“La corrupción de los directivos no tuvo nada que ver con la calidad de la educación”: rectora U. San Martín

MAYRA VIERA - RECTORA UNIVERSIDAD SAN MARTÍN

Cuando Mayra Vieira fue nombrada rectora de la Fundación Universitaria San Martín, el 28 de abril de 2015, la institución protagonizaba uno de los peores escándalos de corrupción del sector educativo en Colombia. La universidad debía más de $600.000 millones, había perdido 55 de los 60 registros calificados que tenía y sus fundadores, la familia Alvear, huían de la justicia.

Hoy, tres años después de la intervención del Ministerio de Educación, que la nombró rectora, Vieira hace un balance de su labor y muestra resultados satisfactorios. Según ella, de los 81 hallazgos encontrados por las autoridades, la San Martín superó 100 % de los académicos, 100 % de los administrativos, 100 % de los de buen gobierno y 44 % de los hallazgos financieros. Ahora tiene diez nuevos registros calificados y en estos años ha graduado a 10.200 estudiantes.

Para Vieira, administradora de empresas de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, el principal desafío actual de la San Martín es recuperar la confianza de la sociedad colombiana. “Todo lo que queremos hacer en investigación, extensión y docencia no es posible si no hay estudiantes, por eso este ejercicio de rendición de cuentas”.

¿En qué situación encontró la San Martín?

Cuando asumí el cargo, la universidad llevaba varios años mal administrada y desfalcada. El día que me encargaron de la rectoría me llegó un carta que decía que la San Martín tenía 81 hallazgos y 192 sub-hallazgos. Teníamos que presentar un plan de mejoramiento especial para superarlos. (Lea también: El efecto dominó de la San Martín)

¿Qué tipo de hallazgos?

En gobierno universitario, por ejemplo, la Ley 30 de 1992 exige que en el máximo órgano de toma de decisiones de la institución tiene que haber representación del estudiantado y de los docentes, pero en el pleno de la Fundación no había ni un estudiante ni un profesor, solo seis Alvear. Lo crítico de esto es que los estatutos estuvieron casi treinta años y nadie nunca dijo nada. La contabilidad de la San Martín no reflejaba la realidad de los activos, ni de los pasivos, ni del patrimonio de la institución.

Otros hallazgos se referían a la altísima deserción: cuando una universidad pierde 10.000 estudiantes en un año, como pasó con la San Martín entre 2013 y 2014, es una señal clara de que algo malo está pasando. Además, pasar de tener 60 registros calificados para impartir programas académicos a tener solo cinco es una alarma de que las cosas no van por buen camino. Otros hallazgos se referían a que no había condiciones de calidad, pero era por logística y recursos financieros, no por la calidad de los profesores, ni de los estudiantes. A los profesores, por ejemplo, se les debían siete meses de pago.

¿Cómo hicieron para manejar esta situación?

Hubo un problema muy grave de comunicación. Toda la opinión pública señaló a los 17.000 estudiantes, a los 44.000 egresados y a los 3.000 profesores, cuando el problema era de la familia Alvear. La corrupción de los directivos no tuvo nada que ver con la calidad de los profesores ni con el compromiso de los estudiantes, no tiene nada que ver con la educación.

Sufrimos un desprestigio absoluto e injusto. Cuando un director se aleja de los objetivos del proyecto educativo institucional está usurpando la autonomía de esa comunidad de autogobernarse y autodeterminarse. La universidad San Martín es un patrimonio de la sociedad colombiana y, por tanto, tenemos que rendir cuentas de lo que estamos haciendo.

¿Cuáles eran las medidas de la resolución de intervención y vigilancia especial del Ministerio?

Todos los recursos de la Fundación había que manejarlos a través de una fiducia. Había que remover y sancionar a todos los integrantes del antiguo pleno y nombrar a unos nuevos. Teníamos que crear los institutos de salvamentos para saber cuánto dinero teníamos y cuánto debíamos. Nos dijeron: “Paren aquí, no paguen nada, restablezcan el servicio, traten de calcular activos y pasivos y propongan un plan de pagos”. Nos pusieron un inspector del Ministerio permanente e in situ. Nos suspendieron los registros calificados y los trámites para conseguir nuevos registros calificados. Eso implicaba congelar las admisiones. Los únicos registros que quedaron activos fueron: Administración, Contaduría Pública, Psicología y Derecho, presenciales en Bogotá, y Medicina en Pasto. La última medida era diseñar y ejecutar un plan de mejoramiento serio para superar los hallazgos en el menor tiempo posible.

¿Qué hicieron?

Propusimos un plan de mejoramiento que surgió de un proceso de autoevaluación y contenía 377 acciones concretas para salvar la Fundación. En estos cuatro años los resultados son satisfactorios: superamos el 100 % de los hallazgos académicos, el 100 % de los hallazgos administrativos, el 100 % de los hallazgos de buen gobierno y el 44 % de los hallazgos financieros. Hoy en día nos están haciendo seguimiento de ocho hallazgos.

¿Cuáles fueron las principales transformaciones del plan de mejoramiento?

La Fundación tenía un solo cuerpo colegiado para tomar decisiones, ahora tiene cuatro: consejo superior, consejo académico, consejo administrativo y consejo de facultad. Antes el pleno tenía seis personas elegidas a dedo por los directivos, todos eran de la familia Alvear, ahora son nueve: un estudiante y un profesor elegidos democráticamente, un decano y un egresado, una abogada, un profesor y un exrector de otra universidad, un banquero y un empleado público. La rectora no tiene voto, pero tiene voz. Solo se puede pertenecer a este pleno por cuatro años, una vez cumplido ese tiempo se tienen que ir. Después, hicimos un inventario de bienes, derechos y obligaciones. Contamos los activos y los pasivos de la San Martín y nos encontramos con muchas sorpresas desagradables. (Lea también: Así quebraron a la Universidad San Martín)

En los estados financieros de diciembre de 2014 que dejaron los Alvear decía que la universidad tenía un patrimonio positivo de $60.000 millones, pero no era cierto. En esos estados financieros se incluía, por ejemplo, un rublo de miles de millones de pesos en obras de arte, que no encontramos; 190 activos inmuebles que creemos fueron comprados con el dinero de las matrículas de la San Martin, pero solo había 49 a nombre de la universidad. Y lo más grave, esos estados financieros no reconocían el pasivo laboral de la Fundación. La realidad era que teníamos un patrimonio negativo de $600.000 millones aproximadamente.

Han pasado cuatro años y ahora el pasivo es $250.000 millones. Todavía estamos en una situación financiera muy crítica. Lo otro que hicimos fue elevar las condiciones de calidad para poder volver a pedir registros calificados y lo estamos logrando. Ahora tenemos diez registros nuevos: cinco facultades de Medicina, dos facultades de Odontología, dos programas a distancia y la carrera de Publicidad y Mercadeo. La gente ya se puede matricular en estos programas. En estos tres años hemos graduado a 10.200 estudiantes. Ahora tenemos 3.800 estudiantes.

La idea es empezar a crecer, pero hay una limitación muy fuerte, que es el daño de marca que se originó con el escándalo. La sociedad colombiana le tiene miedo a la San Martín y no ha podido entender que esta ya está comandada por su comunidad académica. Eso es una gran garantía.

¿Cuál es la filosofía de la San Martín?

Somos activistas de la educación superior, nos hicimos conscientes de la legitimidad que da pertenecer a una comunidad académica. No somos un banco, trabajamos con el talento humano del país y somos una opción de educación viable para personas de estrato 2, 3 y 4, sobre todo en muchas regiones donde no hay oferta de educación superior. Estamos trabajando por la sociedad colombiana. Hay 44.000 egresados bien posicionados y satisfechos de la San Martín.

Estamos convencidos de que la educación superior es el vehículo de movilidad social y económica y de desarrollo del talento humano más importante que tiene el país para su progreso. Por eso, no estamos dispuestos a que en un sistema con una cobertura tan bajita, una institución tan importante como la San Martín, que ha demostrado que es capaz de hacer bien las cosas, desaparezca. Queremos ser un ejemplo para Colombia, un ejemplo de que cuando la administración es transparente, cuando el gobierno institucional permite que la comunidad académica participe, cuando hay procesos de autorregulación, la plata de la educación no se pierde.

¿Cuáles son los objetivos de la San Martín a corto y mediano plazo?

El desafío grande que tenemos ahora es seguir recuperando los registros calificados y ganarnos la confianza de la sociedad colombiana para recuperar la población estudiantil. Todo lo que queremos hacer en materia de investigación, extensión y docencia no se puede hacer si no hay estudiantes; por eso hacemos este ejercicio de rendición de cuentas, y eso levanta ampollas. Cuando uno dice que la comunidad académica se autogobierna, se autodetermina, se autocontrola, no le gusta a nadie.