Un 'empujón' a las consultas previas

El Gobierno expidió un decreto para agilizar este procedimiento de cara a la ejecución de obras civiles. La normativa busca crear un protocolo de coordinación entre entidades públicas.

Hay obras en donde no se conocen comunidades, pero luego aparecen en el momento de ejecutar los desarrollos de infraestructura. / Gabriel Aponte

La ley de infraestructura, con la que el Gobierno busca desenredar la ejecución de obras civiles simplificando temas complejos como licencias ambientales, predios y redes de servicios públicos, no es la única tarea que tiene el gobierno Santos en este campo. Dar celeridad a la realización de consultas previas para poner en marcha numerosos proyectos, es otro de los asuntos del listado que más tiempo han tomado. Por ello, el jefe de Estado y tres de sus ministros firmaron un decreto para poner en marcha el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Consulta Previa.

El documento (Decreto 2613 de 2013), conocido por El Espectador, dice tener como objetivo “facilitar la coordinación interna de las entidades públicas involucradas, a efectos de garantizar la integración de las competencias correspondientes y la distribución eficaz de los recursos, así como la eficiente circulación de la información relevante; garantizar la transparencia en los procesos de consulta previa, así como permitir el seguimiento al cumplimiento de los deberes de los funcionarios de las entidades responsables, en el ejercicio de sus respectivas competencias”.

La creación de este protocolo, asegura el decreto, busca “compartir criterios e información actualizada que sirvan de soporte para la expedición de las certificaciones de presencia de comunidades étnicas y para el desarrollo mismo de la consulta”. Este documento (que tiene las firmas de los ministros de Agricultura, Rubén D. Lizarralde; Interior, Aurelio Iragorri, y Ambiente, Luz Helena Sarmiento, estableció que el protocolo para agilizar las consultas será usado en “proyectos prioritarios, presentados y monitoreados por el gerente de Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (Pines)”. Estos, según el documento Conpes 3762 de 2013, corresponden a áreas como infraestructura de transporte, minería y energía y suman 250 iniciativas. También, estará relacionado con proyectos que enfrenten dificultades de gestión en el desarrollo de la consulta.

Otro de los puntos claves del decreto consiste en que en manos del mininterior quedará la competencia exclusiva de certificar la presencia de comunidades étnicas para la realización de consultas. Entretanto, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) será el encargado de proveer a la Dirección de Consulta Previa de ese Ministerio la información actualizada relacionada con resguardos constituidos, en constitución y de títulos colectivos de comunidades negras. “No obstante, el Incoder conservará la potestad de certificación en asuntos ajenos al ámbito de la consulta previa”.

Adicional a esto, la Dirección de Consulta Previa requerirá, por parte de los ejecutores de un proyecto determinado, la descripción de la iniciativa y su área de influencia. Además, el Gobierno decretó que al certificarse la presencia de comunidades en las zonas aledañas a los proyectos, la Dirección coordinará con las entidades públicas y organizaciones involucradas para hacer un plan de trabajo a la hora de hacer las consultas. Asimismo, la autoridad ambiental deberá estar presente en las reuniones en las que se haga el proceso, para “identificar impactos y medidas de manejo de aquellos proyectos para los que se deba expedir licencia ambiental”.

Luis F. Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), aseguró que el decreto expedido por el Gobierno es un complemento a la ley de infraestructura. “No podemos cambiar con esta ley de transporte los temas de consultas, porque tendríamos que hacer algunas para poder pasar el proyecto. Entonces lo que decidió hacer el Gobierno consiste en que dentro del mismo marco de ley se hará un decreto y un protocolo para hacer más expedito el proceso de consultas”. Entretanto, la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa, reiteró que el asunto de las consultas es uno de los que más han dificultado el avance de las obras de infraestructura.

Un experto en temas jurídicos de la Cámara Colombiana de la Infraestructura que pidió no ser mencionado dijo que el decreto en efecto coordina a las entidades públicas, pero señaló que el asunto de consultas previas debería estar en el rango de ley estatutaria y no de un decreto como el que fue firmado por el Gobierno. Sin embargo, esta nueva normativa no va en contravía de los derechos fundamentales que se establecen en la Constitución Política.

Entretanto, otra fuente del sector manifestó que los concesionarios que realizan algunas de las grandes obras de infraestructura no están en obligación de dar a las comunidades soluciones que el Estado no ha otorgado. Algunas de ellas son, por ejemplo, escuelas, viviendas, acueducto y algunas necesidades básicas.

Agregó que se deben ajustar procedimientos para establecer la presencia de comunidades, ya que por ejemplo en una obra como el Tramo 3 de la Ruta del Sol, se estableció en un comienzo que no existían comunidades aledañas a la obra, pero tiempo después se determinó la presencia de 13.

[email protected]

@hector_sandoval

Temas relacionados