Autonomía, punto de discordia en ley de vigilancia de educación

Este factor y la creación de una superintendencia, preocupan a críticos de la norma.

El proyecto de ley fue aprobado el martes en la plenaria del senado con 61 votos a favor y cero en contra. / Ministerio del Interior

Un proyecto de ley para poner en cintura a las universidades de garaje y evitar que los estudiantes colombianos sean privados de su derecho a la educación. Así describe el Ministerio de Educación la ley de inspección y vigilancia aprobada por el Congreso y que ahora está en manos del Presidente.

Hace dos meses salió a la luz pública el escándalo administrativo y financiero de la Fundación Universitaria San Martín: el personal de trabajo no recibía su sueldo, los estudiantes estaban sin clases, las sedes universitarias sin servicios públicos y los recursos de las matrículas estaban siendo desviados para empresas privadas de los dueños de la institución.

Pero esta, lamentablemente, no era sólo un problema de la San Martín. Es la crisis que desde hace varios años afronta el sistema de educación superior colombiano y que, como lo advierte la exviceministra de Educación Isabel Segovia, “ahora se quiere resolver, por una circunstancia de último minuto, con una nueva ley”.

Esta situación de urgencia la que hizo que en tres semanas se creara y se aprobara el proyecto, que según sus opositores tomó por sorpresa a algunos miembros de la comunidad universitaria. A pesar de que los rectores de instituciones públicas manifiestan haber sido consultados, estudiantes y docentes se sienten excluidos en la formulación de los artículos que le da herramientas al Ministerio para imponer medidas preventivas y sancionatorias, que crean un mecanismo de vigilancia especial para aquellas irregularidades o anomalías graves en las instituciones. Además, el proyecto le da facultades al Gobierno para que pueda obtener información jurídica, contable o administrativa de las entidades, y contempla la creación de una superintendencia como órgano de control drástico que vele por la calidad de la educación en el país.

Aunque todos concuerdan en que se necesitan normas regulatorias para solucionar el problema de corrupción que presentan algunas instituciones de educación superior, no todos los actores están de acuerdo con la decisión aprobada. En palabras de Ómar Gómez, vocero nacional de la MANE, “el lucro y la corrupción de las universidades lamentablemente se toma como pretexto para afectar otros derechos como la autonomía universitaria”.

La autonomía, justamente, es uno de los puntos álgidos del debate. “Creo que hay unanimidad de los rectores en apoyar al Gobierno para que puedan tener dientes para vigilar a las instituciones que de uno u otro motivo pretenden burlar la ley. Lo importante es que no vaya a vulnerar la autonomía universitaria que tenemos”, dice el rector de la Universidad de Antioquia, Alberto Uribe. Con él coincide Felipe César Londoño, rector de la Universidad de Caldas.

Por su parte, el senador Jorge Robledo es enfático en considerar que el intervencionismo que la norma le otorga al Ministerio, es un hecho inadmisible y que viola las libertades de las instituciones educativas. No obstante, la senadora Claudia López señala que “la autonomía es para cumplir los fines de la educación y no para estafar y enriquecer a unos pocos, y eso es lo que busca garantizar esta ley”.

Al respecto, Segovia analiza que la mejor manera de resolver este dilema consiste en tener claro que en cuanto a autonomía se refiere, la libertad de cátedra es el aspecto fundamental e intocable . “Pero lo que no se debe extender a la autonomía es el tema administrativo y financiero que ante irregularidades viola los derechos de los estudiantes. Si en las facultades que otorga la ley al Ministerio se logra esta diferenciación, es posible que ni siquiera se necesite una superintendencia”, añade.

Según la experta, la creación de este órgano de control es algo que requiere una discusión profunda sobre su utilidad, funcionamiento y pertinencia. “Antes de una superintendencia miraría si el Ministerio es capaz de cumplir a cabalidad las funciones de inspección y vigilancia que le otorga la ley”, dice.

Pese a los cuestionamientos, la ministra de Educación, Gina Parody, ha recalcado que “este proyecto es el que realmente le da al Ministerio las herramientas que permiten garantizar el derecho a la educación, es lo que nos interesa y lo que constitucionalmente estamos obligados a darle al país”.

Sin embargo, algunos consideran que aún hace falta mucho por hacer. Para el senador Robledo, la crisis de la educación sólo se puede corregir si se les da poder a los estudiantes y profesores para vigilar, preguntar, auditar y exigir cuentas en el interior de las instituciones. Posición que comparte el vocero de la MANE: “la salida es la democratización profunda de las universidades que permita al estudiantado ser partícipe del control, sin negar que el Gobierno pueda ejercer el mandato constitucional de inspección y vigilancia”.

 

últimas noticias