Hora de las propuestas

El Espectador y los profesores de la U. Nacional debatieron sobre las principales alternativas para salvar a las universidades. El problema no es solo de recursos.

Carlos Garzón, director de planeación de la Unal; Andrés Mora, estudiante de doctorado; Mauricio Archila, miembro del Seminario Permanente de Profesores; Ómar Gómez, vocero de la MANE, y Leopoldo Múnera, profesor de ciencia política, durante el foro de ayer. / Óscar Pérez - El Espectador

El consenso es que el dinero no alcanza. Que no son suficientes los $2,69 billones que el Gobierno destinó este año para la educación superior. En eso coincidieron profesores, directivas, estudiantes y académicos que se reunieron ayer en el auditorio Margarita González de la Universidad Nacional, en Bogotá, en el foro “Futuro de la financiación de la educación pública nacional”, convocado por El Espectador y el grupo profesoral Seminario Permanente por la Universidad.

No alcanza el dinero y por eso es necesario plantear una nueva fórmula. ¿Cuál sería la más indicada? Cada sector tiene una propuesta. La de Andrés Felipe Mora, estudiante del doctorado en ciencia política de esta universidad, tiene un trasfondo claro: “Si se quiere garantizar el derecho a la educación superior, se debe garantizar primero el de la educación preescolar, primaria y secundaria; se debe ver el sistema como un todo”.

Mora dice que este pensamiento serviría además para enfrentar “el peor fracaso de un sistema educativo”: la deserción, que en nuestro país llega al 46,4% y que está causada, en parte, por los vacíos académicos con los que los estudiantes llegan a la universidad.

Así sería su modelo de financiación ideal: por cada niño de tres años que ingrese al primer año de preescolar, se haría una asignación de unos $7,7 millones (una especie de ahorro que el Estado haría por él). Durante los 14 años que el estudiante permanezca en el sistema educativo esa cifra sumaría cerca de $37,7 millones, de los cuales se le entregarían $30 millones para costear su universidad y el dinero restante se reinvertiría en una gran bolsa que seguiría financiando a otros estudiantes. Esta propuesta le costaría al Gobierno $6,6 billones anuales en los primeros 14 años y $211.000 millones en los siguientes 42, con lo que se lograría un equilibrio en el gasto.

Esta es apenas parte de una propuesta que todavía está construcción, pero sin duda significaría un cambio estructural. Precisamente la intervención del profesor de ciencia política Leopoldo Múnera reclama eso: que los problemas de financiación no sean vistos como una “simple crisis coyuntural sino estructural”, que requieren soluciones de fondo y no remedios “paliativos”, con lo cual se refiere a dos proyectos que está apoyando la Unal para recibir recursos: la creación de una estampilla postal obligatoria y de una ley de honores para apoyar la celebración de sus 150 años.

Múnera critica que el Gobierno quiera enfrentar la crisis de financiación y cobertura “extendiendo la educación técnica y tecnológica de bajo costo y calidad” para los estudiantes de menos recursos. Dice que esta iniciativa profundizaría una vieja falencia de nuestro sistema educativo: la desigualdad, y recordó que la tasa de cobertura en educación superior de la población de mayores ingresos es del 88%, mientras en la de menores ingresos apenas alcanza el 8%.

Esta es su propuesta: “Se debe hacer un modelo con financiación diferenciada y dejar el juego de pensar que todas las instituciones necesitan los mismos recursos”. Asegura que no sólo se debe tener en cuenta la complejidad de cada institución, sino también las necesidades de desarrollo en las regiones.

Carlos Garzón, director de Planeación de la Nacional, reconoce que la universidad “ha tomado decisiones insostenibles a largo plazo”. Señala, por ejemplo, que es contraproducente que se haya fijado un 25% inamovible del presupuesto para investigación y desarrollo. Dice también que la creación de nuevos pregrados y posgrados se ha convertido en un dilema en estos días de un presupuesto tan limitado. “Hace cinco años se nos acabaron los ahorros”, dice.

En palabras de Eduardo Sarmiento, economista y columnista de este diario, el problema es que el Estado colombiano no está cumpliendo con su obligación de brindar educación de calidad y el debate sobre la educación pública se asume como si se tratara de una solicitud de limosna. Sarmiento parte de que en la educación superior el país tiene uno de los índices de cobertura más bajos de la región (no llega al 39%), debido a la escasez de recursos que se asignan para tal fin, en comparación con otros, como las pensiones “millonarias” de los altos funcionarios del Estado o el gasto militar.

¿Cómo resolver el problema, según él? Priorizando la educación pública y dejando como subsidiaria la privada. Hay que calcular cuánto cuesta la educación de una persona y garantizarle como mínimo esa suma. Uno de los aspectos más llamativos de la propuesta de Sarmiento fue evaluar la posibilidad de extender el modelo que hoy usa la Facultad de Economía de la Escuela Colombiana de Ingeniería, en la que los estudiantes de estratos más elevados pagan la tarifa plena de matrícula, pero un 60% de los cupos están reservados para los de estratos más bajos, quienes sólo pagan las mitad. “Hay recursos para hacerlo. Se requiere voluntad política”, indicó.

Ómar Andrés Gómez, vocero de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) dice que lo más preocupante del asunto es que en Colombia hay 3,5 millones de jóvenes sin acceso a la educación superior y que para evitar que esa cifra siga creciendo es necesario diseñar una propuesta que tenga en cuenta la complejidad de la universidad, contemple estrategias de inversión, impida la intermediación financiera en acceso a recursos y evite que la educación sea usada con fines de lucro.

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