'Urge una política de ordenamiento territorial'

El uso del suelo en Colombia no deja de ‘levantar ampolla’ debido a los efectos de actividades como ganadería y minería y la expansión de la frontera agrícola.

El uso del suelo en Colombia, atravesado por décadas enteras de migraciones, no ha abandonado su cambio constante y tampoco su vocación de generar debate entre Gobierno, campesinos e inversionistas. La distribución de las actividades agrícolas y ganaderas en el país, sumada a una frontera agrícola que no deja de expandirse, al poblamiento de áreas forestales declaradas por ley y a la proliferación de la explotación minera y petrolera en el mapa, son prueba de ello y no dejan de pisar callos en materia de tenencia de la tierra.

Un estudio revelado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), llamado Colombia rural: razones para la esperanza, señala que nuevos frentes de colonización en Colombia, de la mano “con la incursión de proyectos de desarrollo”, siguen presionando la frontera agropecuaria del país, causando problemas de uso y conflictos rurales, lo que conllevaría un desequilibrio mayor si no se ponen en marcha “políticas de ordenamiento territorial”. Esto se suma, desde la óptica del PNUD a una “reprimerización” de la economía que frena el producto interno bruto agrícola y a la existencia de una “institucionalidad precaria”.

De entrada, el informe señala que la minería prima sobre la agricultura en un país que “es más rural de lo que se cree”. Puesto sobre la mesa, según la investigación esto significa contar con 5,8 millones de hectáreas de carácter minero y sólo 4,9 millones dedicadas al agro, pese a tener, según el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, un potencial de 21 millones de hectáreas para este fin.

El uso minero del suelo, para Absalón Machado —director académico de la investigación hecha por el PNUD—, se ha convertido en un inconveniente debido a que ocupa los suelos que pueden destinarse a la agricultura. “La minería del oro también destruye fuentes de agua y suelos. Entonces hay un conflicto en el que el país tiene que hacer una reflexión seria para uso del territorio y del subsuelo. Colombia necesita definir cuál es el modelo de desarrollo minero. La minería no es la que causa el problema cuando es formalizada y genera divisas. Lo que se ha vuelto indeseable es la minería ilegal para lavar activos”.

Machado señaló que el actual modelo minero está centrado en grandes explotaciones que necesitan de un código minero para responderle al medio ambiente. “Lo que se ha hecho es dar licencias mineras sin criterios”. Además, dice el informe, “si el Estado no interviene con firmeza, el derroche de recursos hídricos o el uso del mercurio o el cianuro en la explotación de metales preciosos o la explotación de carbón exponen gravemente los páramos”.

Carlos Rodado Noriega, saliente ministro de Minas y Energía, aseguró frente al tema minero que cuando se habla de 5,8 millones de hectáreas empleadas en esta actividad no significa que todo esté destinado a explotación. “Eso no significa que en esas áreas grandes para exploración no se permita hacer agricultura o desarrollo agropecuario. Los sitios de explotación son muy limitados y las áreas para explorar, muy grandes”.

“La minería no es la que compite con la agricultura por tierras. Aquí la verdadera competencia para la agricultura es la ganadería extensiva y no la minería”, dijo Rodado, quien aseguró que si la tierra usada para ganadería extensiva se empleara para el agro, “estaríamos haciendo una gran revolución”.

En cuanto a la predominancia de la ganadería frente a la agricultura en materia de ocupación de la tierra, Machado señaló que “no está claro cómo liberar a la tierra de la ganadería extensiva”. Una posible solución para el académico es poner en marcha un impuesto predial para las tierras ociosas. La segunda es venderle los predios al Estado para que éste reparta los terrenos en pequeñas y medianas propiedades de uso agrícola. “La ganadería extensiva afecta el desarrollo humano rural, no genera empleo ni ingresos, no genera tributos y mantiene el statu quo en la sociedad y en la estructura de la propiedad”.

Así mismo, según datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la ganadería de carácter extensivo le dedica 39,2 millones de hectáreas a su actividad. El ministro Restrepo recordó que esto se debe a la “potrerización” del país, debido a que durante la década de los noventa los agricultores migraron hacia el ganado como un negocio más rentable, que tuvo como costo la tala de bosques y el daño de fuentes hídricas.

En opinión de Rafael Mejía López, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, “tanto a la ONU como al Gobierno se les olvida que el agro nacional está influenciado por el entorno económico mundial”. Dijo que los ganaderos en este momento está retornando a la agricultura por su rentabilidad, contrario a lo que sucedió en los noventa —migración de agricultores a la ganadería—. Así mismo, en materia ganadera aseguró que el hato actual no necesita 39 millones de hectáreas sino 22 millones bien utilizadas para su desarrollo.

“El país no debe descuidar cultivos transitorios como maíz, arroz, fríjoles, hortalizas y frutales, porque debe garantizar la seguridad alimentaria”, dice un aparte del informe, donde también se recuerda que la producción agrícola ha sido volátil, en contraste con el crecimiento de la producción pecuaria desde la década de los ochenta.

En consideración de Machado, “el informe deja entrever que la agricultura no se puede manejar con visión sectorial sino de ordenamiento del territorio”. Consideró además que la Ley de Ordenamiento Territorial, aprobada recientemente en el Congreso, “es muy pobre porque no avanza en ese concepto de mirar el ordenamiento desde lo social, económico, explotación y uso de los recursos. Estamos destruyendo el territorio y creando conflictos entre pobladores, inversionistas e instituciones”.

“El sector rural tiene unos conflictos de uso del suelo que han sido el resultado de la carencia de un ordenamiento territorial nacional y regional, y de la aplicación efectiva de los planes de ordenamiento elaborados en los municipios”, dice el informe.

Otro aparte de la investigación también recalca la explotación del bosque nativo y su intervención con millones de hectáreas de pastos. En contraprestación, sólo se sembraron 350.000 hectáreas de árboles y, paradójicamente, se talan 300.000 hectáreas al año. Sin embargo, dice el informe, el potencial forestal del país está subutilizado debido a que para actividades forestales comerciales se usan 7,4 millones de hectáreas, teniendo un potencial de 25 millones.

Además, el PNUD manifestó que es preocupante tener a 2,9 millones de personas viviendo en zonas de reserva forestal creadas por la ley 2 de 1959, las cuales constituyen el 44,7% del área total del país (114 millones de hectáreas). “La revisión de esta ley implica también reubicar poblaciones, mantener la actual política de incentivos a la reforestación comercial y revisar la reglamentación, y en particular los gravámenes para la explotación de los bosques nativos, que mantienen costos muy bajos” concluye el informe.

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