Advierten sobre “maniobras dilatorias” en proceso por de Sergio Urrego

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Colectivos de diversidad sexual denuncian que las audiencias preparatorias en el proceso contra Amanda Castillo, rectora del colegio donde el joven fue discriminado por ser homosexual, se han dilatado. El proceso podría precluir.

El 4 de agosto marca el aniversario de la muerte de Sergio Urrego, estudiante bogotano de 16 años quien decidió quitarse la vida después de haber sufrido discriminación por parte de las directivas del colegio Gimnasio Castillo Campestre por ser homosexual.

El caso se convirtió en un hito judicial en el país porque abrió la discusión sobre la responsabilidad de las instituciones educativas para apoyar y no discriminar la diversidad sexual y de género de sus estudiantes. La madre de Sergio, Alba Reyes, decidió interponer una denuncia a las directivas del colegio. A nivel penal, tres personas están implicadas: Rosalía Ramírez e Ibonne Andrea Cheque, veedora y piscología del colegio que ya fueron condenadas; y Amanda Castillo, rectora de la institución. Este último proceso aún no se ha definido, y aunque en julio de 2018 se llevó a cabo la audiencia preparatoria, el caso está frenado.

La audiencia estaba programada para el martes 19 de enero, pero fue aplazada una vez más. De acuerdo con Colombia Diversa, el Juzgado 43 Penal del Circuito ya decretó la preclusión del caso en contra de Amanda Azucena Castillo por el delito de discriminación, pero sigue pendiente el delito de falsa denuncia y ocultamiento de elemento material probatorio, que hoy estarían en riesgo de prescribir. Esto significa el cierre del caso sin fallo o condena pues se vence el tiempo para que la justicia se pronuncie.

“He estado de pie para seguir defendiendo los derechos de los niños y niñas en Colombia (…) hoy, casi seis años después de la muerte de mi hijo, estamos ante un caso que ha sido emblemático para Colombia, para la defensa de todos los niños y jóvenes colombianos, es un caso que demuestra claramente que un niño fue maltratado por su diversidad, por su orientación sexual, que sus derechos fueron vulnerados”, señaló Alba Reyes, mamá de Sergio Urrego, en un video publicado en redes sociales en el que pide celeridad en el proceso para que este no sea archivado.

Varios meses después de la muerte de Sergio, cuando salió la noticia de que su ICFES SABER 11 había sido el mejor de su colegio y estaba entre los primeros 10 puestos en el país, se empezó a organizar un grado póstumo como homenaje justo para el joven. Finalmente, el 25 de noviembre del 2014, en el Auditorio Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes, se celebró el grado póstumo de Sergio.

En 2015, la acción de tutela interpuesta por Alba Reyes, la mamá de Sergio, fue denegada en segunda instancia en el Consejo de Estado. Después la Corte Constitucional emitió su fallo en la sentencia T-478 de 2015, en donde ordena al colegio Castillo Campestre hacer un grado póstumo para Sergio, una placa conmemorativa en su memoria, y al Ministerio de Educación conformar un comité nacional de convivencia escolar y establecer protocolos para atender el acoso escolar.

Desde julio de 2018, Reyes había advertido sobre posibles maniobras dilatorias en el proceso por parte de la defensa de la ex rectora Castillo. “La audiencia se ha aplazado en dos ocasiones. La última vez fue porque el abogado suplente de la rectora se presentó al juzgado sin el poder. Fue evidente que buscaban dilatar, les dije que eso era un circo y me salí de la sala”, dijo Reyes a este diario en ese momento.

Castillo quedó en libertad un año antes por vencimiento de términos, y es procesada por los delitos de falsa denuncia contra persona determinada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. De acuerdo con las pesquisas, la rectora realizó actos de discriminación contra Urrego por ser gay y, una vez el joven perdió la vida, habría intentado ocultar la verdad alterando y escondiendo pruebas. Por último, el delito de la falsa denuncia se le imputó porque habría presionado a la pareja de Sergio a que lo denunciara por acoso sexual a sabiendas de que no era cierto, pues se trataba de una relación consentida.

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