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Si hay una conclusión con respecto a lo sucedido en la noche de este jueves, cuando cientos de estudiantes salieron a las calles por cuarta vez en este mes, es que saben cómo hacerse sentir.
La marcha del jueves fue convocada entre 2 y 4 p.m., cuando comienza la hora pico en las ciudades, y en Bogotá tuvo varios puntos de movilización, incluida la calle 100, conocida por ser una zona financiera y de negocios.
La protesta se puso alarmante cuando encapuchados se enfrentaron con miembros de la Policía y lanzaron una bomba molotov, que impactó cerca de un uniformado y le incendió brevemente el brazo. El patrullero Óscar Ballesteros, de 18 años, está fuera de peligro.
El alcalde Enrique Peñalosa dijo que en Bogotá se respeta el derecho a la protesta, pero calificó estos hechos como “vandálicos”: “Para futuros eventos vamos a ser más estrictos en definir y hacer cumplir los protocolos de rutas establecidas. Vamos a ser mucho más drásticos y contundentes, haciendo respetar el derecho de las personas a movilizarse”, indicó el mandatario.
El cierre de doce estaciones de Transmilenio y la extrema lentitud en el servicio, por los bloqueos en los seis carriles de la Autopista Norte, fueron motivo de discusión en redes sociales. Mientras unos apoyaron la movilización, otros se quejaron de tardar dos o más horas en volver a sus casas.
“Vamos a crear con la Policía un Grupo de Reacción Inmediata para actuar de manera mucho más contundente contra todos los que lleven a cabo acciones vandálicas o bloqueen el sistema Transmilenio, afectando a millones de personas que quieren llegar a sus hogares”, aseguró el alcalde. Tal vez el caso más alarmante fue el de la sede del Icetex en Popayán, que quedó destruida y saqueada después de que encapuchados rayaran las paredes y dañaran los elementos que se encontraban adentro.
Pero las agresiones vinieron de ambos lados y con una fuerza desmedida por parte del Esmad. También en Popayán las protestas pacíficas —que en el pasado incluyeron ramilletes de flores de parte y parte— se tornaron violentas cuando el escuadrón desalojó a los estudiantes de la Universidad del Cauca, que acampaban allí desde hace 16 días.
“Debido a ciertas presiones que ejerció el personero de Popayán, se habló en el consejo de seguridad del desalojo a la fuerza del campamento universitario. El Esmad hizo caso a esta orden y comenzó la agresión a los estudiantes. Hay varios videos en los que se ve que son ellos quienes, con granadas aturdidoras, comienzan la agresión”, dice Javier Granada, estudiante payanés.
Según su testimonio, varios de los estudiantes tienen impactos de balas de goma y uno de ellos está gravemente herido por una cortada profunda. “La Brigada de Salud de la Universidad del Cauca ayudó a los niños que se estaban asfixiando por los gases y pertenecían al colegio que el Esmad rodeó”, menciona Granada.
En Medellín los disturbios comenzaron desde el lunes. “Ese día en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid los estudiantes bloquearon la Avenida Las Vegas. Un policía se dirigió a ellos de manera grosera y, antes de que comenzara el plantón, el Esmad ya hacía presencia en la zona. Los encerraron en el Politécnico y los acorralaron con gases lacrimógenos. Hubo heridos”, dice Sara Cadavid, estudiante de la Universidad de Antioquia. El martes, cuenta, los motociclistas agredieron a los estudiantes y el escuadrón, una vez más, intervino.
En Bogotá, la movilización fue más grande y hay episodios que preocupan sobre el abuso de la fuerza policial. En hechos que continúan siendo confusos, el Esmad dispersó las protestas de la calle 100 mientras los estudiantes gritaban “sin violencia”. “En un video grabado por Jennifer Pedraza y dos profesores se ve que, durante el cierre de la marcha, llega el Esmad disparando. No solo fue la violencia de encapuchados contra la Fuerza Pública o contra los medios de comunicación, también hubo mucha violencia por parte de ellos hacia las estudiantes”, argumenta Alejandro Palacio, presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees).
Cerca de cuarenta personas se refugiaron en el Éxito Express de la calle 97 con una persona herida, después de que un carro arrollara a varios manifestantes y se diera a la fuga. No es cierto que los estudiantes se “tomaran un Éxito” como dijo la W Radio.
“No estaban encapuchados ni armados. Se estaban quedando sin aire por los gases lacrimógenos y necesitaban atender a la compañera heridaEl Esmad se dio cuenta de que eran varios y los encerraron. No fue una toma, no fue nada predeterminado ni saquearon nada, como muchos medios aseguran. Amenazaron con entrar y sacarlos a la fuerza”, explicó Valentina Ávila, miembro de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES).
Tal vez lo más preocupante de las protestas en la capital es el reporte de la Red Popular de Derechos Humanos de Bogotá, que denunció la desaparición de Diego Barrera, Sebastián Melgarejo, y Juan Pablo Tovar, tres estudiantes de la Universidad Nacional que marcharon el jueves. De acuerdo con las denuncias, los hechos se dieron después de una serie de fuertes enfrentamientos con el escuadrón antidisturbios. (Lea también: Los estudiantes de la UN reportados como desaparecidos ya están con sus familias)
El Espectador intentó comunicarse con voceros del Esmad para preguntar qué consideran una protesta pacífica y una violenta; cuándo deciden actuar para contener; cuándo para reprimir y si sus agentes reciben entrenamiento en derechos humanos. La respuesta de la Policía Metropolitana de Bogotá fue que “ya el tema con medios fue socializado el jueves y el viernes”.
La justa rabia
Las manifestaciones de la noche del jueves marcaron los 30 días de paro estudiantil. Desde el 10 de octubre, cuando cerca de 500.000 personas salieron a las calles de las ciudades principales e intermedias del país para exigir $3,2 billones adicionales para la educación superior pública, las organizaciones estudiantiles como UNEES y Acrees han buscado acercamientos con miembros del Gobierno y con el presidente Iván Duque para negociar el fin del paro estudiantil, la solución a la deuda con la educación pública y el regreso a clases.
Si bien Duque se reunió personalmente con los rectores de las universidades públicas y llegaron a un acuerdo para que las instituciones de educación superior públicas reciban $1,2 billones adicionales en los próximos cuatro años y se aumente el IPC gradualmente, la medida sigue siendo corta.
Pero la historia de diálogo no ha sido la misma para los estudiantes, quienes se declararon insatisfechos con la solución aceptada por los rectores. UNEES y Acrees han solicitado reuniones con el Ministerio de Educación desde que comenzó el paro y solo han logrado concretar dos con el viceministro de Educación, Luis Fernando Pérez (quien no puede tomar decisiones por esa cartera, tan solo representarla).
En las actas de la mesa de diálogo, que se suspendió el martes, se declara que los estudiantes pedían $410.400 millones para el déficit de las universidades públicas y $166.569 millones para las instituciones técnicas y tecnologías de educación superior, pero que el MEN adujo que “un aumento del presupuesto no era factible porque los recursos se asignan con base en el Plan Nacional de Desarrollo” y que se atenía a lo acordado con los rectores”.
Las exigencias de los estudiantes para retomar el diálogo son tres: que la reapertura de la Mesa la haga el presidente Duque (que tenía plazo hasta ayer); que se garantice que el semestre no se va a cancelar, como advirtió Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional, y que haya garantías para la movilización.
En los últimos treinta días, el presidente Duque se ha reunido con Maluma, Carlos Vives y planea un encuentro con Silvestre Dangond, pero aún no con los estudiantes.