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En Argentina hay 57 universidades públicas en todo el país que no funcionan desde el 9 de agosto por un paro de maestros. En total, 190.000 docentes, agrupados en cinco gremios de maestros, se volcaron a las calles desde el 6 de agosto en reclamo por un aumento salarial acorde con la inflación oficial de ese país, que ya alcanza el 20 %.
El paro también se inició por demoras en la asignación de presupuesto para las universidades públicas.
De acuerdo con el diario Provincia, de Argentina, los economistas creen que cerrará el 2018 en 35%.
Los docentes ya habían hecho 19 paros en reclamo al aumento salarial en 2018. El gobierno de Argentina propuso un aumento del 5%, y otro del 5.8% a pagar en septiembre.
Según InfoBae, las protestas tienen distintos grados y es dispar según el perfil de la facultad o del colegio afectado. “En la UBA, por ejemplo, hay profesores de paro en Ciencias Exactas, Medicina, Filosofía -entre otras facultades. En cambio, en Derecho la mayoría de las cátedras cumplen con el cronograma habitual del cuatrimestre. Esto se explica en que los docentes de abogacía suelen tener sus ingresos principales por fuera de la actividad académica, un lujo que no pueden darse los maestros de dedicación exclusiva de carreras vinculadas a las ciencias”.
En Chile, esta semana unos 30.000 maestros marcharon por el centro de Santiago de Chile como “advertencia”.
El pasado abril, al iniciarse un diálogo con el Gobierno, el magisterio presentó un documento de 11 puntos a resolver, entre ellos el pago de la deuda histórica que mantienen algunos municipios, la regulación del agobio laboral, igualdad de trato a los profesionales y el término de una doble evaluación de la labor docente existente en la actualidad.
Según el diario chileno El Economista, los docentes manifestaron su preocupación por la Ley Nueva Educación Pública, que desmunicipaliza la educación para que sea el Estado quien mejore la calidad de formación que reciben los estudiantes.
En la ceremonia de aporbación, en octubre de 2017, la presidente de Chile, Michelle Bachelet destacó que "se garantiza que en ningún rincón de Chile la calidad de la educación a la que tienen derecho nuestros niños, niñas y jóvenes dependa, nunca más, del lugar donde les tocó nacer o vivir". La iniciativa provocará el traspaso de unos 5.500 colegios municipales a 70 servicios locales estatales de educación a lo largo de todo el país, que serán coordinados por la Dirección de Educación Pública en el nivel central. Lo que preocupa a los profesores es que no hayan tenido diálogo directo con ellos para la promulgación de la ley.