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Este lunes la Corte Constitucional decidió dejar en firme la Ley 1740 de 2014 que regula la inspección y vigilancia de la educación superior en el país tras recibir tres demandas de inconstitucionalidad en contra de esta ley.
De acuerdo con la Corte Constitucional, las dos primeras denuncias tenían errores de técnica y no se encontraban bien estructuradas por lo que el alto tribunal se declaró inhibido.
En el caso de la tercera demanda, revisó el procedimiento para expedir la Ley y otro tema expuesto como la autonomía universitaria que, según los demandantes, se vería afectada con la entrada en vigencia de esta ley, y aseguró que la Ley fue tramitada de acuerdo con las normas de la Constitución y que no tiene ningún vicio.
"La Corte hizo el estudio, pero finalmente tomó la decisión de declarar la Ley exequible, porque al estudiar una parte de la demanda, que era sobre los vicios de procedimiento, la Corte decidió que estos no eran a lugar y que todo el procedimiento que se realizó para la expedición de la Ley fue acorde a la Constitución", aseguró la viceministra de Educación Superior, Natalia Ariza.
La ley 1740 de 2014, sancionada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, faculta al Ministerio de Educación para obtener información jurídica, contable, económica, administrativa o de calidad de las instituciones de educación superior (IES), y le ordena a la Contaduría General de la Nación expedir el Plan Único de Cuentas de las mismas.
A la vez establece medidas preventivas y de vigilancia especial cuando una institución presente anormalidad en la prestación del servicio o irregularidades en su funcionamiento. En un plazo de un año desde que se aprobó la ley, se debe crear una Superintendencia de Educación como un ente regulatorio independiente del Ministerio capaz de tomar medidas drásticas de control con las universidades.
El Ministerio calificó como un logro esta ley pues con esta se puede acabar con las universidades de garaje y garantizar el derecho a la educación de los jóvenes del país para evitar casos como el de la Fundación Universitaria San Martín que perjudicó a miles de estudiantes, quienes dejaron de recibir clases por un largo período y en donde el Ministerio encontró irregularidades como desviación de los recursos.