Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Juicio simbólico al Estado colombiano por feminicidios

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Colectivos feministas realizaron un Tribunal Simbólico en donde condenaron al Estado por cinco feminicidios (y una tentativa) cometidos en medio de la pandemia. Las marchas en rechazo a la violencia contra las mujeres se realizaron en ciudades de todo el mundo.

“Las mujeres históricamente hemos sido víctimas del genocidio sexualizado más antiguo de la humanidad, y hemos sido las víctimas por las que menos se ha llorado. La humanidad no se ha dolido nunca en la medida en que debería por el genocidio de las mujeres”, escribió la investigadora guatemalteca Adilia de las Mercedes.

Con esta frase y una vela prendida por las mujeres que fueron asesinadas comenzó la sesión (virtual) del Tribunal de Mujeres, un cuerpo político que reclama justicia. Es un espacio convocado por la Mesa por el Derecho de la s Mujeres a Una Vida Libre de Violencias (que hace seguimiento a la Ley 1257 de 2008) y por otras agrupaciones de mujeres en varios lugares de Colombia, con la intención de debatir públicamente sobre las razones —todas injustificables— por las que nos matan casi a diario.

De acuerdo con la Fiscalía, 55 mujeres fueron asesinadas solo por ser mujeres entre marzo y julio de 2020. Sin embargo, organizaciones como el Observatorio de Feminicidios tienen en sus cuentas a 508 mujeres asesinadas en 2020, en su mayoría por parejas o exparejas sentimentales. El proyecto No es Hora de Callar habla de 209 y Feminicidios Colombia menciona 180.

Aunque no hay exactitud de cuántas faltan por relacionar, el Tribunal documentó cinco casos de feminicidio y uno de tentativa de feminicidio en el contexto de la pandemia, con ayuda de las familias de las mujeres asesinadas y agrupaciones de mujeres como Yapuranas (Caquetá), la Red de Mujeres de Fusagasugá (Cundinamarca) y la Red de Mujeres de San Pedro (Sucre), entre otras, para discutir sobre la responsabilidad del Estado, la sociedad y los medios de comunicación frente al feminicidio.

Las historias de las que nos faltan

Cindy Julieth Morales Salguero tenía 28 años. Vivía en Florencia (Caquetá), vendía productos Avon y, un día antes de ser asesinada, se graduó de la especialización en talento humano de la Universidad de la Amazonia. Johan Alberto Ossa Lopera, un agente de la SIJIN con permiso para el porte de armas, es su expareja. En 2017, ella le terminó, y en febrero de este año, Cindy regresaba de su grado cuando él y otro hombre la mataron en su casa. Su papá fue quien encontró el cuerpo, amarrada a la cama, con lesiones en los senos y signos de acceso carnal violento.

María Angélica Polanco Miranda tenía 38 años, era docente, contadora pública y madre de tres hijos. Vivía en Barrancabermeja (Santander). Terminó con el presunto feminicida, Arlington Polo, padre de uno de sus hijos, porque no cumplía con sus obligaciones. En julio, Polo la citó en Barrancabermeja (en donde había toque de queda y restricciones al tránsito de personas, por la pandemia) el 17 de julio. Ese día desapareció, y la encontraron muerta en el corregimiento de Llanito. En este caso ya hay orden de captura contra su expareja, pero, según el Tribunal, su familia no ha recibido apoyo psicológico ni jurídico por parte de la Gobernación de Santander.

Leidy Padilla Daza, por otro lado, vivía en Valledupar (Cesar). Tenía 41 años, era una mujer trans, peluquera y lideresa en temas LGBTIQ y de prevención de VIH. El 11 de julio, en horas de la tarde, Leidy estaba en su peluquería del barrio Villa del Rosario con un cliente, Pedro Caldera Romero. Tuvieron una discusión y él la obligó a salir a la vía pública, la atacó con un arma blanca en la cara, el tórax y el brazo y la mató mientras los vecinos miraban la pelea o animaban al agresor. Aunque hay orden de captura, el agresor sigue libre.

Jaidiani Isabela era una mujer migrante venezolana, madre de tres hijos menores de seis años. Vivía en San Pedro (Sucre) y comenzó una relación con un hombre 35 años mayor que ella, porque él la ayudaba con dinero para el arriendo y alimentos, pero él la violentaba sexual y psicológicamente. Seis meses antes de su asesinato, el agresor intentó ahorcarla, pero uno de los hijos del agresor la salvó. Tres meses después, le robó la ropa y le rompió el colchón. El 15 de agosto, día en que la asesinó, le dijo que fuera a recoger un dinero. Jaidiani fue al encuentro acompañada con su hermana, pero el agresor logró separarlas. Discutieron, se dieron cachetadas y cuando ella le dio la espalda, la golpeó con un palo hasta matarla. Como era funcionario público, llamó al alcalde a pedirle ayuda. El mandatario le dijo que se entregara, le prometió abogados y mandó una patrulla de Policía por él.

Rosa Angélica Ramos era amorosa y valiente, era venezolana y residía en Soacha (Cundinamarca), en el barrio Porto Alegre. Tenía un puesto de tintos para sobrevivir. Rosa tuvo un hijo de diez años y estaba embarazada cuando murió a manos del presunto feminicida. Su madre dice que vivía con él en Venezuela y que él le había golpeado con un arma de fuego en la cabeza antes de llegar a Colombia. Rosa le dijo alguna vez que si algo le pasaba, lo buscaran a él. El 18 de julio, Rosa y su presunto feminicida discutieron en la pieza que compartían, y él salió con maletas y se fue. Sus vecinos encontraron su cuerpo envuelto en cobijas, con varias heridas de arma cortopunzante.

Emily vivía en la localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá). Tenía 24 años, era bachiller y tenía un hijo de tres años. Sostuvo una relación con Luis durante seis años. Emily dice que Luis, de 22 años, la controlaba, la hostigada, la amenazaba con armas de fuego y por eso se separó de él y puso una medida de protección ante la Comisaría de Familia. Había acudido tres veces a esa entidad por tres agresiones distintas. Ella dormía con su hijo cuando llegó Luis a gritarle: “Perra, la voy a matar”. La golpeó con la cacha del revólver y le disparó en la cara, pero la bala pasó a dos centímetros. Luis escapó y Emily y su mamá pusieron la denuncia ante la Fiscalía, que tipificó la acción como violencia intrafamiliar, pero no como tentativa de feminicidio. Cuando la abogada de Emily exigió que se cambiara el delito, la respuesta fue: “No se determina la intención del agresor de segar la vida de su expareja. Nótese que contaba con un arma con la que pudo ocasionar mayor afectación y no lo hizo”. No hay presencia del ICBF, ni de Personería, ni de Defensoría del Pueblo, ni de la Comisaría de Familia, y Emily está escondida de su agresor, asustada y en riesgo extremo de feminicidio.

“Todos los crímenes tienen algo en común: que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables. Todos coinciden en su infinita crueldad y son crímenes de odio contra las mujeres. Son crímenes misóginos acuñaados en una enorme tolerancia social y estatal a la violencia masculina como parte de la condición de género”. Estas palabras de Marcela Lagarde fueron citadas por la perita Claudia Ramírez, abogada feminista y coautora de la ley 1257 el 2008. Es decir que no son casos aislados ni de mujeres sin suerte, sino que estamos en un contexto de violencia generalizada.

“Según el peritaje, hay un elemento constitutivo en el delito de feminicidio: la impunidad. De hecho, el 98 % de estos crímenes están en la impunidad en Colombia. “Hay feminicidio cuando el Estado no brida garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en comunidad. “Por eso es un crimen de Estado: porque las deja solas, porque son crímenes que se pudieron haber evitado. Si el Estado falla, la delincuencia aflora, y el feminismo no llega hasta allá”, dijo Ramírez.

“Entre el 25 de marzo y el 10 de septiembre hubo un incremento del 101,7 % de llamadas por violencia intrafamiliar a la Línea 155, que pasó de recibir 661 llamadas en 2019 a 14.545 en 2020. Las mujeres estaban encerradas con sus agresores, y la mayoría de las llamadas no tuvo seguimiento. Una de esas llamadas pudo haber sido hecha por las cinco mujeres asesinadas. “Ramírez explicó que un común denominador es la inacción del Estado para prevenir estos hechos, pese a la existencia de un marco legal nacional o internacional.

En todos estos casos estamos hablando de crónicas de muertes anunciadas porque el Estado colombiano ya sabe qué hacer: ha firmado el CEDAW (que busca que los Estados implementen legislaciones para la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres); tiene la Ley 1257 de 2008, que es el marco de acción contra las violencias hacia las mujeres, y tiene la Ley Rosa Elvira Cely (que introduce el término “feminicidio” en la ley colombiana). En otras palabras, la ley está muy afinada, pero el engranaje estatal no. “Me llamó la atención que cuando los feminicidios sucedieron generaron miedo en otras mujeres. Para que veamos cómo estos ataques no van dirigidos solo a las mujeres que los sufren directamente, sino a todas. Es una manera de decir: “Podemos hacer esto en un Estado machista”, señala Ramírez.

“Algo muy grave nos pasa si doce años después de la Ley 1257 se deben dar tantas vueltas para saber cómo proceder, para que una mujer demuestre que está siendo agredida y aun así la institución y la sociedad no le cree”, resaltó Ximena Correal Cabezas, comunicadora feminista y perita del Tribunal Simbólico.

En el análisis que hizo el comité de peritaje también resaltaron el papel de los medios de comunicación en la reproducción de las violencias feminicidas. “Según el análisis de los casos, casi ningún medio se refirió a las leyes que protegen a las mujeres, se concentraron en detalles escabrosos y amarillistas sobre el crimen o en las vidas personales de las víctimas (qué vestían, con quién salían) o el agresor. Solo en una ocasión se citó a alguna autoridad y se insistió en que las razones para el feminicidio eran los celos, los comportamientos “naturales” a los hombres, el amor, la ira o el alcohol. “En los medios de comunicación también se aprende a violentar”, dijo Correal.

Estado feminicida

Tras el juicio, las cuatro magistradas presentaron el veredicto. Clemencia López: lideresa de Soacha, y Carolina Gómez: de la organización Caribe Afirmativo. En primer lugar, hay falta de diligencia en la indagación. Otro elemento que compromete la responsabilidad del Estado es la omisión de la consideración de migrante y de la condición de la identidad de género.

También se omitió la aplicación del protocolo para la valoración del riesgo de feminicidio, un instrumento del Instituto Nacional de Medicina Legal (INML), dado que en ningún caso se aplicó. También hay falta de valoración de los efectos del feminicidio en hijas, hijos de las víctimas, y en las mujeres, que son quienes generalmente asumen su cuidado con la consecuente falta de reparación (…) No estamos pensando en los efectos generacionales del feminicidio. También hay ausencia de representación de las víctimas con enfoque de género. Otra omisión del Estado está en la falta de prevención de matrimonios infantiles; recordemos que una de las víctimas había comenzado su unión a los trece años”, dijo la magistrada Isabel Agatón, abogada y coautora de la Ley Rosa Elvira.

“La feminización de la pobreza se agravó en pandemia, y el Estado colombiano y los gobiernos departamentales se pasan la pelota para definir políticas realmente estructurales, diferenciales y drásticas para erradicar violencias. Nada ha logrado que un alto porcentaje de mujeres víctimas alcance niveles dignos de vida (…) La condición de clase se convirtió en un agravante”, dijo la magistrada Danny Ramírez, feminista y socióloga de Buenaventura, quien también denunció una cultura machista entre funcionarios judiciales.

“Clemencia López, lideresa y feminista popular de Soacha, recomendó al Estado colombiano eliminar las barreras institucionales, no conciliar las violencias en las Comisarías de Familia, ampliar el apoyo jurídico y psicológica en las Casa Refugio y establecer programas económicos para las mujeres para evitar que las mujeres deban ofrecer sexo transaccional.

El Tribunal recomendó actuar con diligencia en la indagación sobre los antecedentes de las violencias de las que fueron víctimas antes de sus muertes violentas, aun cuando no hayan sido denunciados (como lo ordena la Ley Rosa Elvira Cely); valorar y reconocer la condición de migrante y la identidad de género de las víctimas; masificar el protocolo de valoración de riesgo de feminicidio del INML que incluya la inasistencia alimentaria y los bienes patrimoniales; y que a través de una Ley de la República, se reconozca una reparación económica mensual a hijas e hijos de las víctimas de feminicidio, sin importar la edad, y a las mujeres que asuman su cuidado; y que el Estado adelante las sanciones disciplinarias o penales de funcionarios públicos involucrados en feminicidios.

Organizaciones de mujeres como el movimiento Estamos Listas declaró la Emergencia Nacional por Violencia Machista a mediados de este año, y en el marco de las movilizaciones de ayer en varias ciudades del mundo, las mujeres denunciaron a sus agresores, cantaron la Canción Sin Miedo y Un violador en tu camino, ocuparon el espacio público de sus ciudades, y se manifestaron contra el feminicidio. “Mientras esta cultura no cambie, las mujeres seguiremos muriendo a manos del amor y de la unidad familiar”, escribió una de las asistentes. La palabra de las mujeres es clara: el Estado colombiano no solo es cómplice, sino culpable de estos cinco feminicidios.

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