¿Qué va a pasar con Canal Uno?

En la Junta Nacional de Televisión, que se reúne esta semana, se discutiría la petición que hace Jorge Barón: una prórroga a su actual concesión, que cambiaría las condiciones de la nueva licitación que anunció la ANTV.

Canal Uno, actualmente, está en manos de CM&, NTC, Jorge Barón y RTVC. / El Espectador

El pasado 14 de septiembre, la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) publicó los prepliegos de la licitación que entregará a un solo concesionario los espacios del Canal Uno, que actualmente está en las manos de tres: CM&, NTC y Jorge Barón, cada uno con el 25 % de la programación, sumado a otro 25 % que tiene RTVC, del Estado. La señal del nuevo encargado de la parrilla estará en los televisores de los colombianos a partir del 1° de mayo de 2017. El asunto, sin embargo, ha convertido en blanco de críticas a la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV); los estudios de la Universidad Nacional, con base en los cuales se formuló el proyecto de la licitación, e incluso la Corte Constitucional.

Cuando los artículos sobre el Canal Uno fueron incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (PND), muchas opiniones saltaron para cuestionar si se trataba de una forma de crear disimuladamente el tercer canal. En ese momento, el entonces ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Diego Molano, le dijo a este diario que no había “mico” y que se buscaba dotar al canal con herramientas para que “pueda hacer mejores contenidos”. El Plan fue aprobado y la Corte avaló que la ANTV pudiera decidir, con un piso técnico, cuántos concesionarios pueden manejar el Canal Uno.

Una de las críticas tiene que ver con las fronteras entre lo público y lo privado que hay en el Canal Uno. “Un canal que es público, en donde el Estado es propietario de la red, se debería aprovechar para resolver el tema del pluralismo informativo y el acceso (al espectro)”, opinó Eduardo Noriega, abogado de Jorge Barón y quien demandó ante la Corte lo relacionado con el Canal Uno en el PND. Al respecto, Ángela Mora, directora de la ANTV, aseguró: “Hay TV comercial, que son Caracol, RCN, Citytv y la concesión de espacios de Canal Uno. De otro lado, está la pública: Canal Institucional, Señal Colombia y los ocho regionales. No sé en qué momento identificamos que, como va sobre la red pública, eso es TV pública”.

Sin embargo, para Noriega, la licitación como está planteada “mata” el tercer canal. “La competencia a RCN y Caracol no se debe montar desde el Canal Uno, sino que se debería abrir licitación del tercer canal y que el Grupo Sarmiento se presente allí. Ahí sí debería prevalecer el músculo financiero”. Se refiere, por un lado, al interés que manifestó Alternativa TV, del Grupo Sarmiento, al inscribirse en el registro de potenciales proponentes para quedarse con el Canal Uno. Por otro, es una crítica al hecho de que el 50 % de la calificación de las propuestas en la licitación sea el componente económico. Los otros 30 % y 20 % son, respectivamente, los atributos de producción y programación, y el apoyo a la industria nacional.

Mora respondió a este diario que, con respecto al proceso del tercer canal, “se necesita que la gente se inscriba”, pero hasta la fecha nadie lo ha hecho. “Lo hemos anunciado en prensa. Sacamos un spot con el que invitamos a la gente a inscribirse, pero, si la gente no está interesada, la ANTV no puede hacer nada. Desde el 6 de octubre vamos a sacar otro spot reiterando que se inscriban. Creo que la gente está esperando qué pasa con el Canal Uno, pero el registro siempre está abierto y no está condicionado”. Mora afirma: “No nos inventamos las condiciones de la licitación”. Y la ley y la Contraloría General de la República exigen maximizar los ingresos para el Estado con este tipo de procesos.

Durante un foro organizado por Caracol Televisión, Fernando Ujueta, secretario general de RCN Televisión, manifestó: “Los canales privados no nos oponemos a que haya competencia, siempre y cuando haya igualdad de condiciones”. Con eso no se refería solamente a lo expresado por Gonzalo Córdoba, presidente de Caracol, quien aseguró que la televisión abierta no busca ser “protegida artificialmente” ante las nuevas condiciones de mercado que han generado las nuevas tecnologías e internet. “Canal Uno no puede operar como un canal privado y aquí, si se adjudica a uno solo, seguramente operará así sin tener que pagar la concesión en dos años, que es obligatoria para nosotros (los privados), ni el 1,5 % sobre la facturación, al que estamos obligados”, afirmó Ujueta.

Sobre la decisión de la Corte, que le permitió a la ANTV anunciar que el Canal Uno será para un solo concesionario, en su última columna en El Espectador, Juan Carlos Gómez aseguró: “Pasa por alto los efectos que ello puede tener en los derechos constitucionales que invoca (la Corte) para bendecir ese esquema de concesión y en general describe un panorama de mercado como si no pasara nada”.

Y continúa: “La consecuencia más grave de la sentencia en cuestión es que le dio paso a la ANTV para iniciar el proceso de licitación pública para la concesión de esos espacios, como si la crisis del sector no mereciera cautela y ponderación, antes de salir corriendo a adjudicar contratos”. Al igual que Noriega, Gómez criticó el hecho de que estudios, como el del Departamento Nacional de Planeación, no se tuvieran en cuenta, estudios que “concluyen que se requieren profundos cambios en la regulación del servicio de televisión”, según Gómez.

Para el abogado de Jorge Barón, el estudio de la Nacional es “irresponsable” al incurrir en obviedades como recomendar concesionar el canal a sólo uno porque la interventoría se facilitaría. De otro lado, cuestiona que se vea como negativo que con varios programadores existe diversidad ideológica. El estudio concluye: “(Hay) dificultad para desarrollar una estrategia de programación entre varios operadores por divergencias comerciales e ideológicas”. “Eso dista de los principios constitucionales y legales que se esperan en una decisión de estas”, opinó Noriega.

Ángela Mora, por su parte, explicó que, más que “diversidad ideológica”, se trata de la posibilidad de ponerse de acuerdo: “Por ejemplo, el día del terremoto de Ecuador, NTC (Noticias Uno) estaba transmitiendo porque era sábado y tenía un mundo de cosas que decir, y a las 10 p. m. lo cortaron para mandar otro contenido, y los colombianos nos quedamos sin ver otra forma de contar la noticia (…) Tiene que haber una parrilla unificada, porque alguien hace un maravilloso programa que al otro no le interesa y deja caer el rating y volver a levantarlo es muy complicado”.

Además de Jorge Barón, la empresa Programar está en desacuerdo con la licitación. Según ha explicado Francisco Javier Díaz, su gerente, no es cierto que Programar entregó voluntariamente el 25 % que tuvo en la programación de Canal Uno hasta 2013. Por eso, pidió medidas cautelares del Consejo de Estado para que no se lleve a cabo la licitación anunciada, por lo menos del 25 % que reclaman, mientras se resuelve la controversia. De acuerdo con Mora, “contestamos ese mismo día, explicando por qué no procede y estamos esperando la decisión”.

No procede, según la ANTV, porque la concesión en su momento estuvo adjudicada a la unión temporal entre Programar y RTI. Eduardo Flórez, vicepresidente de esta última compañía, explicó que, para la ampliación por 40 meses que se dio a los concesionarios en 2013, RTI y Programar no se pusieron de acuerdo. “No hubo consenso. RTI no podía llevar a cabo los términos que se pedían y en ese momento la adjudicación de esos espacios representaba un riesgo económico grande”, dijo Flórez.

Por su parte, Jorge Barón, a quien el abogado Noriega representa, envió una carta con fecha del 8 de septiembre a la Junta Nacional de Televisión. Allí le pide que reconsidere la prórroga que pidió por 10 años en 2013 y que resultó en la ampliación de la concesión sólo por 40 meses (hasta abril de 2017). La razón: según Jorge Barón, la ANTV fundamentó la negativa a la prórroga en que no había estudios técnicos que sustentaran su viabilidad.

“Hoy, según lo ha anunciado públicamente, la ANTV cuenta con los elementos necesarios para abrir licitación, que están contenidos en un nuevo estudio técnico y económico de la Universidad Nacional de Colombia y, por lo tanto, es posible generar un escenario de prórroga de diez años”, dice la comunicación de Jorge Barón. Según Ángela Mora, es un tema que va a ir a la Junta, probablemente esta semana que empieza. “La Junta determinará si accede (a la petición de Jorge Barón) o no. Mientras eso no pase, el proceso de licitación sigue andando”.

Lo cierto es que las propuestas para la licitación se entregarán el próximo 27 de octubre, de acuerdo con el cronograma publicado por la ANTV. Si la Junta acepta la petición de Jorge Barón y le reconoce los derechos que alega, cambiaría todo el panorama para los nueve potenciales interesados en la parrilla de Canal Uno. En todo caso, la toma de la decisión apremia. Si la junta le da un “no” a la programadora del reconocido presentador del Show de las Estrellas, la respuesta se debe dar con el tiempo suficiente para que formule su propuesta de licitación, si es que le interesa participar, quizá en un intento por no dar por terminados 47 años de trayectoria en la televisión colombiana.

*El Espectador forma parte del mismo grupo de medios al que pertenece Caracol Televisión.

Temas relacionados