Cerca de 120 personas podrían ser despedidas
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Las claves de la crisis en la Universidad Incca

Mientras los trabajadores afirman atrasos en pagos, estudiantes iniciaron plantones para que el Ministerio de Educación intervenga la institución. Directivas aceptan crisis financiera y dicen que trabajan para solucionarla.

Los estudiantes han realizado varios plantones frente a la Universidad Incca y el Ministerio de Educación. Wikimedia Commons

La Universidad Incca, una fundación privada que fue fundada en 1970, está sumida en una crisis. Los estudiantes llevan en paro desde el 8 de febrero, mientras que los docentes aseguran que no reciben cumplidamente su pago. Una problemática que ha ido creciendo poco a poco y se hace evidente con el hecho de que, durante los últimos cinco años, los estudiantes se han ido desvaneciendo. Mientras en el 2015 la Incca tenía 5.000 alumnos, hoy la cifra apenas alcanza los 1.500 entre la jornada diurna y nocturna. Cuando antes el número de estudiantes nuevos por semestre era de 700, ahora es de apenas cien. (Lea: ¿Siguen los problemas en la Universidad Incca?)

Este escenario ha llevado a que durante los últimos meses estudiantes, trabajadores y docentes hayan convocado varios plantones tanto en las instalaciones de la universidad como ante el Ministerio de Educación, pidiéndole una intervención urgente para que “no deje morir a la Incca”. Una serie de actividades y peticiones que no son sino una pequeña parte de una crisis que se ha venido acumulando desde los últimos años y revela los pulsos internos que se disputan dentro de esta institución.

Docentes sin sueldo

Lo primero, y en lo que parecen estar de acuerdo todas las partes, es que la Incca está sumergida en un aprieto financiero que se traduce en el incumplimiento de pagos a los docentes y al personal administrativo. En palabras de María Teresa Garzón, vocera del sindicato de trabajadores Sintraunincca, mientras a algunos no se les pagan prestaciones ni salarios desde septiembre del 2018, la deuda para otros está pendiente desde febrero de 2018. “Creería que, en este momento, un 90 % de los trabajadores de la universidad está sin seguridad social”.

Por su parte, la rectora de la Incca, María Carolina Villamizar, explica que la universidad viene trabajando en cumplir con estos pagos de forma escalonada, dándoles prioridad a los docentes, en la medida que van recuperando recursos. Y acepta que la crisis financiera sí existe.

¿Pero que pasó en la universidad para que llegara a este punto? La respuesta, claro, depende de a quién se le pregunte. Para los miembros del sindicato, la crisis de la Incca empezó en el 2014, cuando María Solita Quijano Samper, presidenta e hija del fundador, y María Carolina Villamizar, actual rectora, fueron nombradas de manera irregular y cambiaron el estatuto de la universidad, así como varias formas en las que operaba. Sin embargo, Villamizar explica que la iliquidez de la universidad viene desde el 2008 y que, cuando ambas la recibieron, los problemas financieros ya existían.

Vale recordar que en el 2015 el Ministerio de Educación le impuso a la Incca medidas preventivas porque no tenía capacidad para sanear sus deudas a corto plazo, había matriculado estudiantes que no cumplían los requisitos internos y algunos directivos habían llegado a los cargos de manera irregular, incluyendo el de presidenta y rectora. Pero en mayo de 2017 las medidas fueron levantadas, ya que la universidad había cumplido “en un 81 % con el Plan de Mejoramiento prometido”. (Puede leer: Estas son las 30 universidades investigadas por el Ministerio de Educación)

A los ojos de la rectora, este escenario no contribuyó para aliviar la crisis, pues los bancos les empezaron a negar crédito por “riesgo reputacional” y la situación financiera se acentuó, desencadenando lo que sucede hoy. Es más, desde el 2017 la Universidad le pidió al Ministerio de Trabajo autorizar el despido de 123 trabajadores, con contrato a término indefinido, para minimizar los gastos y buscar una medida de alivio. Solicitud a la que la cartera respondió diciendo que, tras un estudio técnico, recomendaban despedir, en cambio, a 103 trabajadores con contrato fijo y no a los 123 que quería la universidad. Sugerencia que apeló la dirección de la universidad.

“Nosotros apelamos este concepto técnico porque es nuestro derecho. Nuestra inflexibilidad es con estos contratos, porque con los 103 que proponen no tendríamos por qué solicitar permiso”, comenta Villamizar.

Este fue el primer plantón que realizaron los estudiantes al frente a las instlaciones de la universidad. / Cortesía

Este punto se ha convertido en uno de los más álgidos en el pulso que existe entre Sintraunincca y las directivas, pues a partir de esta solicitud el Mintrabajo convocó a ambas partes a unas mesas para conciliar nuevas salidas a la crisis financiera yminimizar al máximo los despidos: escenario al cual las directivas terminaron renunciando.

“En la segunda reunión las directivas no llevaron la información solicitada por el Ministerio sobre el verdadero estado financiero de la Incca y a la tercera reunión ni aparecieron y solo le dijeron al Ministerio que no iban a continuar”, explica Garzón, vocera del sindicato.

Pero en palabras de Villamizar, la rectora, las directivas nunca supieron “para qué era esa mesa de concertación” y decidieron levantarse porque no estaban de acuerdo con la forma como se estaba desarrollando. Primero, explica, la última reunión se citó en la sede de una central obrera y, segundo, la otra parte era solo el sindicato, que son solo 52 del total de trabajadores que tiene la Incca. “Si íbamos a conciliar, ¿dónde estaba la representación del resto de docentes?”.

Hasta el cierre de esta edición el Ministerio de Trabajo no le ha enviado a El Espectador respuesta sobre qué pasó con estas solicitudes de despido. Sin embargo, se conoció que la cartera ha sancionado tres veces a la Incca por diferentes incumplimientos. La última de estas fue emitida el 22 de noviembre de 2018 por casi $63 millones. (Lea también: ¿La universidad donde estudias está investigada o fue sancionada? Consulta aquí)

Estudiantes en paro

A raíz de esta situación, los estudiantes decidieron hacer un plantón la segunda semana de febrero. Su principal queja era que al finalizar enero aún no había comenzado el calendario académico debido a los problemas con los profesores, quienes aclararon que no iban a iniciar las clases hasta que se concretaran los pagos. “Tenemos problemas graves administrativos, económicos y académicos. Los profesores se ven obligados a no dar clases y, a veces, a retener las notas. A los estudiantes que están próximos a graduarse les están metiendo más materias para retenerlos. Y en la sede de Derecho, en Fusagasugá, muchos de los estudiantes no habían tenido clase en lo que llevan de semestre”, comenta Daniel Luna, estudiante de Psicología.

El panorama no mejoró en los siguientes días. El viernes 15 de febrero los estudiantes acompañados de los docentes de la universidad y del colegio Jaime Quijano Caballero, que es de los mismo dueños y también se ha visto afectado con el incumplimiento de pagos , trasladaron el plantón hasta las instalaciones del Ministerio de Educación. Con ataúdes y lápidas con el nombre de la institución plasmado, radicaron un derecho de petición en el que le pedían la intervención. “El Ministerio debió haberla hecho desde hace unos semestres, en los que hemos venido haciendo los plantones para varios programas. Derecho, Biología, Ingeniería de Alimentos y Pedagogía son programas que ya prácticamente están muertos o colapsando”, añade Luna.

Sin embargo, las directivas desmienten esta supuesta negligencia del Ministerio. La rectora Villamizar explica que delegados de esta cartera visitan las instalaciones del plantel tres veces por semestre, luego de la implementación de las medidas especiales. “La última vez la visita de los funcionarios no fue bien tomada por los alumnos, que, incluso, empujaron por ambos lados el vehículo en el que se movilizaban". 

Pero para los estudiantes la crisis no es solo financiera. “Ni siquiera en los baños tenemos a veces jabón ni papel higiénico. Lo pusieron, en algunos baños, porque teníamos visita de funcionarios del Ministerio de Educación. Además, las instalaciones están caídas, les hicieron unas pequeñas intervenciones a unas salas de música, porque perdimos la sede de la Incca y debíamos acogerlos en la principal”, dice el estudiante.

A su súplica pidiendo que no entierren la Universidad Incca se suma la de trabajadores que llevan en la institución más de dos décadas, quienes creen que en estos cinco años todo ha cambiado de bien para mal.

Pero Villamizar asegura que desde que inició el semestre ningún docente ha dejado de dar clase y son los estudiantes los que no han querido asistir. "En cuanto al estado de cobertura de nuestra planta docente en este momento contamos con una cobertura del 87% de la misma y una rotación del 7%; se trabaja en lograr el cubrimiento de las vacantes en el menor tiempo posible", señaló la Incca tras pedirle una solicitud de cuántos docentes y trabajadores habían dejado de asistir. La rectora, en cambio comentó :“es muy triste ver salones completamente vacíos con un profesor dispuesto a dar clase”.

Por su parte, el Ministerio de Educación explicó a El Espectador “que no se puede pronunciar sobre los procesos de inspección y vigilancia que adelanta. Pero pueden estar seguros de que estamos trabajando muy duro para asegurarles la educación a todos los jóvenes del país”. (Le puede interesar: "Intervenimos la Universidad Incca para que no llegue al punto de La San Martín": Mineducación)

¿Por qué echaron al representante de docentes?

Otra de las disputas que avivó la crisis en la Incca es el despido de Édgar Franco, profesor de Derecho Laboral que, el 18 de diciembre del año pasado, se posesionó como delegado de los docentes en el Consejo Superior Universitario, uno de los dos organismos de gobierno más importante de la universidad. Según el docente, solo las directivas conocen el estado financiero real de la institución, por lo que, una vez asumió el cargo, se negó a firmar el presupuesto de este año y redactó un derecho de petición pidiendo información sobre el sueldo de las directivas, las hipotecas que enfrenta el plantel educativo, el estado del pago de las prestaciones de los trabajadores y las demandas que tienen vigentes.

“Respondieron el derecho de petición con un documento de 65 páginas, de las cuales 64 era un informe de gestión y, en la hoja faltante, argumentaban que no podían brindar ese tipo de información”, cuenta Franco. Como respuesta, el docente comenzó a socializar los documentosy el estado financiero de la institución con los estudiantes. Las diferencias entre el docente y las directivas comenzaron a ser constantes, hasta que, por medio de un correo electrónico Franco se enteró de que ya no hacía parte de la universidad y que su contrato no había sido renovado. “Me pusieron un disciplinario, porque supuestamente no podía socializar ningún estamento con los estudiantes sin el permiso de las directivas. La sanción fue sacarme de la institución y negarme el ingreso. Por medio de los celadores y del director administrativo, me informaron que ya no podía entrar”, añade Franco. Un hecho que desató la furia de los estudiantes. Por medio de un derecho de petición, elaborado por estudiantes de Derecho, exigieron el reintegro de Franco, pues alegaban que había sido despedido sin justa causa.

Pero según Villamizar, la salida de Franco se debió a que él, en calidad de vocero de los docentes, se había tomado el atrevimiento de ingresar a las instalaciones de la rectoría a tildarlas a ella y a María Solita de ladronas. Unas acusaciones que fueron suficientes para apartarlo del cargo. “Él no tiene cómo probar eso. Por lo que me vi obligada a ponerle una demanda por injuria y afectación al buen nombre”, comenta Villamizar.

Un largo pulso entre el sindicato y las directivas

Desde que en el 2014 la Incca cambió de directivas y tanto Quijano como Villamizar entraron a la presidencia y la rectoría respectivamente, el sindicato de la universidad no ha visto con buenos ojos los cambios que han instaurado. Además de pedir al Ministerio de Educación examinar la forma como fueron elegidas, razón por la que la cartera abrió una investigación en el 2016 contra las directivas que las nombraron, el sindicato teme por la forma en que vienen ejerciendo su función en el poder desde que llegaron.

Durante el 2017 y el 2018, comenta Garzón, vocera de Sintraunincca, varios de los miembros que pusieron para conformar el Claustro de Gobierno y el Consejo Superior Universitario —los dos máximos órganos de la Incca— tienen alguna relación familiar con ellas. (Lea: “Necesitamos que muchas mujeres sean profesoras de matemáticas”)

“Jaime Quijano Samper, hermano de la presidenta, y Marcela Giraldo Samper, prima, fueron miembros del Claustro en el 2017, sin tener tiempo ni experiencia en la universidad. Mientras en el Consejo estaban Marcela Isabel Ángel Samper, prima de la presidenta, y María Margarita Villamizar Bonilla, hermana de la rectora”, cuenta Garzón. Una situación que, explica, los deja en desventaja, pues las decisiones de la universidad las están tomando unos pocos.

Ante este miedo por parte del sindicato, Villamizar explica que, al ser “una fundación privada tenemos la autonomía para decidir quién está en los órganos y quién no. No se infringe ninguna ley ni norma del Ministerio de Educación”, comenta. “Una cosa es lo delincuencial y otra el juicio moral, y lo que creo que está pasando es que acá hay una inconformidad es porque antes el sindicato hacía parte del organismo de gobierno y ya no”, concluye.

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2019-04-01T16:12:37-05:00

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2019-04-09T10:33:49-05:00

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María Mónica Monsalve / Paula Casas Mogollón

Educación

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