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El lunes 6 agosto, en el último día del gobierno de Juan Manuel Santos, el Ministerio de Educación Nacional publicó un documento que será clave para atender y prevenir el acoso sexual y la violencia de género en las universidades del país.
Esta investigación, titulada Enfoque e identidades de género para los lineamientos en la política de educación superior inclusiva, fue realizada por la escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional y por el Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género (GIEG), y recogió la voz de grupos estudiantiles, investigadores independientes, servidores públicos y fundaciones dedicadas a garantizar la calidad y los derechos educativos. El resultado: un trabajo riguroso e interdisciplinario que pretende convertirse en la principal herramienta de los estudiantes, los profesores y los directivos para afrontar el reto de un sistema de educación superior para todos y todas.
Para lograr su objetivo, incluyó una serie de recomendaciones que orientan a las instituciones de educación superior (IES) en el desarrollo de políticas destinadas a favorecer el acceso, la permanencia y la graduación de todos sus estudiantes, sobre todo de aquellos que históricamente han sido excluidos del sistema educativo colombiano, como las mujeres y la población LGBTI.
La publicación de esta cartilla, esperada desde hace tiempo por las víctimas de acoso sexual y por los colectivos de género del país, fue posible gracias, entre otras cosas, a la presión que ejercieron los magistrados de la Corte Constitucional, quienes en dos ocasiones (en 2014 y julio de 2018) le solicitaron al ministerio la creación y publicación de un documento que estableciera los puntos básicos para una educación superior inclusiva, con perspectiva de género y diversidad sexual.
De hecho, en la sentencia del caso de la profesora Mónica Godoy, la Corte le reiteró al ministerio la urgencia de una cartilla que incluyera los deberes y las obligaciones de las universidades en relación con los casos de acoso laboral o de violencia sexual, y sirviera como referente para crear normas que regulen los casos de discriminación por sexo o género en contra de estudiantes y docentes en los centros de educación superior.
“El documento está muy completo. Tiene un enfoque interseccional y diferencial, hace recomendaciones concretas para personas LGBTI y para mujeres, para personas del contexto rural, que hacen parte de los programas como Ser Pilo Paga y demás. También habla de la masculinización de ciertas facultades y es enfático en decir que hay estereotipos en la academia y que esa violencia simbólica también afecta el desarrollo de las estudiantes y da pie para el acoso”, dijo Natalia Lozano, del colectivo Polifonía y estudiante de ciencia política y comunicación social de la Universidad Javeriana.
La investigación de 80 páginas está dividida en tres secciones que intentan abarcar la complejidad de la problemática. La primera presenta un panorama de la educación superior en Colombia y reconoce la necesidad de diseñar políticas de equidad de género. En la segunda parte, los investigadores explican las categorías de análisis y los conceptos que guían la elaboración de las estrategias de acción. En la tercera se dan recomendaciones para la incorporación de una perspectiva e identidades de género en la política de educación superior inclusiva, teniendo en cuenta tres principios de justicia: redistribución, reconocimiento y participación.
El documento, además, propone seis dimensiones distintas para llevar a la práctica los nuevos lineamientos: “Las tres primeras conciernen al acceso y la movilidad de estudiantes, docentes y personal administrativo: 1) acceso y segregación en el caso de la población estudiantil, 2) promoción, movilidad y graduación en el caso de la población estudiantil, 3) acceso, movilidad y promoción para las poblaciones docente y administrativa. Las tres últimas se refieren a procesos generales de las IES: 1) transformación cultural, 2) generación de conocimiento y 3) estructura normativa, administrativa y financiera”, se lee en el documento.
Las primeras sugerencias tienen como propósito “ampliar el ingreso de las mujeres a todos los niveles de la educación superior”. Para ello se proponen varias acciones en cada principio de justicia. En redistribución, por ejemplo, se sugiere “promover la implementación de políticas diferenciales (programas de admisión especial, cupos) para ampliar el acceso de poblaciones excluidas del sistema de educación superior, priorizando a mujeres y personas LGBTI en condiciones de mayor vulnerabilidad por pobreza, víctimas del conflicto armado, trans, indígenas, afros, campesinas, con discapacidad, mujeres con cargas de cuidado y mujeres mayores”.
En las acciones de reconocimiento se busca analizar, en coordinación con el Icfes, la evaluación de las pruebas Saber, para identificar posibles sesgos de género en su diseño. En participación, el documento sugiere estimular una información amplia y sin estereotipos de género y sexualidad a estudiantes de la básica y media sobre la oferta de carreras y profesiones en la educación superior.
De acuerdo con Natalia Lozano, una de las cosas que hacen falta para poder materializar estas recomendaciones es que el ministerio plantee y diseñe un mecanismo para hacerles seguimiento a los protocolos y así se pueda evaluar si las universidades los están teniendo en cuenta o no.