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La reforma tributaria (la de 2021, por si acaso hay un déjà vu), cuyo proyecto de ley aún no ha sido radicado oficialmente, viene haciendo ruido desde hace semanas por cuenta de las declaraciones de funcionarios del Ministerio de Hacienda. En los corrillos económicos suenan con fuerza dos posibles propuestas: la primera de ellas se ha mencionado ampliamente y está asociada con que la reforma extenderá el IVA del 19 % a una gran parte de la canasta familiar que hoy está exenta del tributo. Este es un tema que crea discordia y angustia en el bolsillo de los colombianos en medio de la peor crisis económica en casi un siglo.
La segunda idea, mencionada por los medios especializados y los “economistas de la séptima” (como recientemente denominó el profesor Álvaro Moreno en el portal Razón Pública a la ortodoxia local de las instituciones cercanas a esta avenida en Bogotá), es que de no hacerse la reforma tributaria Colombia perderá el “grado de inversión”. Esta es una alerta que para muchos es sinónimo de debacle o catástrofe y que rara vez va acompañada de un examen más a fondo por la naturaleza del concepto o sus administradores: las calificadoras de riesgo.
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Estas podrían entenderse como entidades que se encargan de emitir conceptos sobre riesgo crediticio. Uno pensaría en este punto en una noción objetiva de calificación, como la que tratamos de dar la gran mayoría de veces los profesores en un examen. Sin embargo, un examen es un escenario relativamente estático y de poca incertidumbre ante unas reglas muy claras (claro, hay excepciones). En el caso de una calificadora, como ellas mismas lo reconocen, lo que hay es una opinión sobre la calidad crediticia, la capacidad y la voluntad de pagar de una empresa, una entidad o un país.
En este sentido, estas opiniones de las calificadoras suelen estar asociadas con un rango. Por ejemplo, el de la famosa calificadora S&P (Standard and Poor’s) fija el nivel de “AAA” en el caso de que haya una capacidad muy sólida de cumplir las obligaciones y “D” en el caso de que haya incumplimiento de estas. Dentro de este rango, entonces, se tiene un espectro de calificación de cinco niveles entre el renglón “AAA” y el “BBB-”. A este rango se le conoce como grado de inversión.
Colombia está hoy en el nivel “BBB-”. En otras palabras, está en la parte baja del grado de inversión y a un paso de caer al especulativo, que está entre los peldaños “BB+” y “D”.
Si se mira en detalle, desde 2013 el país ha hecho cinco reformas tributarias y usualmente antes de cada una de ellas aparece el fantasma de las sanciones de las calificadoras. Lo curioso, incluso macabro, es que a pesar de estas cinco reformas la calificación de S&P entre 2013 y 2017 era de “BBB” y desde 2017 hasta hoy está en “BBB-”. En otras palabras, las reformas no han ayudado a mantener el grado de inversión, que, de hecho, se ha erosionado. Por supuesto, las calificaciones no solo tienen que ver con las reformas, sino con otros factores, entre ellos los diferentes escenarios macroeconómicos, la estabilidad política y muchos elementos que pueden revisarse en los manuales de cada calificadora.
Ahora bien, con una idea más clara de qué es el grado de inversión (y la volatilidad que entraña), vale la pena preguntarse si en la peor crisis de la historia reciente se debe tener miedo ante la amenaza latente de perderlo y, sobre todo, a no criticar la labor de las calificadoras de riesgo y sus opiniones.
Entre los analistas tradicionales la respuesta es repetitiva: “Si se pierde el grado de inversión, se encarecerá el crédito para el país y pueden venir dificultades para el futuro”. En esta perspectiva, entonces, la reforma tributaria se lee como un condicionamiento de los inversionistas y sus aliados, las calificadoras. ¿Hay un poder coercitivo de las agencias calificadoras sobre las instituciones del Estado, con las implicaciones para la democracia que esto implica? En un escenario como el actual la respuesta es sí.
Uno de los asuntos que más preocupan es que las agencias no son completamente neutrales y muchas veces sus opiniones están condicionadas a intereses de actores financieros, como se dio en la crisis de las quode 2008, en la que muchos títulos financieros, en principio muy bien calificados, acabaron convertidos en basura financiera pocos meses después. Al final había muchos actores poderosos interesados en mantener ciertas notas de calificación, que para ese momento eran tan artificiales como medir el riesgo tirando una moneda al aire.
De este modo, uno de los argumentos para hacer la reforma se deriva de sistemas de evaluación que provienen de unos actores con muchos grises, y que hoy siguen juzgando a los países con una amnesia selectiva sobre el escenario actual: una pandemia que ha llevado a niveles históricos de decrecimiento a la economía global y de manera especialmente dramática a los países periféricos.
Hoy la presión de las calificadoras se basa, en parte, en que Colombia tiene un déficit fiscal cercano al 9 % (cifra que le ha dado una estocada fuerte al discurso sagrado de la regla fiscal que algún día querrá volver, con sus consecuencias). Sin embargo, no entender que en una crisis de esta dimensión los niveles de gasto público no pueden evaluarse con las mismas condiciones que se hacían antes es un acto de miopía voluntaria por parte de las calificadoras.
Ese error tendrá consecuencias sobre miles de colombianos de clase media, que en medio de la crisis pagarán los platos rotos de la reforma porque, por lo que se sabe, el Gobierno no está pensando en gravar a los más ricos.
Los estudiantes dicen muchas veces “profe, póngase la mano en el considere”, y en medio de la pandemia las universidades han entendido que hay que ser flexibles en la calificación e, incluso, muchas han implementado sistemas de calificaciones cualitativas o de pérdida de materias sin registro en la historia académica o de créditos.
Las calificadoras de riesgo igualmente podrían repensar sus ránquines, su discurso y sus niveles de grado de inversión para que se acoplen a los tiempos impensables que vivimos. Esto no es solo un pensamiento bienintencionado, sino debería ser una obligación moral y financiera de unos actores que hace poco más de una década ayudaron a engendrar una crisis económica a escala global que parecía no tener comparación, hasta que llegamos a los años de la pandemia. Viene siendo hora de mirar el mundo por lo que es, de verdad, sin los prismas de Wall Street.
Y aunque para algunos economistas de la séptima haya que hacer la reforma al precio que sea para mantener el statu quo de beneficios de muchos actores financieros locales e internacionales, al final de los discursos y las abstracciones hay gente bajo presiones innombrables. Bien vale la pena no olvidarlos en una discusión que no solo debe buscar ingresos, sino una mejor distribución.
* Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional.