Una vía de 4 en conducta

El cuerpo jurídico de la concesión Bogotá-Girardot denunció que nunca fueron notificados del inicio del proceso de caducidad del contrato. La vía está operando sin problemas.

Los 117 kilómetros en doble calzada están en operación desde el pasado 8 de abril. / Gustavo Torrijos

¡Oh sorpresa! Esa fue la respuesta del jefe jurídico de la concesión Bogotá-Girardot, Gilberto Cruz, al ser consultado sobre la decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de iniciar el proceso para declarar la caducidad del contrato de esta vía, cuya construcción ha tenido una serie de obstáculos que han generado retrasos en su entrada en operación.

“Nos enteramos a través de los medios de comunicación. A la fecha no hemos recibido ninguna información sobre el presunto inicio de un proceso de caducidad, como consecuencia del fallo proferido por la excontralora Sandra Morelli”, señaló.

La oficina jurídica de la concesión señaló que están esperando la notificación oficial, pero mientas que esto ocurre, “estamos armando la defensa para derrotar este adefesio, que viola los derechos fundamentales y el debido proceso de la concesionaria”.

La concesión señaló que se aparta del fallo de la Contraloría por considerar que el otrosí 15, en lugar de generar un detrimento para el país, lo que hace es mejorar la condición del contrato para el Estado, al ahorrarle $1,7 billones, ya que en lugar de pagar $2,9 billones, ahora solo deberá sufragar $1,2 billones, y el tiempo se redujo 10 años, al pasar de 2030 a 2020.

De otro lado, desmintió la posición de la ANI, en el sentido de que el contrato de la concesión vencerá en septiembre del próximo año, porque para este año está calculado que el consorcio constructor recibirá el ingreso esperado. Sin embargo, la concesión sostiene que este irá hasta 2020, cuando recaudará $1,2 billones proyectados y no los $882 mil millones que dice el Gobierno.

Pero mientras el consorcio es notificado por la ANI, la vía de 117 kilómetros está operando sin contratiempos, pese a las denuncias que hizo el vicepresidente Germán Vargas Lleras por fallas en el revestimiento del túnel del Boquerón, lo que el concesionario calificó como algo estético.

De este consorcio hace parte el constructor Carlos Collins, el mismo que construye el túnel de La Línea y al cual también le iniciaron un proceso para declararle la caducidad por el incumplimiento en la ejecución del contrato.

La gerente de la concesión, Luz Mélida Gamboa, quien también trabajó en el Instituto Nacional de Concesiones (INCO) hoy Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), señaló que el corredor está operando sin problemas desde el pasado 8 de abril y que seguirán al frente del proyecto.

Por su parte el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, señaló que atenderán la solicitud de la Contraloría y que efectivamente este fallo fue notificado por el ente de control antes que a ellos.

Una vía en apuros

 Esta vía no es el mejor ejemplo de cómo se debe construir una obra en el país, señaló hace varios meses el vicepresidente Germán Vargas Lleras, al recordar el sinnúmero de actuaciones del concesionario que era liderado por el grupo de los primos Nule, quienes hoy están privados de la libertad.

El jefe de la oficina jurídica de la concesionaria calificó como desafortunada la decisión de la contralora, al denunciar que ella aceptó la recomendación de Lina María Tamayo en primera instancia, cuando ella había sido denunciada por la concesión, por lo cual debió haberse declarado impedida para llevar el caso.

Este fallo del 28 de agosto fue ratificado por la contralora en un corto tiempo. “No es posible que un proceso de 32 cuadernos, con más de 6.000 folios, fuera analizado en un término de 6 horas y producir un fallo de 62 folios, y además sin una firma, solo con un enunciado de que la firma era digital”, explicó el jefe jurídico de la concesión.

Mientras avanza el proceso para declarar la caducidad, que según expertos no debería darse, por considerar que el contrato esta por terminar en septiembre del próximo año, según la ANI, la vía estará bajo la operación de la concesión.

Sin embargo, la concesión mantiene su posición de que el contrato irá hasta 2020 y por ello preparan sus argumentos para demostrar que la ANI está equivocada.

 

 

 

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