El efecto dominó de la San Martín

Al menos 10 instituciones podrían recibir sanciones similares a las de la fundación. Ministerio de Educación investiga 45 universidades.

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La bomba de las irregularidades administrativas de muchas instituciones de educación superior del país está a punto de estallar por cuenta del castigo que acaba de imponerle el Ministerio de Educación a la Universidad San Martín. (Vea infografía expandida aquí)

Después de años de incumplimientos a maestros y alumnos, de saltarse la ley y ofrecer programas sin certificación y de presuntamente destinar el dinero de sus matrículas al financiamiento de distintas empresas (como el restaurante Burger Market en Bogotá), el ministerio decidió meterle mano a la situación prohibiéndole a la universidad que matricule más estudiantes para el próximo semestre y exigiéndole que envíe el dinero de las matrículas a una fiducia, en un banco autorizado, para garantizar que la plata sólo se utilizará en la universidad.

Pero el caso de la Fundación Universitaria San Martín, aunque es el más mediático, no es el único que presenta este tipo de desfases. El miércoles, durante la rueda de prensa en la que anunció las decisiones del ministerio, la ministra Gina Parody les advirtió a los directivos de la Corporación Universitaria Rafael Núñez (Cartagena), la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y la Universidad Incca (Cundinamarca) que podrían ser los siguientes en recibir sanciones similares.

También se habla de la Universidad La Gran Colombia (Bogotá), la Universidad de Cundinamarca (Fusagasugá), la Universidad del Pacífico (Buenaventura) y la Universidad Autónoma del Caribe (Barranquilla), todas ellas instituciones que han protagonizado titulares por escándalos administrativos (ver gráfico), los cuales en algunos casos han terminado con directivos judicializados o sanciones que no han sido cumplidas.

Después de que la semana pasada la ministra de Educación firmara el decreto 2219, cuyo objetivo es tener más herramientas para detener estos abusos, se espera que se tomen medidas más concretas frente a las instituciones que no cumplan con los estándares de calidad, que utilicen las rentas para fines diferentes a los de su misión social (no para la educación), que no cumplan sus sanciones o que oferten programas sin registro calificado.

A todas ellas se les podrían suspender sus registros calificados y podrían ser intervenidas por el ministerio.

El Espectador conoció que en total 41 instituciones privadas están siendo investigadas por el ministerio por faltas que podrían ir desde incumplimiento de algunas cláusulas de contrato hasta el desvío de recursos de educación hacia fines distintos al de la promoción del aprendizaje.

Pero los pocos datos públicos que entrega al respecto el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) impiden conocer cuáles son las universidades con las irregularidades más graves y los detalles de cada caso.