Una 'fractura' que le mueve el piso al Estado

Esta polémica resurgió luego de dos años de que el Gobierno realizara los estudios que le permitieron expedir las reglas de juego para el uso del ‘fracking’. La Contraloría expidió una nueva alerta por permitir ofertar bloques para este sistema.

Este mecanismo transformó a Estados Unidos, y de ser un importador lo convirtió en un productor exitoso. Este campo se encuentra en California en la formación de Shale Monterrey. / AFP

El país está enfrascado en una discusión bizantina por un tema que a muchos se les antoja calificar como “una fractura entre la política y la ciencia”.

Se trata de la estimulación hidráulica, conocida también como fracking, bautizada por algunos como la “pócima mágica”, que le permitirá al gobierno del presidente Juan Manuel Santos triplicar las reservas de petróleo, tal y como lo hizo Estados Unidos, y de paso mejorar las alicaídas finanzas del Estado.

Pero qué es el tal fracking o estimulación hidráulica, como ahora el Gobierno le llama a este controvertido sistema de extracción, por el cual están enfrentados ambientalistas, industriales, académicos y simples mortales que desconocen qué es, cómo funciona y cuáles son sus consecuencias en el medio ambiente y las comunidades.

Se trata de una técnica que utiliza agua a presión para provocar pequeñas fisuras en la roca, conocida también como fracturamiento hidráulico, lo que permite liberar el petróleo que se encuentra allí atrapado.

Pero esta acción está acompañada de la inyección de algunos productos químicos que podrían provocar la contaminación de acuíferos; sin embargo, expertos contratados por el Gobierno durante dos años, para definir las reglas que regirán el uso de esta técnica, desmintieron que su práctica sea peligrosa si se hace bien.

Desde hace 50 años se viene desarrollando este sistema en la exploración de yacimientos convencionales en Colombia. De acuerdo con Ecopetrol, los aditivos que son utilizados en el fluido que se inyecta para fracturar la roca son de uso doméstico.

Asimismo, señala la estatal petrolera, que “de acuerdo con los estudios de los campos donde se ha practicado esta técnica, en los últimos 20 años no se ha evidenciado actividad sísmica asociada con estas operaciones”.

Y si bien la preocupación es válida para las comunidades y para los ambientalistas, es necesario que un tercero sea el encargado de dar una solución a esta controversia que cada vez divide más a los colombianos y pone en riesgo la autosuficiencia petrolera de 6,6 años y reaparezca el fantasma de la importación de hidrocarburos en un país con un alto potencial petrolero.

El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda, señaló recientemente “que al defender la utilización del fracking, la industria no está pidiendo que las autoridades ambientales se relajen, sino que se hagan las cosas bien”.

“El país ya se tomó dos años para establecer los términos de referencia para la exploración, que son de los más exigentes en el mundo, por lo que ya es hora de avanzar”, recalcó.

Mientras que la posición de la ACP es avanzar de manera responsable, el exministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez Becerra considera que la decisión adoptada por el Gobierno es un riesgo muy alto.

El exfuncionario sostiene que si no existiera incertidumbre por la aplicación de esta técnica, no hubiera sido prohibida en Francia, Alemania, y no estuviera cuestionada en Inglaterra y en más de 300 comunidades de Estados Unidos.

Ya el viceministro de Energía había señalado que la normatividad expedida es clara y que las empresas exploradoras que usen el fracking están obligadas a revelar los productos químicos que mezclarán con el agua para fracturar las rocas, lo que permitirá hacer un estricto control y evitar daños ambientales. Además recalcó que se requerirá una licencia ambiental de la autoridad ambiental para dar vía libre a su aplicación.

Y pese a que crecen las dudas sobre la conveniencia del fracking y se mantiene el afán del Gobierno por poner en práctica este mecanismo que les permita superar los 2.485 millones de barriles de reserva, Rodríguez considera que es necesario crear una unidad de fracking que designe una comisión independiente que le diga de una vez por todas al país, de manera transparente y responsable, cuáles son los riesgos reales de este procedimiento.

Muchos dicen que provoca cáncer, que la fracturación de la roca y la reinyección de aguas residuales generan temblores y contamina el agua y el aire con productos radiactivos o tóxicos que alimenta el efecto invernadero, el cual se traduce en calentamiento global. Mitos o realidades, el país tiene derecho a saber la verdad, por cruda que sea, y tomar partido.

Hace pocos días las autoridades de Nueva York prohibieron su utilización por considerarla inconveniente para la salud; sin embargo, en otros estados no sólo se está usando hace varios años, sino que se proyecta su ampliación. Así mismo en la Universidad de Ohio, demostró que el sismo que se registró en Poland (Estado de Ohio) fue como consecuencia de la utilización de fracking.

Además de Estados Unidos y Canadá, países que hoy lideran la exploración y producción de no convencionales, 21 países más lo utilizan, entre los que se destacan México, Polonia, Suecia, China, Argentina, España, Lituania y Dinamarca.

Pero en Colombia la controversia cada día se polariza más. Hace apenas unos días la Contraloría General de la República llamó la atención a los ministros de Minas y Energía y Medio Ambiente por haber permitido subastar bloques para la exploración de hidrocarburos no convencionales, sin definiciones ambientales, como lo hizo la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) durante la Ronda Colombia 2014, lo que representa riesgos innecesarios.

El ente de control considera que los ministerios no atendieron el control de advertencia sobre los riesgos de la explotación de hidrocarburos no convencionales por medio del fracturamiento hidráulico, que ha sido prohibido, suspendido o restringido en países como Francia, Bulgaria y Australia, al comprobarse los efectos negativos en materia ambiental.

De acuerdo con la Contraloría, el Ministerio de Ambiente no respetó el Principio de Precaución consagrado por la Constitución, que determina “que en caso de que no haya certeza sobre efectos nocivos, el Ministerio deberá propender por la prevención en pro de impedir la degradación del medio ambiente, y no lo hizo”. Por ahora seguirá el debate, pero lo importante es que se llegue a una conclusión transparente que beneficie a cada unos de los colombianos.


* [email protected] / @jairochacong