Para nadie es un secreto que el Gobierno Nacional ha agotado su capacidad económica para financiar proyectos de infraestructura de transporte. Quedan pendientes por adjudicar dos licitaciones y así concluye –por lo pronto– la cuarta generación de concesiones. Sin lugar a dudas fue un esfuerzo sin precedentes que merece reconocimiento de parte de todos. Por esta razón, el 2016 será un año en el que los retos de la cuarta generación están en su financiación. Varios proyectos han obtenido su cierre financiero con el mercado local, principalmente, lo que implica que la capacidad de los bancos locales se reduce para continuar con los proyectos pendientes, dejando la opción del mercado internacional mientras se implementan esquemas como las titularizaciones o emisiones de bonos contra los recursos de unidades funcionales concluidas permitiendo prepagos parciales de la deuda o esperar hasta la conclusión de las obras (cinco años en promedio) para prepagarla por completo. En todo caso, será interesante ver la reacción de los mercados internacionales a la estructura contractual propuesta por la ANI para, de una vez por todas, establecer si es una estructura financiable en cualquier mercado o si, por el contrario, requiere algunos ajustes.
Dado que el Gobierno Nacional será cauto en su inversión del 2016 en adelante, ¿qué queda? Nada más ni nada menos que Bogotá, la joya de la corona cuando la administración es competente. Nos guste o no el alcalde electo, lo cierto es que ha demostrado, sin duda alguna, su capacidad de ejecución y su legado en materia de infraestructura está a la vista de todos. La nueva administración ha anunciado múltiples proyectos que no son de poca monta. Por un lado está el anhelado metro, que según reciente entrevista del alcalde electo arrancará con el proceso licitatorio en 2016; pero fuera del metro están la ALO, los transmilenios de la Boyacá y de la Séptima (bien hecho), entre otros. Nos faltarán muchos kilómetros de ciclorrutas y la rehabilitación de la desgastada malla vial. Por otro lado, están las iniciativas privadas, para lo cual el alcalde ha propuesto la creación de una unidad que maneje las Asociaciones Público Privadas. Si bien las asociaciones público privadas son una herramienta para la ejecución de proyectos de infraestructura, es importante tener en cuenta que la financiación por parte del privado sale a competir con los proyectos del Gobierno Nacional. Por lo tanto, es importante que los análisis de estos proyectos sean consistentes con la disponibilidad de recursos del sector financiero. No tiene sentido que se aprueben proyectos que posteriormente no puedan ser financiados.
Finalmente, creería que el 2016 es un año de revisión normativa. La Ley de Asociaciones Público Privadas cumple su cuarto año de vigencia y merece una revisión; particularmente en las limitaciones a los entes descentralizados. Es importante que se revise la posibilidad de que puedan comprometerse vigencias futuras más allá del período del gobierno de turno. Es comprensible que se tengan reparos frente a este tema, puesto que puede salirse de las manos, pero para ello hay alternativas como la revisión por parte del Confis nacional de la solicitud de vigencias de esa naturaleza. Desde hace tiempo, el país tiene una normatividad importante en materia fiscal, lo que ha permitido que tanto a nivel nacional como a nivel descentralizado se dé un manejo relativamente conservador a las finanzas y entendería que la razón para la limitación se debe a ello. Sin embargo, por definición, las asociaciones público privadas son proyectos a largo plazo, por definición legal no es viable reconocer el pago mientras no se encuentre en servicio la correspondiente unidad funcional, por lo que se está ante un problema –austeridad fiscal vs. desarrollo y competitividad–.
La creación de la agencia de asociaciones público privadas en Bogotá debe tener en cuenta las lecciones aprendidas de la agencia que se buscó crear en Medellín en la administración saliente. Aunque a mi juicio la agencia es necesaria, es importante que tenga la capacidad de estructurar y revisar proyectos de infraestructura, y eso solamente se logra con un adecuado acto de creación, ya que hoy en día cada entidad tiene la capacidad de estructurar sus propios proyectos y revisar las iniciativas privadas de su sector (no más recordar el convenio IDU-Transmilenio). Una opción es que la agencia solamente tenga competencia para revisar iniciativas privadas y asesore a las entidades en las iniciativas públicas; la otra opción puede ser que la agencia tenga capacidad para estructurar por cuenta de las otras entidades y revise las iniciativas privadas. Sea cual sea la estructura, lo importante es que pueda ejecutar respaldada por su acto de creación.
Queda claro entonces que el año 2016 sin recursos del Gobierno Nacional será de todas formas un año interesante para el sector de la infraestructura.
*Socia Posse Herrera Ruiz.