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Para entender el problema que presentará esta nota, Carolina Piñeros, directora de Red Papaz, propone pensar en el siguiente escenario. Hay una mujer cabeza de familia, auxiliar de enfermería y madre de un niño de un año y una niña de tres. Desde que empezó la pandemia, hace 12 meses, no ha parado de ir al hospital por ser profesional de primera línea. Pero también, desde hace un año, le cerraron el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del ICBF donde le cuidaban, estimulaban y ayudaban a educar a sus hijos.
Con los abuelos, quienes suelen ser los segundos cuidadores por naturaleza, tampoco puede dejarlos, pues son parte de la población con mayor probabilidad de contagiarse de COVID-19 y prefiere no asumir este riesgo. Es así como esta mujer lleva un año haciendo volteretas para ocuparse de todo, lo que implica a veces dejar de hacer ciertos turnos o, incluso, renunciar a su trabajo. (Le recomendamos: Entrevista con Wendy Kopp, co fundadora de Teach For All)
Un caso muy similar es el que están viviendo los padres, madres y cuidadores de alrededor de 2,2 millones de niños y niñas que forman parte de la primera infancia en el país (entre los 0 y 6 años). Tras el cierre de los CDI, así como de los Hogares Comunitarios Integrales, ambos liderados por el ICBF, sienten que la primera infancia, donde se tienen que dar los estímulos claves para el desarrollo de una persona, quedaron desprotegidos.
Con la pandemia del coronavirus ha quedado claro que, a escala mundial, así como en Colombia, se ha generado una crisis educativa. Pero para Isabel Segovia, exviceministra de Educación y quien está liderando la campaña #LaEducaciónPresencialEsVital, hay “una tragedia silenciosa de la que nadie habla”: la de los niños y niñas más pequeños y más vulnerables. No se trata de un problema menor, ya que en estos centros del ICBF no solo se cuidaba de ellos, sino que, en muchos casos, era en donde recibían el único plato nutritivo del día.
“Son varios puntos críticos, porque a esas edades se da el desarrollo motor, las conexiones neurosensoriales, se crea la disposición para el aprendizaje en primaria y hay un tema de nutrición”, comenta. Además, estos centros muchas veces se convierten en el primer lugar donde se puede identificar si los niños y niñas están siendo agredidos emocional o físicamente en sus casas.
Desde que el ICBF ordenó la suspensión de atención presencial a la primera infancia, el día 16 de marzo de 2020 como consecuencia de la pandemia, el Instituto lideró varios programas buscando compensar estos cierres. Sin embargo, para varios expertos, así como madres y padres de familia, estas han sido medidas apenas paliativas.
Uno de estos es “Mis Manos te Enseñan”, un programa que busca que los cuidadores de niños y niñas tengan acceso a consejos, orientaciones y recomendaciones de cómo criar a sus hijos y mantener una convivencia sana en el hogar. También pusieron en línea unas guías, dependiendo del grupo de edad, en las que se les sugiere a los cuidadores qué leerles, cuáles manualidades ponerles a hacer o qué ejercicios estimularán su motricidad.
El problema, según cuenta Piñeros, de Red Papaz, quien ha tomado la vocería del tema, ya que madres y padres en todo el país prefieren no hablar por el miedo de perder el cupo en estos centros, es que el programa quedó reducido a una llamada telefónica. “Incluso hay veces en que los cuidadores no pueden contestar porque están barriendo, cocinando o trabajando. También hay casos de hogares en donde hay un solo celular y uno de los hijos de la casa lo está usando para hacer clases virtuales, entonces los más pequeños se quedan sin esa atención. Aquí parece que no se ha entendido que el cuidado de primera infancia es esencial”.
Para atenuar que los menores dejaron de recibir una buena nutrición con el cierre de los centros, lo que el ICBF está haciendo es mandar un mercado de unos $80.000 al hogar del niño o niña. Aunque la intención es buena, la preocupación que tiene Red Papaz es que muchas veces este mercado no solo lo consume el niño o niña, sino toda la familia. Además, muchos centros han perdido el contacto con las familias que, con la pandemia, decidieron mudarse a otras zonas y ya no tienen cómo contactarlos. “No sabemos cuántos niños y niñas perdió el sistema. Por ejemplo, que por la emergencia sus padres se los llevaron al campo, a trabajar, y una vez pasa esto es muy difícil recuperarlos para el sistema educativo”, comenta Piñeros.
A pesar de que El Espectador se comunicó desde el miércoles 10 de marzo con el equipo de prensa del ICBF para conocer cuántos centros han abierto, cuáles son los lineamientos para hacerlo y cómo han avanzado los programas dirigidos a primera infancia que compensan el cierre de estos centros, hasta el momento no ha recibido respuesta. En diciembre de 2020, el Instituto anunció que, entre noviembre y diciembre, inició los Planes Pilotos Presencial Excepcional en 11 unidades de servicio para probar si era adecuado volver a la presencialidad. Según el mismo ICBF, estos pilotos comprobaron que volver a los centros de forma presencial mejoraría el aprendizaje de los niños y niñas en un 67 %, comparado con la modalidad actual.
Sin embargo, tanto Red Papaz como Isabel Segovia no han encontrado ninguna evidencia de que el ICBF esté trabajando por retomar los servicios dirigidos a la primera infancia de forma presencial.
Una tutela para que el ICBF actúe
La semana pasada, en nombre de quienes se sienten afectados por los cierres de los centros y con la idea de proteger la primera infancia, Red Papaz interpuso una tutela en la que, entre otras, exigen que el ICBF abra y retome estos servicios de forma presencial. Se le solicita “a la nación, en cabeza del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República) y al ICBF adelantar todas las acciones necesarias para iniciar dentro del menor término posible, y en ningún caso superior a treinta (30) días, la prestación de los servicios de atención integral a la primera infancia en la modalidad presencial de forma universal y simultánea”, señala el documento. (Le sugerimos: Red Papaz busca el regreso inmediato a clases presenciales en colegios con tutela)
Es que, como lo dijo la misma directora del ICBF, Lina Arbeláez, durante la mesa de expertos convocada por la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, “si bien la atención remota es efectiva, son claras las ventajas de la atención presencial en el desarrollo psicosocial, cognitivo y motriz de los niños y niñas de 0 a 5 años, como lo plantea la evidencia científica”. Aunque las pruebas sobre los efectos que tuvieron estos cierres en los más pequeños aún es muy escasa, pues solo ha pasado un año para recolectar datos, varios apuntan a que las consecuencias son catastróficas.
En junio de 2020, cuando los niños y niñas llevaban apenas cuatro meses encerrados en sus casas, el Instituto Colombiano de Neurociencias realizó una encuesta a padres y madres de 1.044 menores para conocer cómo el aislamiento estaba afectando su comportamiento y aprendizaje. Aunque la encuesta incluyó a niños y niñas entre los 0 y 13 años, permite discriminar la información por grupos. Por ejemplo, los resultados arrojan que en el caso de los 0 a 3 años, lo que más se reportó fueron aumento de pesadillas, con un porcentaje cercano al 70 %, seguido a que moja la cama y se frustra con frecuencia. Para el grupo de 4 a 7 años, en cambio, el comportamiento más recurrente fue que contesta grosero, con 42 %, por encima de que el menor se frustra con frecuencia y le cuesta trabajo concentrarse. En todos los grupos de edad encuestados, los investigadores concluyen que mientras el 42 % de los menores presentan signos de deterioro de habilidades académicas, la cifra sube a 88 % cuando se trata de señales relacionadas con salud mental y comportamiento.
A escala internacional, otros estudios también han dado luces sobre la frágil situación. En septiembre de 2020, la revista International Journal of Environmental Research and Public Health, publicó un artículo que alertaba sobre la pérdida en la capacidad de lectura que tendrán los más pequeños. Tras analizar una base de datos que contenía la información de 18.170 niños y niñas que solían ir al jardín, y modelar esta información, el equipo determinó que la tasa de aumento de la capacidad de lectura de menores durante el cierre de jardines disminuirá alrededor del 66 %, comparado con la capacidad que tendrían si no hubiesen cerrado.
Buscando complejizar lo que podría suceder con la nutrición de los niños y niñas más pequeños con el cierre de jardines, Joseph Workman, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Misuri, Estados Unidos, escribió un editorial en la revista de la Sociedad de Obesidad del mismo país, haciendo una alerta sobre futuros problemas de obesidad. A partir de datos que ha recolectado cuando los niños y niñas están en vacaciones, y por eso no van al jardín, cree que el cierre de estos centros como consecuencia de la pandemia implicará que la obesidad infantil podría incrementar 4,25 %.
Este tema, comenta Piñeros, es uno de los más preocupantes. En la tutela explican que “durante 2020 no se llevó el registro de peso y talla, ni se revisaron las tablas de vacunación de las niñas y niños que son usuarios de servicios para la primera infancia. De acuerdo con algunos testimonios recibidos, algunos niños y niñas pueden hallarse en estado de desnutrición y no han obtenido la asistencia adecuada”. De nuevo, aunque el ICBF no le respondió a El Espectador cómo están abordando el tema, el Ministerio de Salud sí señaló que para 2020 los indicadores de las vacunas pentavalente y contra la tuberculosis en la población menor de un año, la disminución de vacunación solo fue de 0,9 y 5,6 puntos respecto a lo alcanzado en 2019.
Explicó, también, que la vacunación en centros del ICBF es solo una de las estrategias que tiene el Programa Ampliado de Inmunizaciones. Ante el cierre de estos centros, lo que hicieron fue fortalecer el agendamiento de la población para recibir sus vacunas. (Le puede interesar: “Hay poca evidencia de que en los colegios se propague COVID19”: CDC)
Lo que piden los padres y madres, a través de la tutela de Red Papaz, al final es algo clave: que los servicios de atención a la primera infancia se consideren como servicios públicos esenciales del Estado. En otras palabras, que, así como los hospitales y la venta de alimento no pararon por considerarse vitales, tampoco paren los servicios dirigidos a primera infancia. “Hay sectores en los que se asumen más riesgos, como los médicos y el comercio, que han vuelto a abrir. Pero el ICBF ni siquiera ha presentado protocolos para reabrir los centros, como sí lo hizo el Ministerio de Educación para colegios”, comenta Andrés Vélez, abogado de Edulegal.
Se trata una decisión que no tendría que ser lenta, pues dentro de pocos años se revelará cuál fue el verdadero costo de que los niños y niñas de 0 a 6 años no recibieran nutrición, estimulación y educación, por lo que será más de un año.