Las universidades públicas, en la olla

Archivo El Espectador

Hoy es un día histórico para la educación superior en Colombia. Se espera que, en horas de la mañana, miles de estudiantes, profesores, administrativos y hasta padres de familia de las 32 universidades públicas del país, más los estudiantes del SENA, más los de 28 universidades privadas, salgan a marchar en las principales ciudades del país, para exigirle al gobierno de Iván Duque que rescate a la educación pública de una crisis financiera que suma 18,2 billones de pesos, que el Estado colombiano adeuda a las instituciones de educación superior. (Lea acá: Réquiem por las universidades públicas)

Se ha dicho que las universidades necesitan 500.000 millones de pesos para cerrar 2018; 3,2 billones para gastos operacionales y 15 billones para saldar la “deuda histórica” en materia de infraestructura y calidad educativa.

Que el momento para hacer presión en las calles sea hoy no es casual. El 20 de octubre se aprueba en el Congreso el Presupuesto General de la Nación para el 2019. Aunque el presupuesto para el sector educación es uno de los más gordos, (con 33,6 billones, solo superado por defensa), solo el 10 % se va al financiamiento de la universidad pública.  (Lea acá: Las 10 exigencias de los estudiantes de educación superior radicadas ante el gobierno)

Ya se han hecho varias marchas a lo largo del año, pero esta promete ser la más multitudinaria.

La nuez del asunto es que los bolsillos de las universidades públicas están rotos, gracias a decretos y leyes que querían resolver problemas del pasado, y que funcionaron en un principio, pero que ante el crecimiento de las universidades en cupos estudiantiles, programas de alta calidad y tecnología, se quedaron cortos.

¿Qué está pasando con la plata de la educación superior pública?

Para Álvaro Viña, gerente financiero y administrativo de la Universidad Nacional, es importante que en este debate no se “mezclen peras con manzanas”, pues una cosa es el déficit coyuntural que están atravesando algunas públicas para poder cerrar financieramente el 2018 y otra el desfinanciamiento sistemático que existe para la educación colombiana. Por ejemplo, este año, la Nacional tiene un déficit presupuestal de 68.000.millones de pesos que, según sus estimaciones, se necesitan para pagar nóminas y primas de fin de año, así como cesantías para inicios del 2019. Pero esto, explica, “es algo coyuntural que la Nacional debe resolver”.

El otro problema, el grande y el de fondo, es el desfinanciamiento estructural de la educación superior. Desde su punto de vista, a pesar de que la Ley 30 de 1992 resolvió varios problemas del momento, no tuvo en cuenta inversiones en tecnología, como el mismo wifi, en el que tendrían que incurrir las universidades a futuro, por lo que su forma para asignar presupuestos se queda corta para la situación actual.

Una de las propuestas de las 32 universidades públicas (y del SENA, que se unió a las protestas) es que se modifiquen específicamente los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que son los que definen cómo se reparte la plata de las universidades del país. Como está ahora, dice que los presupuestos de las universidades estatales vienen de aportes del Presupuesto General de la Nación, entes territoriales y de recursos propios. Ese presupuesto crecería al menos un punto por encima del IPC (Índice de Precios al Consumidor).

“La Ley 30 dice que el gobierno colombiano debe incrementar el presupuesto al menos a lo equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero no es lo mismo lo que aumenta el precio de un tomate a un sistema de cómputo”, explica Viña. “Aunque las universidades estamos en deuda de conocer cuál es la “canasta de educación” hay estimaciones de que el incremento mínimo, mínimo, debe ser el IPC más cuatro puntos, pero seguimos recibiendo solo lo del IPC”.

De alguna manera es como si el presupuesto que va a las universidades públicas se hubiera quedado congelado en 1993, a pesar de que estas siguen creciendo en número de estudiantes, pregrados, maestrías y grupos de investigación (ver infografía). Lo que claramente requiere de una mayor inversión. A la Universidad Nacional, por dar un ejemplo, un estudiante de pregrado le cuesta al año 9’900.000 pesos y la matrícula promedio es de 1’400.000 pesos al año. Pero mientras que en 1993 el aporte que daba la nación por estudiante era de 10’825.000 pesos, en el 2018 solo llega a 4’785.000 pesos.

Según lo que proponen, la Ley 30 cambiaría para que el sistema de distribución de recursos para la educación superior pase de rentas y gastos de cada institución, a una especie de “pago por resultado”.

Profesores que resultaron muy caros

Otra de las razones por las que el gobierno nacional no ha podido resolver el hueco fiscal en las universidades públicas es su propia política. En el 2002, se expidió el Decreto 1279, en el que se estableció el régimen salarial de los docentes de universidades públicas. Ahí se dice que el salario de los profesores aumentará proporcionalmente a sus títulos y a sus publicaciones académicas.

En entrevista con El Espectador, en el 2016, el ahora exrector de la Universidad de Antioquia, Mauricio Alviar, explicó que si un docente de institución pública obtiene su doctorado gana 120 puntos en la tabla salarial. Si cada punto “vale” 12.000 pesos, el docente ganaría 1’440.000 pesos más. De ahí solo puede aumentar, hasta que se jubile.

Dieciséis años después, las universidades públicas están ahorcadas, porque el número de doctores graduados en Colombia aumentó 8 veces en los últimos 10 años, según el Ministerio de Educación. Según cálculos del Sistema Universitario Estatal de Colombia (SEU), doctorar al 30 % de los 12.750 docentes de planta vinculados a las universidades públicas costaría unos 2,8 billones de pesos, y eventualmente habría que invertir más en ellos, porque una vez completados los doctorados, los salarios aumentarían considerablemente (así como los estándares de calidad de la universidad)

Ser Pilo Paga: los recursos públicos que terminaron en universidades privadas

Ese aumento de gastos generó una bola de nieve que se quiso resolver en el 2012, y que de nuevo, falló por falta de previsión de lo que se vendría para la educación pública.

Mediante la Ley 1607 de 2012, (un año después de las multitudinarias marchas estudiantiles por la Ley 30) se creó el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE). Se determinó que el 9 % se iría para financiar la infraestructura, bienestar universitario y formación doctoral en las instituciones públicas de educación superior. Pero el impuesto también dictaba que parte de ese dinero iría a financiar becas. Lo que pasó es que de los $693.200 millones que esperaban las universidades públicas, llegaron solo $360.000. El resto se fue a financiar becas del Icetex y Ser Pilo Paga. Según cifras del Icetex, el 87,42 % de los créditos que entrega la institución van dirigidos a estudiantes que entran a universidades privadas y el 12,58 % para las públicas.

Para Jairo Miguel Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal de Colombia (SUE), las universidades públicas no se están resistiendo a la filosofía del programa Ser Pilo Paga o a las universidades privadas, sino al hecho que los recursos públicos, que tanto necesitan, caigan en manos de las universidades privadas.

“El gobierno de Duque dice que al programa le faltan 2 billones de pesos, pero con ese monto más todo lo que se ha invertido en Ser Pilo Paga se habrían podido vincular 300 mil estudiantes en universidades públicas. Lo que pasó, sin embargo, es que el 80 % de estos recursos terminaron en cinco o seis universidades privadas”, comenta.

Igualmente, Ramón Javier Mesa, vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia, afirmó que “el problema no es Ser Pilo, que tiene sus bondades en inclusión y no se puede desconocer. Pero ese programa no se puede financiar con los recursos de las universidades públicas, es incoherente. En total, sumando los últimos tres años, fueron 3 billones de pesos que dejaron de llegarnos a las universidades públicas”.

La pública ni se acaba ni se privatiza

Aunque complejas, las soluciones pueden ser muchas. De acuerdo con Mesa, “urge la atención a problemas presupuestales de las universidades. Que nos lleguen los recursos que aún nos adeudan. Segundo, hay que mirar la realidad presupuestal de las universidades para reformar la Ley 30, especialmente el tema de financiamiento y la importancia de una nueva política estatal de la universidad pública, y tercero, no podemos seguir desviando la atención del problema estructural, porque el país necesita una política pública de Estado”. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, dijo ayer, en una rueda de prensa, que respeta las manifestaciones pacíficas. Además, señaló que ante las dudas sobre la continuidad de Ser Pilo Paga, que en octubre presentarán una modificación al programa. (Lea: Los cambios al presupuesto de las universidades públicas que propone la oposición)