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Para nadie es un secreto que en el mundo académico son varias las faltas que suelen presentarse. Se sabe de alumnos que buscan copiar en exámenes y de citas textuales que aparecen como propias en los trabajos, y en las universidades es recurrente encontrar anuncios donde se puede leer el mensaje “Le ayudamos a resolver su tesis”, seguido de algún valor en pesos. Pero si esto es lo que hacen los alumnos, qué tanto sabemos de las faltas académicas que cometen los profesores en las universidades.
Bajo la premisa de que los educadores son quienes deben dar el ejemplo, el libro Academia y ciudadanía, publicado recientemente por Dejusticia, analiza este eslabón que parecía faltar en el panorama: el grado, la frecuencia y las razones por las que los docentes universitarios pueden llegar a incumplir las normas académicas y ciudadanas.
Después de recoger los resultados de una encuesta realizada a 605 profesores universitarios de nueve instituciones superiores de Medellín y municipios aledaños, las conclusiones a las que llega el estudio dan varias pistas tanto sobre el ambiente académico como sobre lo que significa para los colombianos seguir las normas. En ella no sólo se preguntó acerca de la ocurrencia de ciertas faltas a la integridad académica, sino que también se indagó sobre reglas de conducta ciudadana.
Lo que encontraron, según explicó Mauricio García Villegas, de Dejusticia y coautor del estudio, no fue muy distinto a las hipótesis iniciales. En un primer grupo, las faltas más comunes que los docentes aceptaron realizar son las que precisamente se consideran menos graves, como el descuido en la manera de vestir (18 %) o evadir impuestos comprando en el mercado negro (15 %). En un segundo grupo de lo que los docentes aceptaron realizar, entre un 1,5 y 5,4 %, hay incumplimientos como incluir en una publicación a personas que no participaron en su elaboración, reseñar textos de manera sesgada y sobornar a un policía.
Por el contrario, las faltas consideradas más graves por los docentes fueron las que admitieron realizar menos. En este último grupo se encuentran faltas como desviar recursos de investigación para beneficio personal, dar clases bajo el efecto del alcohol o pagar a alguien para que escriba un texto que luego es publicado bajo la propia autoría (ver gráfico).
Pero, más allá de lo que los docentes aceptaron hacer o no, el estudio llegó a otras conclusiones. En cuanto a la percepción que tienen de otros profesores, la investigación advierte que entre más lejano es el colega, como un profesor de otra universidad u otra ciudad, más creen los docentes que será propenso a ser deshonesto. Igualmente encontraron que, mientras no hay diferencia en qué tanto incumple un profesor dependiendo de si pertenece a una institución pública a una privada o de una institución técnica a una universidad, sí la hay en entre instituciones acreditadas o no acreditadas.
“Este es un hallazgo muy importante. No sólo porque muestra una correlación significativa entre calidad y honestidad, sino porque muestra la importancia que tiene para el país una política de mejoría de la calidad de la educación”, advierte el estudio.
No obstante, una de las cosas que más quedan sonando es la reafirmación del “carrusel de las publicaciones”. Aspectos como incluir en una publicación a alguien que no trabajó en ella tienen un promedio de 5,4 %, pero en algunas universidades llegó hasta 15 %. Si se tiene en cuenta que al preguntarles a los maestros cuál era la principal motivación para hacer fraude, respondieron que ascender en el escalafón, con 27 %, se podría creer que existe un afán por publicar que los lleva a realizar estas prácticas. El sistema para contratar profesores está plagado de incentivos, donde subir en el escalafón, aumentar las bonificaciones o no ser despedido están ligados a publicar más.
“Esta práctica, que origina convenios indebidos entre los docentes, corrompe el ambiente académico y debe ser objeto de una enfática condena en el mundo universitario”, concluye el estudio.
Lo cierto, en palabras de García, es que en el país se necesita establecer sanciones más estrictas para abordar incumplimientos como el plagio, pues en el “mundo académico aún hay mucha tolerancia”.
