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El pasado miércoles, en el Congreso de la República, las comisiones terceras conjuntas le dieron trámite al proyecto de inclusión financiera, una iniciativa que permitirá crear las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, que a su vez tienen la capacidad de captar recursos del público haciendo más fáciles las transacciones entre los usuarios.
La iniciativa pretende expandir los servicios financieros a las clases menos favorecidas del país para que así se puedan realizar depósitos y transacciones de bajo costo. Según la exposición de motivos de la iniciativa, en este momento el sistema bancario cobra tarifas muy altas que impiden esta expansión y además el sistema bancario no llega a todas las regiones del país.
El proyecto de ley, que ya tiene dos debates, espera su trámite en las plenarias de Senado y Cámara para así convertirse en ley de la República.
Al final de la sesión el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que este proyecto “les baja el costo a las transacciones que hacen los colombianos más pobres, es decir, los giros. Un giro de $100 mil está costando entre 8 mil y 9 mil pesos, y eso no puede ser. Con esta ley, el costo se reduce a una fracción, porque va a haber más competencia”.
En efecto, según el articulado radicado por el jefe de la cartera económica y el ministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la creación de estas sociedades podrá estar a cargo de las empresas operadores postales, los operadores móviles y aquellas personas con un capital superior a los $5.000 millones que quieran hacer parte de este negocio. La intención del Gobierno es que estos nuevos operadores empiecen a actuar a partir de la entrada en función de esta ley.
Cárdenas sostuvo que “los giros y los pagos los podrán hacer a través de canales modernos a muy bajo costo, lo que va a permitir que se cree una historia de pagos que más adelante se podrá usar para que le den crédito a esa persona”.
Para lograr ese historial de pagos, según una nueva proposición radicada al proyecto, y que aún espera su conciliación, pero que ya puede considerarse una realidad, se van a crear entidades administradoras de información de hábitos bancarios cuyo objetivo es almacenar, organizar, transferir y administrar bases de datos donde se exponga la información ampliada sobre los hábitos transaccionales e historial de pagos de los ciudadanos.
Ese tipo de instituciones serán reguladas por el Gobierno Nacional, que definirá las competencias, principios, funciones y alcance de la información allí registrada y su paso a otras entidades “se adelantará con estricto cumplimiento de los principios de confidencialidad, seguridad, circulación restringida y solo para los fines autorizados por el titular de esta información”.
Este artículo busca que quienes depositen su dinero en las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos puedan en el futuro solicitar créditos en la banca regular.
“El ejemplo perfecto es el lustrabotas que gana $600 mil al mes. Nadie se los puede certificar porque no tiene un empleador que le pueda firmar un certificado, pero a través de los pagos que va a hacer, va a dejar una historia que va a demostrar que esa persona puede y debe recibir un crédito barato. No más el ‘gota a gota’”, ilustró el ministro de Hacienda.
Asimismo, augura que “muchos colombianos que utilizan el efectivo van a dejar de usarlo, porque van a tener una alternativa de muy bajo costo y segura. Estamos siguiendo el ejemplo mundial en esa materia avalado por el premio nobel Muhammad Yunus, la reina de Holanda, enviada especial de Naciones Unidas para la inclusión financiera, y el Fondo Monetario Internacional”.
Según explicó el representante del Partido de la U Ángel Custodio Cabrera, “estas compañías van a estar reguladas por la Superintendencia Financiera de Colombia para que tengan un capital fijo y un apalancamiento, es decir, que les brinden seguridad a las personas. Además, van a tener la posibilidad de captar dinero, volverlo electrónico y hacer todo tipo de operaciones, como pagar servicios públicos, mercados, compras, a muy bajos costos para el usuario”.
Para garantizar estos bajos costos, el proyecto de ley asegura que el Gobierno deberá propender “porque se permita la utilización de canales que aprovechen la tecnología disponible para la prestación de los mismos, en todo caso manteniendo los adecuados parámetros de seguridad y operatividad”.
Ebonces@elespectador.com
@Raskolnikov1072