Dos semanas de protestas universitarias

El miércoles y jueves de esta semana reaparecerán las movilizaciones de los estudiantes de las universidades públicas.

María Alejandra Rosas y Jairo Andrés Rivera, voceros de la MANE. / Luis Ángel - El Espectador

 El 24 de octubre los integrantes de la MANE volverán con otra marcha y el 31 saldrán con disfraces, en alegoría al que supuestamente tiene puesto el Gobierno. Según dicen dos de sus voceros, el Ministerio de Educación mantiene cerradas sus puertas.

María Alejandra Rosas, vocera de la MANE

“El diálogo con el Gobierno no existe”

La MANE tiene listas varias movilizaciones y otros actos colectivos para la semana entrante y siguiente. ¿Por qué organizaron este nuevo ciclo de protestas?

En el octavo plenario de la MANE, realizado entre el 5 y 6 de octubre pasados, se concluyó que debíamos convocar al próximo paro nacional universitario para manifestar nuestra preocupación por la profundización de las crisis en las universidades públicas: en materia financiera, en el tema de democracia en cuanto a la toma de decisiones y en el de las libertades y garantías para ejercer nuestros derechos de movilización y protesta.

¿Qué pretenden lograr con el paro?

Llamar la atención del Gobierno sobre la problemática de la educación y presionarlo para que se abra un debate público sobre tres puntos: 1. La deuda del Gobierno con las universidades. 2. Las propuestas sobre el modelo de educación que deben ser discutidas democráticamente en una mesa de concertación en la que se sienten el Gobierno, la MANE y otros sectores del área. 3. Las garantías para ejercer el derecho a la protesta en tanto que se están criminalizando y estigmatizando las movilizaciones estudiantiles con la militarización de algunas universidades, la presencia de los escuadrones antidisturbios y los señalamientos y medidas policivas contra los participantes de las marchas.

¿Por qué han dividido las movilizaciones en varios actos?

Porque tienen diversos objetivos: la movilización del miércoles 16 y jueves 17 de la semana entrante es una protesta de todas las universidades públicas del país. A partir de esos dos días, cada universidad definirá, en su autonomía, si continúa en cese de actividades o no, dependiendo de sus circunstancias particulares. El 24 de octubre desarrollaremos una segunda jornada de movilización nacional para enfocarnos en el problema del presupuesto que destina el Gobierno Nacional a la educación pública. El 31 habrá una marcha de disfraces con el objetivo de plantear, simbólicamente, el que se pone el Gobierno cuando se refiere a su compromiso con las universidades. Por eso le pusimos un nombre a ese acto de protesta: “No más disfraces, Santos”. Y, por último, programamos una marcha para el 7 de noviembre, cuando se cumplen dos años de la caída, gracias a la presencia masiva de la MANE, de la reforma a la Ley 30 presentada por el Ministerio de Educación en 2011. A partir de ahora, el 7 de noviembre se conocerá como el día de la “Dignidad educativa”.

¿A cuántos estudiantes representa, en realidad, la MANE?

En el país hay alrededor de 32 universidades públicas y, según las estadísticas más recientes, hay más de un millón de estudiantes en estos centros educativos. En 2011 logramos el mayor número de participantes en una movilización: salieron cerca de medio millón de jóvenes en toda Colombia. Este año estamos apostándole a que se llenen las calles de varias ciudades para que el mensaje de la defensa de la educación pública sea fuerte y claro.

¿Tienen relación con otros sectores de la educación como profesores o trabajadores de universidades?

Sí. Estamos consolidando relaciones con organizaciones de profesores y con sindicatos de trabajadores de las universidades porque tenemos problemas en común.

Antes de tomar la decisión de movilizarse de nuevo, ¿intentaron volver a conversar con el Ministerio de Educación o con otros despachos del Gobierno?

El 29 de agosto pasado, que fue el día de la primera movilización de la MANE este semestre, radicamos una carta de ocho puntos en el Ministerio de Educación y en el Congreso de la República. Hasta el momento no tenemos ninguna respuesta de alguna de esas dos instituciones, excepto la de una invitación general, que hizo el Ministerio, a participar en la construcción de políticas educativas. Pero ese, como le digo, es un llamado general. No una respuesta a la MANE.

¿Con la ministra de Educación han logrado tener algún contacto?

No. En 2013 no hemos hablado con ella.

De nuevo: ¿lo han intentado?

Sí, claro. María Fernanda Campo forma parte del Consejo Superior de la Universidad Nacional. Y nosotros la invitamos a que hiciera un consejo superior ampliado en donde tuviéramos cabida todos y pudiéramos discutir los temas que le he mencionado. Pero la negativa a estar en un espacio de debate abierto, en el que participaran los estudiantes y el resto de la comunidad universitaria, fue radical.

¿El diálogo con el Gobierno Nacional es imposible, según ustedes lo ven, o aún se puede construir un puente que evite rupturas totales?

Hasta este momento el diálogo no existe. El Gobierno ha expresado con claridad su intención de quitarle la visibilidad, ante la sociedad, a la MANE y al movimiento estudiantil. Pero nuestra intención siempre ha sido la de abrir la posibilidad de diálogo. Como entendemos que esa posibilidad no surge de manera espontánea, sabemos que tenemos que impulsarla con estas movilizaciones y con el apoyo de la sociedad colombiana que también reacciona si nos hacemos escuchar.

Jairo Andrés Rivera, vocero de la MANE

“La capucha no siempre está ligada a la violencia”

¿Cuáles son los problemas que ustedes le ven al modelo de educación?

Que es excluyente y que carece del sentido de lo público, tanto en las universidades del Estado como en las privadas, así como del de la función social de la educación. En las estadísticas se refleja lo que es: sólo 5 de cada 10 bachilleres acceden a la educación superior. De ellos, sólo uno tiene la oportunidad de contar con educación superior de calidad (pública o privada) de alto costo. Entre esos mismos 5, únicamente llegan a graduarse 3, y de éstos, uno consigue trabajo por su propio esfuerzo y sin apoyo del Estado. Pero, además, el sistema educativo público colombiano no es gratuito y su calidad cada año que pasa es peor porque el presupuesto que le asignan es más bajo.

En materia de movilizaciones las autoridades advierten el peligro de que haya “infiltrados” que generen violencia. ¿Cómo han pensado controlar ese factor?

La primera herramienta que tenemos para adelantar un movimiento estudiantil contundente es la convocatoria a marchas pacíficas, masivas y creativas. Esto por un lado. Por el otro, igualmente repudiamos todas las formas de prejuicio sobre las protestas ciudadanas y la criminalización que se hace contra ellas, o la represión con que pretende controlárselas. Hemos dicho que no creemos que existan infiltrados en la universidad en el sentido en que lo entiende el Gobierno, como expresiones de la guerrilla o de otros grupos armados. Si los estudiantes hacen uso de su derecho a pensar libremente, dado que la naturaleza misma de la universidad es la libertad de pensamiento, eso no convierte a quienes se expresan de una manera específica en infiltrados.

El Gobierno se refiere a las acciones de los “infiltrados” cuando personas que se mezclan con los estudiantes lanzan piedra, papas bomba o usan otro tipo de violencia. ¿Ese fenómeno no existe para ustedes?

Claro que existe, pero interpretamos que son estudiantes que utilizan otros mecanismos de protesta distinta a la de nuestras convocatorias. Y creemos que la forma en que debemos hacerle frente a ese tipo de hechos no es la de la denuncia o la de la judicialización, como pide el ministro de Defensa, sino la de la construcción de pedagogía y de una cultura de la protesta estudiantil. Si bien no compartimos esas actitudes, sí entendemos que muchos estudiantes —como los campesinos y otros manifestantes— reaccionan con fuerza ante la acción violenta del Estado que no por legal es legítima.

La capucha se ha convertido en un símbolo de violencia para el grueso de la gente. ¿Para ustedes también?

No. No creemos que la capucha esté siempre ligada a hechos de violencia. Esa es una generalización que ignora fenómenos históricos como el de los zapatistas en México o el del movimiento de los indignados en las redes sociales y que se utilizaba más como modo de protección que de ataque. No estamos de acuerdo en que conviertan automáticamente a un estudiante en falso positivo por el solo hecho de usar una capucha.

El 31 de octubre, día de los disfraces de protesta estudiantil, ¿permitirán capuchas o antifaces, o para evitar malos entendidos los evitaran?

La idea de esa marcha es que la gente se disfrace simbólicamente, en defensa de la educación. La creatividad de cada quien puede desplegarse como sea, para participar en una movilización llamada a ser pacífica.

¿Es cierto que hay estudiantes de la MANE detenidos y bajo cuáles cargos?

Es cierto. El movimiento estudiantil ha sido víctima de retenciones, detenciones, encarcelamientos y de desapariciones, asesinatos y exilios. En cuanto a las detenciones, durante las movilizaciones de 2011 fueron encarcelados Jorge Eliécer Gaitán, de la Universidad Surcolombiana; de esta misma universidad, Carlos Lugo, cantante y compositor, que también fue dirigente estudiantil y quien se estrenaba como profesor allí mismo; y Ómar Marín, de la Universidad de la Amazonia. Ellos fueron detenidos por rebelión y por otros cargos, pero estos últimos no prosperaron. Sin embargo, continúan detenidos en La Picota y en Florencia. Hemos exigido su liberación inmediata y pedido que nos expliquen por qué los mandaron al Caquetá.

¿Quiénes han sido asesinados y en cuáles fechas?

Nicolás Neira, estudiante de secundaria, muerto en Bogotá, durante un enfrentamiento con el Esmad en una de las marchas del 1° de mayo en 2003. Johnny Silva, Martín Hernández, Julián Hurtado, Óscar Salas y Jean Farid Cheng Lugo murieron en movilizaciones posteriores y en 2011. En cuanto a los exiliados, los estudiantes que se han acogido a esa figura prefieren el anonimato por las amenazas que les han llegado a ellos y a sus familias.

Si pudiera sentarse unos minutos a hablar con el presidente Santos, ¿qué reclamo le haría y qué solicitud le pediría?

 

El primer reclamo que le haría sería el de decirle que no es posible hacer de la educación los rieles por donde pasan sus locomotoras. La educación no puede ser funcional ni servil al despojo, al desarraigo o a la guerra. La educación es para que la dignidad humana se ponga por encima del mercado. A Santos no le pediría sino que le exigiría sentarse en una mesa con todos los actores sociales para abrir un gran diálogo en Colombia sobre la soberanía, la democracia y la paz, tres principios por los que pasa la educación y que este y el anterior gobierno han olvidado.

¿De nuevo la perturbación social?

Contrario a lo que sostienen los estudiantes de la MANE sobre el debilitamiento económico de las universidades públicas, la ministra María Fernanda Campo reiteró que nunca ese sector se había fortalecido tanto como con el gobierno de Santos. Insistió en que en la pasada reforma tributaria se les asignaron $1,5 billones a la infraestructura y a la calidad de los centros educativos estatales. Y en que esto significa un aumento presupuestal de $260 mil millones. Campo también relacionó los recursos de las regalías que les estarían llegando a las universidades. Según ella, en cuantía de $330 mil millones, de los cuales $170 mil millones serían para invertir en la especialización de docentes. Pero la MANE tienen cuentas diferentes. Los voceros estudiantiles de esa joven organización, que ha demostrado capacidad de movilización de la población universitaria, señalan que van de nuevo a paro porque, entre otras razones, el Gobierno le adeudaría a la educación superior la gigantesca cifra de $11 billones. El Ejecutivo tendrá que reaccionar con imaginación e inteligencia a las protestas de la semana que empieza porque, además de la que hará la MANE, habrá otras como la minga nacional indígena que se iniciará mañana.

Líderes estudiantiles desde el colegio

 

María Alejandra Rosas tiene 22 años, es estudiante de la Universidad Nacional y cursa octavo semestre de fisioterapia. Después de obtener título de bachillerato en la Institución Educativa Distrital Jorge Eliécer Gaitán, en Bogotá, se vinculó a la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU Colombia) y pertenece a la Mesa Amplia Nacional de Educación (MANE) desde cuando ésta se conformó, en 2011. Tiene su tiempo completamente copado: en las mañanas asiste a las prácticas clínicas. Reparte las tardes entre las clases y las reuniones del movimiento. Se convirtió en activista  estudiantil por su interés en defender la universidad pública a la que ve debilitada. Jairo Andrés Rivera cumplió 24 años y acaba de terminar el pregrado en ciencias políticas. Viene del colegio Champagnat de Ibagué y ha sido defensor de la educación pública desde las movilizaciones de 2002, primer año del gobierno Uribe, cuando la discusión se centraba más en el servicio militar obligatorio y en el presupuesto nacional que le destinaba una gran suma a la seguridad nacional mientras le bajaba los recursos a la educación. Es representante estudiantil en el consejo superior de la Universidad Nacional y puede ser reelegido porque continuará su carrera, ahora en una maestría.