido confinados o desplazados a causa del conflicto armado en Bagadó. En ese departamento un niño tiene el doble de posibilidades de morir con respecto a los de otra región.
Adentro, en el auditorio del Banco de la República, ubicado frente a la catedral San Francisco de Asís, líderes empresariales soñaban. La única alternativa que hay en un departamento diezmado por la violencia y la injusticia. El discurso de la alcaldesa de Quibdó, Zulia Mena, y la directora de Invest in Chocó, Mariela Palacios, estuvo plagado de alusiones a sus ancestros. “El que no alcanza, pone bancos”, dijo uno. “Hay dos mundos: el físico, donde todo es difícil, y el otro, el de los deseos y la fe”.
Estaban dichosas. Por fin, después de tres años de trabajo, se lanzó Invest in Chocó, una iniciativa con la que el departamento espera atraer inversión nacional y extranjera que promueva el desarrollo empresarial y el aprovechamiento sustentable de las materias primas que hay en esa región.
“Esta agencia va a fortalecer el tejido empresarial de Chocó, que de alguna manera es débil. Necesitamos que vengan a invertir, pero también que con nuestra ayuda direccionen esas inversiones. Deben ser iniciativas de gran impacto que nos permita aprovechar los recursos de manera sostenible, pero que también aumenten nuestra capacidad instalada”, dijo Elsa Paselia Delgado, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Chocó.
En este momento, en la base de datos de la Cámara del departamento, hay inscritas 12.500 empresas, la mayoría dedicadas al sector de servicios, pero sin la certeza de que las que aparecen en los inscritas estén o no activas. Y sumado a ello, un 50% adicional, en la informalidad. En consecuencia, la mitad de las personas empleadas se mueven en ese mismo círculo.
Además de la violencia y el olvido estatal que caracterizan el discurso sobre este departamento, a nivel productivo presenta inconvenientes que no radican en la falta de mano de obra, sino en la de empresas formales de trabajo que garanticen que la formación de los jóvenes sea aprovechada en la industria y en su desarrollo personal.
Según el Observatorio Laboral para la Educación, entre 2001 y 2013, en Chocó— entre técnicos profesionales, tecnológicos, universitarios y posgrados— han obtenido título de estudios superiores 15.629 personas. Son ellos los principales afectados por la falta de inversión privada, de empresas que quieran apostarle al departamento.
“El 60% de la población es joven y aunque la mayoría se preocupa por estudiar, porque entendemos que la educación nos permite avanzar. El problema es que terminan la universidad y no consiguen fuentes de empleo, ese es el gran cuello de botella”, dice la mandataria de la capital chocoana. Esta situación ha hecho que el departamento dependa, en un gran porcentaje, de subsidios del Gobierno, a lo que se suma una desorganización institucional que permite que las pocas personas que hacen negocio allí no reinviertan en la región.
La presidenta del Consejo Privado de Competitividad, Rosario Córdoba Garcés, asegura que es urgente la participación del sector privado en Chocó. “El Chocó ocupa el lugar número 31, de 32 departamentos en el índice de competitividad. En institucionalidad, la calidad de las entidades privadas y públicas, ocupa el 24, la cobertura de educación media es baja, al igual que la de servicios públicos y cobertura de energía eléctrica. Estas cifras que un país con el desarrollo que tiene Colombia no quisiéramos tener. Las condiciones básicas son precarias”.
Para que perdure Invest in Chocó —apoyada por la Usaid, la Gobernación, la Alcaldía, la Cámara de Comercio y la Andi—, según Córdoba Garcés, “la participación del sector privado ayuda a que las visiones sean de largo plazo, porque las empresas están permanentemente y las administraciones cambian cada cuatro años. Lo ideal es que las políticas sigan independientemente de la administración”.
Uno de los primeros proyectos que se materializó con una inversión extranjera y uno de los ejemplos de las bondades de invertir en esa zona del país fue la exitosa creación de un call center por parte de la multinacional Atento.
“Hace dos años montamos una operación en Quibdó para atender a nuestro cliente Telefónica y hoy tenemos unos indicadores igual de buenos o mejores que otras ciudades de Latinoamérica. Hay un recurso humano extraordinario, pasamos de tener una operación que funcionaba con empleados de otras regiones y ahora todo el equipo de trabajo es local. Es una buena plaza y el nivel educativo que encontramos es incluso superior al que encontramos en otras ciudades”, manifiesta el country mánager de la firma, Miguel José López.
Como esa compañía, Easyfly, que lleva más de siete años en el mercado local, se ha consolidado con el 44% de la participación en un destino que atrae, por lo menos, 400 mil personas anuales. Con el alargamiento en 400 metros de la pista del aeropuerto El Caraño se espera la llegada de otro tipo de aviones que hoy, por las condiciones, no pueden cubrir esa ruta. Incluso, dijo el presidente de la compañía, Alfonso Ávila, la demanda exige una nueva aeronave que será integrada próximamente.
Prevenidos por la necesidad de llamar inversión, pero con la preocupación de generar un desarrollo incluso para las minorías que habitan el departamento, cerca del 90% afrodescendiente y el restante indígena.
“Una vez que un proyecto va a impactar a la comunidad dueña de algún territorio, lo que hacemos es involucrarlos y deben ser ellos los que decidan si se puede seguir adelante o no. La consulta previa no tiene problemas si se hace bien”, aclara Palacios.
A pesar de la incredulidad de algunas entidades privadas y públicas, como dijo la burgomaestre, hoy uno de los departamentos más pobres del país creó una iniciativa desde la región para “dejar de poner la mano”, para lograr una independencia económica con la qué atender sus necesidades, las que ellos conocen, las que saben que necesitan. Si llega a buen puerto, a largo plazo, necesitarán menos al Gobierno de turno, podrá atender a sus dos mil desplazados por la violencia, a sus jóvenes ilusionados con la pelota y a sus enfermos, todos ellos, víctimas “colaterales” del desarrollo de otras regiones que “sí” son competitivas.