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El fin de semana del 12 de mayo, en vísperas del Día de la Madre, una creciente del río Cauca se llevó 20 casas y tres puentes en el corregimiento de Puerto Valdivia, municipio de Valdivia, en el norte de Antioquia. Se habían completado dos semanas desde que el proyecto hidroeléctrico Ituango entró en crisis por la obstrucción inesperada del sistema que evacuaba las aguas del río Cauca.
Ese sábado, un destaponamiento que nadie pudo prever ni controlar fue la causa de la expulsión violenta del caudal, que por días había estado buscando una salida. Los medios de comunicación ya habían llegado o se preparaban para desplazarse en busca de los últimos acontecimientos en la zona de influencia de la mayor obra de ingeniería del país.
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La cita del equipo de El Espectador para entrar al proyecto fue el miércoles 16 de mayo, a primera hora. Para llegar, pasamos por los puestos de control de un plan de movilidad que se había establecido a raíz de la contingencia. El embalsamiento del río tapó el puente Pescadero, vía para entrar y salir del municipio de Ituango. Transitar a través de la obra en caravanas programadas fue la solución.
La presión en el último túnel que cruzamos dio la señal de que íbamos llegando al frente del proyecto. Por el taponamiento del sistema de desviación del río, desde hacía una semana el Cauca se venía evacuando por la casa de máquinas, el corazón de una hidroeléctrica. La caída del agua, según nos explicaron, obligaba al aire a escapar por cualquier parte, incluido el túnel vehicular.
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La decisión de inundar la caverna con costosas turbinas fue la única salida para evitar que el agua sobrepasara la presa, el inmenso muro que contiene el caudal. Un overtopping, como lo llaman, ocasionaría una tragedia de proporciones que en los días que siguieron se convirtieron en la peor pesadilla de muchos. El detonante del temor ocurrió ese miércoles, cuando estábamos ahí.
Mientras recorríamos la parte alta desde donde se observaba el vertedero, algo dejó de parecer normal. Los trabajadores se daban mensajes entre sí, como contándose que algo inesperado ocurría. Quienes estaban en el vertedero —todavía en construcción— se empezaron a mover hacia el borde de la plataforma, y varios gritos confirmaron que algo andaba mal. Hidroituango estaba vomitando agua.
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Nos sacaron de ahí y supimos lo que había ocurrido cuando en rueda de prensa Jorge Londoño, gerente de EPM, compañía responsable del proyecto, explicó que una “obstrucción” había llevado al caudal a buscar salida por otros túneles. La incertidumbre de lo que podía pasar llevó a evacuar inicialmente a 5.000 personas de Puerto Valdivia y los municipios de Tarazá, Cáceres y Caucasia, y, horas después, a otras 20.000.
La cabecera municipal de Valdivia se convirtió en el principal refugio. En la mañana siguiente, las familias que habían sido evacuadas en la tarde y noche anteriores, apenas con la ropa que llevaban puesta, seguían tratando de digerir lo que había pasado. Los albergues se estaban levantando y los reclamos por la falta de comida, de un baño, de atención para los más pequeños, pero, sobre todo, por sentir que no tenían “velas en ese entierro”, hicieron de las primeras horas las más difíciles.
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Al segundo y tercer días hubo un poco más de organización para el acceso a agua, comida y a una colchoneta. Eso no significa que la zozobra y la sensación de un caos latente se disiparan. Para el fin de semana, EPM había anunciado la entrega de apoyos económicos para las familias que dejaran los albergues y se desplazaran a zonas seguras, sin saber que llegaría octubre sin que pudieran volver. Aún hoy hay quienes no han regresado, pues la alerta entre Hidroituango y Puerto Valdivia se mantiene.
El transcurso de estos meses es difícil de resumir. Del lado de EPM se cuentan el golpe reputacional para una compañía querida por muchos antioqueños, que emplea a miles de personas y que es fuente fundamental de recursos para Medellín; el riesgo de liquidez que obligó a pedir la aprobación por parte del Concejo de la capital del departamento de un plan de desinversión y millonarias multas –cercanas a los $31.000 millones– que la sociedad Hidroituango –de la que la Gobernación es accionista– asegura que adeuda EPM.
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Para el país ha significado el aplazamiento de la puesta en marcha de la central que tendría la capacidad de generación de energía eléctrica equivalente al 17 % de la demanda del país. Superar las consecuencias de la crisis, se ha calculado, tomará unos tres años. Aunque EPM logró hace poco poner en marcha el vertedero, algo indispensable para vaciar la casa de máquinas, la interrupción del paso del agua por esa caverna no ocurrió este año, como se esperaba.
Para las familias a la orilla del Cauca ha significado daños que con seguridad no se pueden calcular, así como la pérdida de bienes –incluso hubo casas que fueron saqueadas durante la evacuación–, junto con la afectación de la economía local.
La contingencia en la construcción no ha cobrado vidas humanas, pero ha tenido como escenario una zona afectada por las múltiples formas que toma el conflicto armado. Masacres, incluso.
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A semanas de desatada la crisis, de hecho, fueron asesinados el comandante y subcomandante de la Policía en Puerto Valdivia, así como líderes sociales de la región. Para muchas de las víctimas de la guerra, la cadena de sucesos que han puesto en jaque el proyecto hidroeléctrico se convirtió en una nueva fuente de dolor y de reclamos de una explicación, que, por el momento, ni ellas ni el país terminan de conocer.